La lucha por el juicio y castigo contra los genocidas logró que la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra Humanidad, a cargo del fiscal federal Pablo Camuña, presentara una nueva acusación en la llamada Megacausa Arsenales 3, por la cual requirió el llamado a declaración indagatoria de 42 genocidas imputados por crímenes de lesa humanidad.
Este tercer tramo de la causa reúne hechos cometidos en perjuicio de un total de 156 víctimas, todas ellas vinculadas al centro clandestino de detención que funcionó en el inmueble de la Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga, conocido como “Arsenales” y ubicado sobre la Ruta Nacional N°9.
El espacio temporal de la acusación abarca desde septiembre de 1975, es decir bajo el gobierno de Isabel Perón, hasta el mismo mes de 1978. Después de años de búsqueda por parte de familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos, fueron identificados los restos óseos de diecinueve de las víctimas en la fosa clandestina que funcionó en el denominado “Pozo de Vargas”, y de otras ocho personas en las fosas clandestinas encontradas en el mismo predio de Arsenales.
En la presentación fiscal también se abordaron denuncias por delitos contra la humanidad perpetradas por los grupos que llevaron adelante las tareas criminales en ese sitio y en otros lugares clandestinos de cautiverio que funcionaron en forma articulada con Arsenales, como en la Escuela de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán; “el Motel”; y el “Reformatorio,” ubicado en el edificio donde ahora se encuentra el Hogar Belgrano.
El Ministerio Público Fiscal requirió la instrucción y efectuó imputaciones por los delitos de violación de domicilio, privación de la libertad, torturas agravadas y homicidios calificados; delitos contra la integridad sexual cometidos contra ocho de las víctimas; el delito de aborto forzoso en perjuicio de una de ellas; y la reducción a la servidumbre cometida en perjuicio de siete personas.
En esta causa se investigan también los crímenes contra quince miembros de la familia Alarcón, de los cuales siete permanecen desaparecidos. Los restos de tres de ellos también fueron identificados en el predio de Arsenales. Por ese caso se solicitó se cite a los acusados a prestar declaración indagatoria por la apropiación de la niña Mónica Silvia Alarcón, que fue secuestrada junto a su madre y su padre a los 18 meses de edad y continúa desaparecida a la fecha.
La Tucumán de Manzur: la represión como política estatal
En la provincia gobernada por uno de los gobernadores aliados al gobierno de Alberto Fernandez, Juan Manzur, la política represiva deliberada. El asesinato de Walter Ceferino Nadal en junio del año pasado, a quien la policía asfixio hasta quitarle la vida, no es hecho aislado. "No puedo respirar", decía mientras estando en el piso uno de los policías le ponía la rodilla en su nuca.
Un mes antes del crimen de Nadal, Luis Espinoza fue desaparecido y posteriormente asesinado por la policía de Manzur. Estos casos emblemáticos van en sintonía con la política represiva del gobernador antiderechos aliado del gobierno nacional.
Días antes del crimen de Nadal, por orden de Alberto Fernandez se realizaron negociaciones entre el ex Ministro de Defensa y actual candidato del Frente de Todos, Agustín Rossi, para asentar unidades del Ejército en el “Arsenal Miguel de Azcuénaga” donde funcionó el centro clandestino durante el Operativo Independencia y durante la última dictadura.
Ante esta provocación, los organismos de derechos humanos del NOA enviaron al Ministro de Defensa Agustín Rossi una declaración repudiando semejante atropello a las víctimas y familiares que luchan por ell juicio y castigo para los responsables del genocidio.
Estos lugares son imprescindibles para preservar las pruebas de los crímenes de lesa humanidad, y sobrevivientes y familiares, como exigen desde hace años, ya que es la única manera de poder seguir encontrando la verdad y luchar por el juicio y castigo para los genocidas. | 
