El doble discurso oficial tiene consecuencias más que insalubres para miles de cultivadoras y cultivadores del país, que cargan sobre sus espaldas causas armadas y hasta condenas por plantar con fines medicinales. El Frente de Todos fomenta dos “industrias” muy redituables: la del cannabis medicinal en pocas manos y la de la persecución policial-judicial a trabajadoras y trabajadores.
El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas inauguró este miércoles el “Primer Congreso Internacional Cannabis y Desarrollo Productivo”. Allí el funcionario reiteró lo que viene diciendo desde hace tiempo: que el desarrollo de la industria del cannabis es muy importante para el país, que representa una gran oportunidad para las llamadas “economías regionales” y que ese desarrollo le puede generar muchos millones de ingreso a empresarios y al mismo Estado.
“No estamos aquí para discutir qué es el cannabis medicinal y su relevancia, sino que vamos un poquito más allá; estamos aquí para pensar el futuro de esta industria del cannabis en Argentina, pensar cómo trabajamos una industria de calidad, de excelencia”, dijo Kulfas.
El ministro que defiende de forma directa los intereses del gran empresariado nacional y multinacional, afirmó que “es un desafío hermoso, imaginativo, pensar una industria nueva desde cero. Nos imaginamos una industria con presencia de cooperativas y de pymes, una industria que tenga mucha investigación aplicada, una industria que pueda, desde el comienzo, plantear un producto de calidad, que no termine generando un mercado que se bastardee, que tenga productos de baja calidad que terminen afectando”. Todo un CEO.
Kulfas agregó que es importante de discutir un “marco legal” para crear una “agencia regulatoria” que busque un “producto de calidad, de excelencia y de trazabilidad” para “luego empezar a discutir la implementación”.
El ministro, casi borrando de un plumazo la experiencia de miles de cultivadoras y cultivadores que hace años vienen trabajando en el tema en el país, dijo que es importante “trabajar para darles soluciones terapéuticas, medicinales a quienes lo necesitan” y “trabajar en tener un producto de excelencia que genere empleo y genere desarrollo en las economías regionales de diferentes provincias del país”.
Como ya lo había dicho en junio, cuando presentó en el Congreso un proyecto de “marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”, Kulfas aseguró que Argentina tiene todas las posibilidades de generar al menos diez mil puestos de trabajo, con “eslabonamientos y formas de vincularse entre actividades productivas, pymes, cooperativas, inversores de diferentes tipo de Argentina y también algún inversor internacional interesado en invertir”.
Entre los disertantes que siguieron a Kulfas en la apertura del congreso, estuvieron Matías Litvak, director de cultivo R&D Cann-Il de la Universidad Bar Ilan de Israel, Diego Olivera, consultor y exsecretario general de Drogas de Uruguay, Rodrigo Arcila, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis y Chanda Macias, CEO de la multinacional Ilera Holistic Healthcare con sede en Estados Unidos (aunque para contactarse telefónicamente hay que llamar a Costa de Marfil, África).
Vale recodar que Estados Unidos e Israel son países que llevan décadas fomentando las políticas de persecución y criminalización de pueblos enteros con la excusa de la “guerra contra el narco”. Uno de los países donde esas políticas más hicieron estragos es Colombia, donde el narcotráfico nunca se terminó pero sí murieron y desaparecieron miles de personas, campesinas y pobres, producto de los planes digitados por la DEA y otra agencias imperialistas.
En el congreso organizado por Kulfas, obviamente cada quien a su turno envió sus augurios y felicitaciones al gobierno argentino por la realización del evento y por la política oficial para convertir al cannabis en una nueva fuente de riquezas para las corporaciones que lucran con el cannabis en todo el mundo.
En Argentina, pese a los congresos y proyectos impulsados con mucha ansiedad por el ministro, el Estado sigue criminalizando, persiguiendo y encarcelando a quienes plantan cannabis en sus domicilios con fines medicinales. Obviamente el ataque es más duro aún para quienes lo hacen con fines “recreativos” o de uso adulto, el cual según la propia definición de la OMS también pertenece al ámbito de la salud.
El Gobierno anuncia exultante la apertura de registros para cannabicultores con fines medicinales. Pero hoy en Argentina las fuerzas represivas federales como provinciales no paran de detener a hombres y mujeres que, en muchos casos, muestran sus propios certificados de habilitación en el Registro Nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos (Reprocann).
