Los migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica y el Caribe, pertenecían a la segunda caravana que salió el día lunes de Tapachula, Chiapas. Fueron sorprendidos por los efectivos de la GN, perseguidos y detenidos violentamente.
Distintas organizaciones no gubernamentales -como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano- denunciaron la violenta represión y que hay migrantes desaparecidos después de la acción del cuerpo militarizado. Estos colectivos y organismos documentaron golpes y agresiones contra los migrantes, y entre los que se encontraban mujeres embarazadas y bebés. Además, los periodistas que cubrían la caravana fueron reprimidos.
En su III informe, AMLO intentó presentar la violencia ejercida en días pasados por agentes del Instituto Nacional de Migración y la GN, ampliamente documentada por los medios de comunicación, como algo inusual. Y pretendió tranquilizar la indignación afirmando que ya se había dado de baja a “los dos funcionarios responsables”.
Los hechos de los últimos días muestran que el discurso del presidente choca con la realidad: se trata de una política sistemática contra los migrantes. La represión y la violación de los derechos humanos de quienes buscan cruzar la frontera no son hechos aislados.
Esto el resultado de haber asumido el rol de contener -como él mismo lo reconoció recientemente- la migración hacia los Estados Unidos, siguiendo los dictados de la Casa Blanca, primero bajo la administración de Donald Trump y ahora de Biden. Y continuando así la misma política migratoria de las anteriores administraciones del PRI y del PAN.
Ante eso, hay que denunciar la política represiva y antimigrante del gobierno de AMLO, y exigir el libre tránsito y plenos derechos para todas y todos los migrantes.
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