El pasado lunes la Argentina recibió U$S 4.334 millones, en concepto de una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro del FMI que se destinarán a pagar deuda en vez de utilizarlos para atender la crítica situación social. El mismo día el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista con la señal de cable A24, negó el ajuste en curso y justificó la reducción del déficit fiscal con el aumento de la recaudación, pero omitió el recorte de jubilaciones y salarios públicos.
Guzmán sostuvo en la entrevista que están “negociando con el FMI, buscando cuidar al pueblo porque más deuda significa más escasez de dólares, menos dólares significa menos trabajo y más inflación y lo importante es que el acuerdo sea sano, que nos permita redefinir nuestros compromisos con el mundo de una forma sostenible". Renegociar un acuerdo con el Fondo es lo contrario a “cuidar al pueblo”, las experiencias pasadas con el organismo fueron una historia de terror para el pueblo trabajador.
Hacer los deberes para Kristalina Georgieva
Guzmán afirmó en la entrevista que “bajo ningún punto de vista se contempla un ajuste del gasto público. Lo que sí hemos reducido el déficit tanto por la reducción de la deuda como por el aumento de la recaudación por el aumento de la actividad y eso implica depender menos del endeudamiento".
A pesar de las declaraciones del ministro, el ajuste que realizó el Gobierno fue aplaudido por el exministro de Economía, Domingo Cavallo. El déficit primario (ingresos menos gastos sin considerar los intereses) del primer semestre fue del 1,1 % del PBI, y fue inferior a los primeros semestres de 2016, 2017 y 2018, según un informe del Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la CTA (Organización que lidera Hugo Yasky, candidato por el Frente de Todos).
Si bien hubo una recuperación de la recaudación como dice Guzmán, el documento advierte que el “resto del gasto primario corriente” alcanzó un nivel de ajuste del primer semestre de 2019, “principalmente por la reducción del gasto en términos reales en materia de jubilaciones y pensiones (-6,9 % en el primer semestre de 2021 respecto a igual período de 2019) y salarios (-12,8 % en el mismo período)”. Es decir, por ajustar jubilaciones y salarios.
En el mismo sentido, la Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió en un informe la fuerte reducción en programas sociales, (-53,6 % en julio de este año versus julio de 2020). La decisión de eliminar el Ingreso Familiar de Emergencia incidió en esa caída, y fue votado por todo el oficialismo en el Congreso con el presupuesto de este año. En nada “cuidaron al pueblo”, como dice Guzmán, cuando votaron eliminar el IFE y la pobreza afectaba al 42 % en el segundo semestre del año.
Este ajuste se realizó sin acordar aún un programa con el FMI, la intención fue hacer los deberes para el organismo. Así, demostraron su vocación a ceder a las exigencias del Fondo para honrar una deuda llena de irregularidades.
No hay nuevo Fondo: clásicas recetas de ajuste
El Gobierno insiste que negociará su propio programa con el FMI, lo mismo que decía el macrismo cuando pedía enamorarse de Christine Lagarde. Sin embargo, el organismo ya prepara sus clásicas recetas para un nuevo acuerdo con el país: contrarreformas y más ajuste.
Los técnicos del organismo y el Gobierno ya empezaron a hablar de las exigencias para alcanzar un acuerdo. Según publicó el periodista Alejandro Rebossio en el DiarioAR, se conversó sobre una reforma impositiva, una flexibilización laboral, un "balance" entre ingresos y gastos y una revisión del cepo cambiario. Este combo sería parte de un "plan económico". Es decir, una reforma laboral, tributaria, reducción del déficit fiscal (más recortes) y una posible devaluación si deciden flexibilizar el cepo. Un salto del tipo de cambio impactaría en los precios y aceleraría la inflación carcomiendo los salarios.
Las recetas del Fondo no cambiaron a pesar de las promesas oficiales. El economista Michael Roberts advierte que “en un estudio sobre los informes del personal técnico del FMI para 80 países, la Red Europea para la Deuda y el Desarrollo encontró que 72 países prevén recortes de su nivel de gasto por debajo de su línea de base pre-pandémica para 2021, y que los 80 países lo harían para 2023. Y estas medidas de austeridad han sido aprobadas por el personal del Fondo”.
Alberto Fernández afirmó “yo con el Fondo no voy a arreglar en ninguna cena, voy a arreglar discutiendo, preservando los derechos de los argentinos, sabiendo que antes de pagarle al Fondo tengo que pagar un montón de deuda social en la Argentina”. Nadie que conozca la relación de los países endeudados con el Fondo puede afirmar seriamente esto. Incluso el periodista Eduardo Aliverti reconoció en Página 12 que habrá que definir un arreglo con el Fondo “so pena de que la incertidumbre produzca tembladerales o, directamente, terremotos que jamás generarían beneficios para el campo popular”.
Un nuevo acuerdo con el FMI podrá posponer los vencimientos unos años, pero seguirá la carga de la deuda. Tampoco generará una reducción sustancial de la pobreza estructural, ni de la desocupación. Para el pueblo trabajador sólo recaen los costos de seguir pagando. Por eso, hay que terminar con esta expoliación, rechazar el acuerdo con el Fondo y movilizarse por el desconocimiento soberano de la deuda junto a un conjunto de medidas para reorganizar la economía a favor del pueblo pobre.
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