"Esta industria del azúcar ha dado origen a fortunas fabulosas, y todavía los dueños de los ingenios se quejan de que el gobierno no les proteja bastante". La cita podría ser de estos días pero en realidad la escribió en 1910 el periodista español Vicente Blasco Ibáñez y da cuenta de la imbricada relación entre los empresarios de la industria azucarera y la política. Viene al caso este 22 de agosto, cuando por primera vez se conmemora un "día nacional del desagravio al pueblo tucumano" por el cierre de los ingenios durante la dictadura de Onganía en 1966.
La ley 27.620 que insta a realizar "actividades específicas que difundan y mantengan la memoria colectiva" se aprobó por unanimidad en mayo. Contó con el impulso de representantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, como el diputado Pablo Yedlin y la senadora Silvia Elías de Pérez. La sanción fue bienvenida por los industriales, quienes no pierden oportunidad para identificar la defensa de sus ganancias como una supuesta "defensa de Tucumán".
La "defensa" de un Tucumán sólo para empresarios
En un trabajo clásico sobre la industria azucarera previo al cierre masivo de 1966, Francisco Delich llama la atención sobre cómo "la ’defensa de Tucumán’ es un tema que aparece con frecuencia en las declaraciones de los distintos grupos y se constituye en un especie de valor social local. Así se advierte que por encima de discrepancias ideológicas los diputados tucumano se constituyen en bloque cuando se trata específicamente el problema del azúcar" (Tierra y conciencia campesina en Tucumán, p. 20). Esta amalgama viene desde los orígenes, cuando desde 1880 -con la llegada del ferrocarril, los créditos estatales y la relación con el capital financiero internacional- la industria azucarera tucumana tomó impulso, sellando la ligazón entre el régimen político y las familias oligarcas (con las presidencias de los tucumanos Nicolás Avellaneda y Julio A. Roca como emblemas).
Esta amalgama se completa con un mito superior al del Familiar y que llega hasta nuestros días: la protección de las ganancias empresarias es necesaria para el cuidado del empleo y el desarrollo de la provincia. "Los industriales defendieron la tesis de que la expansión azucarera constituía verdaderamente una cruzada en pro de la civilización y el mejoramiento social, en tanto construía las bases para un desarrollo modernizante y disculpando a la explotación rural como sólo un rasgo negativo pero ineludible en un proceso de modernización y progreso económico", escribe el investigador Daniel J. Santamaría sobre los primeros tiempos de la industria azucarera (Azúcar y Sociedad en el Noroeste Argentino, p. 108).
Documentos históricos como el informe de Bialet Massé (Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas, 1904) dan cuenta de las brutales condiciones de los trabajadores de la industria y del campo, fermento para las primeras huelgas en el azúcar. Más de un siglo después, las ganancias son de muy pocos y el azúcar sigue siendo amarga para miles.
En los últimos años, el imaginario sobre el cierre de los ingenios es usado por los empresarios para pujar por sus intereses. Actualmente se trata de una nueva ley de biocombustibles para que se aumente el porcentaje de bioetanol en las naftas. Ese reclamo empresarial cierra "la grieta" uniendo a oficialistas y opositores en el Congreso, siendo agenda también del gobernador Juan Manzur. Prueba de esto fue la reunión que mantuvieron esta semana los candidatos del Frente de Todos con la Unión Industrial de Tucumán presidida por Jorge Rochia Ferro. Pero como advirtió la entidad, no son los únicos candidatos que han concurrido: ya pasaron Elias de Pérez, José Cano, Ricardo Bussi, Federico Masso, Mariano Campero y José Vitar. Cada uno recibió el agradecimiento por su compromiso con el reclamo de empresarios como Rochia Ferro o Emilio Luque. Nuevamente, la "defensa de Tucumán" para unos pocos.
Dar pelea con la izquierda contra el ’agravio’ de los empresarios y sus políticos
Las conmemoraciones que hablan una "memoria colectiva" junto a los empresarios buscan borrar lo más disruptivo que tuvo el antes y el después del cierre de los ingenios: la acción colectiva de los trabajadores y los pueblos azucareros. Con una tradición combativa de respaldo, los azucareros eran un signo de alerta para la dictadura de Onganía y su plan económico. La resistencia que se desató tras el cierre de los ingenios lo reafirmó dando ejemplos heroicos como el de Hilda Guerrero de Molina, los cuáles trazaron las peleas que se darán en el ascenso revolucionario abierto con el Cordobazo.
Rescatar esta tradición no es un mero ejercicio de memoria sino que es parte de una pelea por el futuro. Porque es claro que más allá de las rasgaduras de vestiduras, a los industriales azucareros y sus políticos poco les interesa un desagravio al pueblo tucumano. Al contrario, para proteger las ganancias han agravado los salarios y las condiciones laborales.
Con una zafra que promedia la mitad de las 1,4 millones de toneladas de "azúcar equivalente" proyectadas (contabilizando ya 110,56 millones de litros de alcohol), las expectativas empresariales son altas. Pero en esta zafra prometedora, hay un ingenio sin moler. Los trabajadores del ingenio San Juan vienen denunciando un vaciamiento y un desguace planificado por el empresario Carlos Omil, con anuencia de la Justicia y el Gobierno. Las promesas electorales de antaño ahora caen en saco roto y casi 400 familias no tienen certeza sobre su sustento.
En los últimos años también se agravó la tercerización, junto con el incremento de la jornada laboral mientras las temporadas son más cada vez más cortas. Por ejemplo, en el ingenio Concepción, propiedad de Luque, la jornada laboral de los tercerizados llega a las 12 horas y todo con el objetivo de una temporada que no pase los cuatro meses. Miles de familias quedan a la deriva tras el final de la temporada mientras los empresarios tienen ganancias todo el año. Esto también ocurre ante la complicidad de la FOTIA, con burócratas ocupados en lo que se juegan en la interna peronista.
A diferencia del variopinto elenco de políticos tradicionales que van detrás de los Rochia Ferro, el Frente de Izquierda Unidad levanta un programa que responde a las necesidades de las familias azucareras y da una pelea para que emerja una tercera fuerza frente a los dos coaliciones alineadas con el empresariado. Ante el desguace del San Juan, se planteó la estatización bajo control de los trabajadores, con un plan de reconversión que permita sostener todos los puestos de trabajo.
Frente a la tercerización, el trabajo temporario y la intensificación de la jornada laboral, el FIT-U plantea la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días, para repartir las horas de trabajo y generar nuevos puestos de trabajo. "Trabajar menos, trabajar todos" en un escenario donde la desocupación es la más alta de los últimos 17 años. Una reducción de la jornada laboral con un salario acorde a la canasta familiar, y que se garantice una temporada mínima de diez meses y obra social todo el año.
Además la industria azucarera también viene siendo cuestionada por la contaminación del ambiente que produce en sus múltiples etapas. Quema de cañaverales, lluvia de ollín y cenizas, residuos en los afluentes, son algunos ejemplos. El mencionado Rocchia Ferro fue procesado por contaminación del agua y también se desarrollaron movimientos como el del pueblo de Monteros contra la contaminación del ingenio Ñuñorco. Como plantea en su último spot el Frente de Izquierda impulsa estos reclamos.
Como señalamos más arriba, un nuevo aniversario del cierre de los ingenios permite revisitar una tradición combativa contra los empresarios, sus políticos y la burocracia sindical. Y al mismo tiempo plantear las peleas actuales y, como sostenemos desde el PTS-FITU, ligarlas a la construcción de una alternativa política para el pueblo trabajador. | 
