Haremos un breve repaso sobre la historia de la precarización laboral en Argentina desde la dictadura genocida hasta nuestros días, pasando por los embates y resistencias de la clase obrera.
La radiografía actual de la precarización laboral en Argentina se apoya sobre las transformaciones estructurales que llevaron adelante los distintos gobiernos desde la dictadura genocida hasta nuestros días. El plan neoliberal terminó siendo aplicado por el gobierno peronista de Carlos Saul Menem durante la década de 1990 junto a Domingo Cavallo (alumno predilecto de los Chicago Boys) a cargo del ministerio de economía.
Para tratar de entender cómo llegamos al estado actual de precariedad laboral en la juventud, intentaremos hacer un breve repaso sobre las distintas estrategias que tomó la clase empresaria argentina junto a los partidos políticos tradicionales y el capital extranjero, en su intento por disciplinar y fragmentar a las y los trabajadores con la flexibilización y precarización de los contratos laborales durante las últimas décadas en dónde los ricos se siguieron haciendo más ricos.
El huevo de la serpiente: La dictadura genocida
Siguiendo el análisis de Christian Castillo en su texto Elementos para un "cuarto relato" sobre el proceso revolucionario de los ’70 y la dictadura militar, el carácter de la última dictadura cívico militar eclesiástica que en 1976 irrumpió en el escenario nacional para intentar disciplinar a toda una generación de la clase trabajadora que levantaba la cabeza contra las patronales, desafiando a la burocracia sindical, a los grandes empresarios, al propio gobierno peronista de Isabel Perón y al plan económico de su ministro Celestino Rodrigo.
Este objetivo de aplastar a toda una generación, fue llevado adelante por la junta militar, los sectores más concentrados de la economía y las cúpulas eclesiásticas, que de conjunto buscaban disciplinar a toda la sociedad con un baño de sangre contra la vanguardia obrera y militante para avanzar, mediante este “shock”, en una mayor explotación y flexibilización del trabajo.
Una clara muestra de la complicidad empresaria fue la puesta en pie de centros clandestinos de tortura dentro de las propias zonas fábriles. La más emblemática es la que se montó en el predio de la empresa Ford de la zona norte del Gran BuenosAires, que junto a los apagones de la empresa Blaquier en Ledezma Jujuy forjan las páginas más oscuras del empresariado local aún impune.
Durante el periodo del terror genocida se derogaron y transformaron una cantidad significativa de legislaciones laborales (en parte restituidas a partir de 1983) en favor de la ganancia empresarial, restringiendo y hasta anulando derechos conquistados por los trabajadores como el de manifestarse o hacer huelga mientras estuviera vigente el estado de sitio, interviniendo incluso algunas organizaciones sindicales.
“Una serie de normas establecieron el congelamiento de la actividad gremial (leyes 21.261 del 24 de marzo de 1976 que suspendió el derecho de huelga; 21.356 de julio de 1976, que prohibió la actividad gremial, es decir asambleas, reuniones, congresos y elecciones, facultando al Ministerio de Trabajo a intervenir y reemplazar dirigentes dentro de los establecimientos fabriles; 21.263 del 24 de marzo de 1976 que eliminó el fuero sindical además de la utilización de la ley 20.840, que establecía severas penalidades para todos aquellos que cometieran actividades “subversivas” en todas sus manifestaciones. Asimismo, se reimplantó, por ley 21.259 del 24 de marzo de 1976, la Ley de Residencia, en virtud de la cual todo extranjero sospechoso de atentar contra la “seguridad nacional” podía ser deportado. Además, se dictó la ley 21.400, del 9 de septiembre de 1976, denominada de “Seguridad industrial”, que prohibió cualquier medida concertada de acción directa, trabajo a desgano, baja de la producción, entre otras.” [1]
Otros ejemplos son las suspensiones por tiempo indeterminado de las negociaciones de las comisiones paritarias y la derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales. O la anulación del artículo 27 de la Ley 21.297 de Contrato de Trabajo que regulaba las condiciones salariales y causas de despido.
La junta militar con Martínez de Hoz a la cabeza del ministerio de economía avanzó en una apertura económica, que de la mano de una desregularización financiera, afectó enormemente la producción nacional. Como consiguiente el precio del salario real disminuyó año a año durante la dictadura, licuando los ingresos de las familias trabajadoras frente a un nivel inflacionario que llegó a estar en un 100% anual para 1981. Aumentando así la transferencia de ingresos hacia la clase empresaria como muestra este gráfico sobre la evolución del PBI y de la participación de los asalariados en el PBI, entre 1974 y 1982.
A su vez, la junta militar favoreció al empresariado local con la estatización de la deuda privada en deuda pública, profundizando así el endeudamiento de las arcas del Estado y la entrega del país a los capitales extranjeros y sus usureros organismos de crédito como el Fondo Monetario Internacional. De esta forma se consolidó el primer gran saqueo nacional de la historia reciente argentina.