En muchos casos, las y los cultivadores pasan meses y hasta años en prisión, con preventivas que se extienden indefinidamente o con condenas que les arruinan la vida.
El Gobierno del Frente de Todos cumple así con una de sus premisas centrales: la hipocresía y el doble discurso. Mientras se reconocen públicamente los beneficios del uso de la planta, se fomenta el lucro de un puñado de empresarios y miles trabajadoras y trabajadores (generalmente pobres) sufren una persecución sistemática por plantar o portar un par de porros.
Además, claro, de garantizar el narcotráfico a través de las mismas fuerzas mal llamadas de “seguridad”, partícipes necesarias o controladoras en última instancia de ese negocio hiper millonario y por el que no hay casi ningún capitalista de la ilegalidad preso.
La persecución policial y judicial a quienes usan drogas ilegalizadas por el propio Estado viene creciendo en Argentina durante los últimos años. Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), para 2019 de 98.000 hechos registrados por distintas infracciones a la Ley 23.737 casi el 90 % no tenía nada que ver con ningún “golpe al narcotráfico”. En ocho de cada diez de esos casos los partes policiales que originaron las causas hablaban de “presunta tenencia de drogas para uso personal”.
El “progresismo” que intenta mostrar Kulfas en sus congresos es nada más que papel mojado cuando se mira el accionar represivo y criminalizador del propio Gobierno. ¿Es posible que con un excarapintada como Sergio Berni (el “Bullrich” kirchnerista) y demás funcionarios derechistas se pueda terminar con la persecución y el armado de causas a jóvenes, trabajadores y mujeres que cultivan y utilizan la planta para su uso personal? Más allá de los chisporroteos entre el ministro de Seguridad bonaerense y su par nacional Sabina Frederic, en este asunto no hay “interna”.
Hace tiempo que organizaciones de cultivadoras y cultivadores, como el Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas, le vienen exigiendo a Alberto Fernández que indulte de una buena vez a quienes sufren condenas penales (o están con prisiones preventivas) por ser usuarios y usuarias o por cultivar cannabis. Pero se ve que en la Casa Rosada tienen otras prioridades, bastante lejanas de la salud de miles de personas.
Si por un lado el Gobierno quiere legalizar la producción industrial del cannabis para el sector privado (o “público”, pero manejado por un grupo de burócratas), por el otro, no solo perpetúa sino que profundiza la criminalización y persecución a quienes utilizan la planta, las cosas están bastante claras.
No es posible obviar que, además de ejercer con ello un gran control social, sobre todo en las barriadas populares, la “industria” de la persecución policial y judicial justifica el crecimiento exponencial de los presupuestos en Seguridad, es decir más policías, patrulleros y balas. Mientras, los verdaderos narcos operan sin inconvenientes ante la vista de todo el mundo.
Todo lo contrario sucede en las políticas oficiales en el área de Salud, donde el desfinanciamiento es la norma, sobre todo cuando de consumos problemáticos se trata. Se vio claramente en el caso de Santiago “Chano” Moreno Charpentier, que alcanzó gran repercusión mediática, donde el Estado resolvió a los tiros un tema de salud mental y casi termina matando al músico en su casa de Exaltación de la Cruz.
Algo que diariamente se ejecuta, sin demasiada cobertura periodística, en todos los barrios del conurbano bonaerense y demás centros urbanos del país.
La legalización y regulación de la producción del cannabis tiene que ser integral e inmediata. Y ante todo debe incluir el indulto y amnistía a todas las personas denunciadas, procesadas y/o condenadas por consumir o autocultivar individual o colectivamente.
Eso mismo propuso en el Congreso en 2018 el diputado Nicolás de Caño del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, quien propone la legalización integral del uso de la marihuana para cualquier fin, sin excepción, abarcando desde el cultivo a su comercialización y consumo. Pero el proyecto del FITU fue ninguneado por el macrismo y por el peronismo.
Queda claro que, para conquistar eso, no será de la mano de ministros como Kulfas, Berni o Frederic. No se puede esperar nada del mismo Estado que persigue a quienes cultivan y consumen a la vez que garantiza el narcotráfico (con casos donde, incluso, parte de las ganancias van a financiar campañas electorales de los partidos patronales).
La cosa pasa por la organización independiente y la más masiva movilización en las calles. Algo que, como se sabe, pone muy nerviosos a los gobiernos y no se trata en ningún “congreso” organizado junto a los CEO de las multinacionales del sector.
