A medida que avanza la campaña de frente a un nuevo proceso electoral los anuncios por parte Elizabeth Gómez Alcorta a cargo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad se hicieron más habituales. Planes, programas, de asistencias, de acompañamiento, para las que enfrentan la violencia, para las que se quieren jubilar, para las que tienen alguna discapacidad, una mesa interministerial que analice las tareas de cuidado.
Un conjunto de políticas públicas que, sin embargo, al ponerlas bajo la lupa de los números reales dejan en evidencia sus límites materiales.
Sin el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni el bono de $15.000, que fueron entregados con el objetivo de ayudar a todas las familias que se encontraron en una situación económica vulnerable en plena pandemia, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad lanzó el Programa Acompañar, financiado por la Anses que dirige Fernanda Raverta.
Este programa es un subsidio equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil ($28.080) que pueden percibir las mujeres y las personas LGTBI+ que se encuentren atravesando situaciones de violencia machista.
El objetivo del Programa Acompañar es que aquellas personas que lo perciban logren independencia económica, una gran aspiración si observamos no solo el valor del subsidio sino también la finitud en el tiempo, solo se cobra durante seis meses.
Números versus realidad
Desde este medio realizamos un pedido de informe al MMGyD sobre los beneficiarios del plan a nivel nacional. Entre otras cosas preguntamos cuántas personas se encuentran registradas, si ya lo están percibiendo, además de conocer si tienen hijos a cargo y cuál es su situación de ingresos.
Recordemos que este programa es compatible con todas las asignaciones que otorga el Estado, y no es impedimento percibir dinero por alguna actividad, mientras que no sea un empleo registrado.
Así las cosas el informe reveló que hasta el mes de junio, en todo el país, se habían registrado y están percibiendo la asignación un total de 21.583 personas, de las cuales la mayoría (20.810) son mujeres y otro sector los integran travestis, trans y personas no binaries.
El 84,60% tiene hijas e hijos a cargo, siendo el rango etario del total inscripto entre los 18 y 40 años, es decir mujeres y personas LGTBI+ jóvenes. En este sentido es importante señalar que el 61,5% declararon que perciben alguna prestación o asignación estatal.
Si analizamos los registros suministrados en el informe en marzo solo estaban percibiendo el plan 791 personas. El detalle indica que en el mes de junio pudieron cobrar 15.718, casi veinte veces más que en marzo.
En tanto el 76,12% declaró que realiza alguna actividad por la que recibe dinero. Como mencionábamos al inicio este programa es incompatible si la persona tiene un trabajo registrado, de modo que estos números confirman que la gran mayoría de los inscriptos tienen trabajos precarios.
La última Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2020 ratifica esta información señalando que 3 de cada 10 jefas de hogar tienen un trabajo precario. Una crisis económica, agudizada por la pandemia, cuya consecuencia inmediata fue incrementar los índices de desocupación en las mujeres jóvenes del 23% en el 2019 al 26% en 2020.
Mientras el aislamiento impuesto por el gobierno nacional de Alberto Fernández desataba una crisis económica que dejó sin trabajo a miles de mujeres y a otras los confinó a su hogar para ocuparse de las tareas de cuidado, otras, continuaron con su vida de privilegios como pudo verse con lo sucedido en la Quinta de Olivos durante el cumpleaños de Fabiola Yañez.
Otro dato importante que surge del informe es que el 12,22% de las personas declararon que conviven con el agresor. Cabe preguntarnos entonces si un subsidio mínimo y paliativo como el Plan Acompañar cumple con su objetivo de independencia económica o solamente permite sumar algo más de dinero a la subsistencia diaria.
Parte de esta pregunta se responde con la declaración de las personas que ya perciben esta asignación: el 96,72% manifestaron que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos. De ellos casi el 60% que está recibiendo además otras asignaciones por parte del Estado también coincide en que no les alcanza el dinero.
¿Autonomía económica o más asistencialismo?
La desigualdad económica estructural, profundizada por la pandemia, muestra que son las mujeres las que corren con más desventaja. La falta de autonomía económica trae aparejadas otras consecuencias, una de ellas la de tener que permanecer conviviendo con el agresor poniendo en riesgo su vida.
Un primer paso puede estar dado por este tipo de subsidios. El problema es cuando son insuficientes y se transforman en medidas demagógicas de los gobiernos y no en soluciones reales.
El Indec informó que la canasta familiar de pobreza en junio ascendió a $ 66.488, esta cifra no tiene en cuenta un gasto muy importante como lo es el alquiler. Al sumarlo la canasta entonces asciende a $ 103.128.
Ahora bien, haciendo un juego de suposiciones, si una mujer que tiene a cargo solamente un hijo o hija menor de edad, sumando la AUH ($ 4500); la Tarjeta Alimentar ($ 8000 solo para alimentos) y el subsidio del Plan Acompañar ($ 28.080 solo por seis meses) llegaría a tener por mes alrededor de $ 40.000.
Contrastando con las cifras oficiales es imposible que una mujer en situación de violencia de género pueda lograr una autonomía económica con esos ingresos.
El cambio en la vida material de la mayoría de las mujeres no puede apoyarse solamente en planes o programas paliativos que además resultan insuficientes. En una sociedad desigual por definición solo es posible hacer cambios estructurales si se afectan los intereses de los grupos económicos (comos los bancos) o empresarios. De lo contrario solo estaremos en presencia de medidas asistenciales, parches que seguirán perpetuando la desigualdad de la mitad de la población. | 