Sin embargo, este intento de avanzar en la relación de fuerzas contra los trabajadores no pudo ser llevado a cabo hasta el final por la propia dinámica de agotamiento y descontento al que llegó la dictadura a partir del fracaso económico, sumado a las denuncias de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que expusieron los crímenes de lesa humanidad cometidos en este periodo. En ese sentido, la resistencia obrera a la dictadura también fue parte de esta dinámica más de conjunto que horadó al régimen de la junta militar. Las y los trabajadores tuvieron que readaptar sus métodos de lucha en la clandestinidad para seguir aguantando, estas prácticas tuvieron su máxima expresión primero en la huelga general de 1979, y después enla marcha contra la dictadura en marzo de 1982.
La dictadura si bien logró llevar adelante las medidas económicas antiobreras que nombramos anteriormente, no logró aplicar el plan de conjunto que sí se logró en Chile bajo la dictadura de Pinochet desde 1973. En el país trasandino se aplicó un ensayo general de lo que luego sería conocido como neoliberalismo por un conjunto de economistas denominados “chicago boys”. Perry Anderson, definió y analizó de manera muy elocuente los alcances y límites del proyecto neoliberal, esbozando que si bien no llegaron aplicar de conjunto todo su programa económico, el mayor triunfo del proyecto neoliberal radica en la construcción de una ideología exitosa:
“Lo que demostraron estas experiencias fue la impresionante hegemonía alcanzada por el neoliberalismo en materia ideológica. Si bien en un comienzo sólo los gobiernos de derecha se atrevieron a poner en práctica políticas neoliberales, poco tiempo después siguieron este rumbo inclusive aquellos gobiernos que se autoproclamaban a la izquierda del mapa político.”
A partir de esta idea podemos ver como en el plano nacional, la continuación de estas contrarreformas fueron llevadas adelante por una fuerza política que no se encuadraba dentro del espectro político de los partidos que defendían el libre mercado y el antiestatismo. Es por eso que el gobierno peronista de Carlos Menem vino a continuar lo iniciado por la dictadura genocida y los efectos y resultados de la ofensiva neoliberal se terminaron de completar en la década de 1990 con el ministro Cavallo, uno de los alumnos predilectos de los mismos Chicago Boys y responsable de la estatización de la deuda privada durante la última dictadura.
El impulso de las contra-reformas neoliberales de la década del 90 acentuaron el atraso y la dependencia del país. Las mismas se apoyaron en el ajuste económico llevado adelante por el gobierno radical de Raúl Alfonsín,con el Plan Austral, el Plan Primavera y la crisis hiperinflacionaria que terminó estallando en 1989 en un segundo saqueo histórico al bolsillo de la clase trabajadora. Este gobierno que comenzó con un discurso “modernizador” del Estado, también avanzó en la precarización laboral, como vemos en el intentó de avanzar con la privatización del área de telecomunicaciones junto al Ministro de Obras y Servicios Públicos al mando de Rodolfo Terragneo, que proponía la incorporación de un 40% de capitales privados a la empresa ENTel (en ese momento estatal).
Ya con la presidencia de Carlos Menem, se fueron imponiendo desde los primeros días de gobierno medidas precarizadoras para las y los trabajadores, con decretos presidenciales y leyes sancionadas por el Congreso gracias a la mayoría de representantes peronistas.
En 1989 aparecen los vales de comida que reemplazan a parte del pago en dinero de los sueldos mientras que en 1990 se reglamenta y limita el derecho de huelga. En 1991 se sanciona la Ley de Empleo (24.013) . Esta ley promovía contratos flexibles y temporales. En el año 1992 se suspenden los derechos que poseían los trabajadores de empresas públicas (que se estaban privatizando), mientras que por decreto se establece un nuevo sistema de pasantías para jóvenes estudiantes.
En 1994 se aprueban dos leyes más que afectan a las conquistas obtenidas por los trabajadores décadas atrás y que afectaron a sus condiciones de vida. La Ley Pymes (24.467) que reducía indemnizaciones, permitía la movilidad horaria, las 12 horas de trabajo continuo sin pago de horas extras, y fraccionar las vacaciones, entre otras cosas; y la Ley de ART (24.028) que convierte la salud de los trabajadores en un número más en la contabilidad de las empresas.
Mientras que en 1996 varios decretos presidenciales revocan los convenios y eliminan la ultractividad (prórroga automática de los mismos aún cuando, finalizado el plazo máximo de negociación no se ha llegado a ningún acuerdo entre ambas partes) que antes regía automáticamente hasta que se firmase un nuevo convenio colectivo de trabajo, en 1998 Menem lograba aprobar en el Congreso la última reforma laboral: la Ley de Formación y Empleo (24.465/98). Esta última implicaba un contrato breve entre 3 meses y 1 año de duración por parte de un empleador a un trabajador de entre 16 y 28 años, que luego de este plazo no podría volver a ser contratado por el mismo empleador, por lo tanto, se trataba a la juventud y los nuevos sectores que entraban en edad laboral como descartables.
Estos avances se llevaron adelante en complicidad de las direcciones sindicales. Como cuenta Nicolás del Caño en Rebelde o Precarizada: En 1996 el sindicato SMATA pactó con la automotriz FIAT por una rebaja del valor de la hora de trabajo de 4,80 a 2,40 pesos. Estas mismas burocracias sindicales fueron las que les dieron la espalda a muchas de las luchas de trabajadores ocupados y desocupados que desde abajo se organizaron para hacerle frente a las contra reformas menemistas. Como las huelgas ferroviarias que desde 1991 se enfrentaron a las privatizaciones, el desguace del sistema público de transporte y a la flexibilización laboral. O la larga lucha en el Astillero Río Santiago que logró frenar el plan privatizador en su lugar de trabajo.
Otro de los focos centrales de resistencia obrera y popular a las políticas neoliberales en esta etapa estuvo protagonizado por el movimiento de desocupados, con emblema en las luchas de Cutral Có,Plaza Huincul, el Santiaguezaño, entre otras que también se oponían a las privatizaciones.
El saldo de todas estas contrarreformas de los años noventa se expresó en el aumento del empleo no registrado que pasó de 28% en 1990 al 39% en 1999. El avance de la desocupación fue también otra de las dimensiones de la precarización. Empezó a subir en 1996, superó el 16% en 2001 y en 2002 llegó al 22%. Esos millones buscando trabajo fueron utilizados por el gobierno en retirada de Menem, por el gobierno de De la Rúa y por Duhalde para disciplinar al resto de la clase trabajadora e imponer condiciones de vida cada vez más brutales.
Los sucesivos gobiernos no revirtieron la herencia menemista y gran parte de las conquistas patronales continúan hoy. El gobierno radical de Fernando De La Rúa no solo mantuvo la precarización de los noventas sino que las profundizó. En el año 2000 se aprobó la ley 25013, más conocida como “Ley Banelco” Esta reforma laboral ampliaba el periodo de prueba, derogaba la ultraactividad de los convenios y limitaba el ejercicio de derecho a huelga y fomentaba los acuerdos por empresa. Ejemplo de esto fue el convenio firmado por la burocracia de la alimentación, Rodolfo Daer con Stani donde los nuevos ingresantes trabajaban un día más obligatoriamente y los sábados no se los pagaban como extras.
Finalmente la resistencia obrera y popular junto con las huelgas generales que tuvieron lugar en las jornadas del 2001, terminaron tirando abajo al gobierno de De La Rúa, en medio de una gran crisis económica social y política que cuestionó a toda la casta gobernante al grito de “Que se vayan todos”.
Durante esos años también hubo resistencia a las medidas precarizadoras como por ejemplo en diciembre de 2001 cuando los pasantes tomaron el edificio de Telefónica en el barrio de Once. O las huelgas de nueve días que llevaron adelante los trabajadores de la cerámica Zanón en Neuquén (hoy FaSinPat), la fábrica más moderna de Sudamérica, ante el fallecimiento de un joven trabajador que no pudo ser atendido por falta de condiciones de seguridad e higiene y que logró arrancarle a la patronal que ponga una ambulancia en la fábrica y que acepte una comisión de seguridad e higiene. Ese fue uno de los primeros pasos de la lucha en la fábrica Zanón, que también batalló por unir las demandas de los ocupados y desocupados, y al día de hoy sigue siendo un ejemplo de resistencia y control obrero de la producción.
Desde que asumió el gobierno de Nestor Kirchner se produce un crecimiento durante cuatro años del empleo, luego de una desocupación del 25% y como consecuencia del beneficio que tuvieron los empresarios ante el abaratamiento de la fuerza de trabajo y la elevada capacidad ociosa con la que se contaba en el país luego de la crisis del 2001. En este escenario hasta el final del segundo gobierno de Cristina Kirchner el trabajo no registrado se encontraba en 32%. Los contratados se extendieron a muchas ramas como el comercio, gastronomía, construcción, servicios y sectores automotrices. Desde el año 2005 en adelante el 61% de las y los jóvenes trabajan de manera informal en el país (estudio UNSAM). Incluso en los trabajadores del propio Estado, donde también encontramos contratos anuales y puestos en planta transitoria con convenios flexibilizados.
Este esquema de precarización laboral que se mantuvo durante los gobiernos kirchneristas, fue acompañado por una política de estatización de sectores de los movimientos sociales, mientras se avanzaba en la represión de la vanguardia obrera y el sindicalismo de base que peleaban por mejores condiciones en ese contexto. Algunos ejemplos de este accionar represivo fueron las respuestas estatales ante las luchas de las y los trabajadores de Casino Flotante (Caba) y Mafissa (La Plata) en 2007, Kraft en 2009 y Lear en 2014. Entre las demandas de estos procesos se encontraba el pase a planta permanente, bandera por la cual salieron a luchar los tercerizados del ferrocarril Roca en la jornada donde la patota del burócrata Pedraza asesinó al joven estudiante y militante de izquierda Mariano Ferreyra, que había llevado su solidaridad a los trabajadores. Hoy en día continúa la misma lucha en el ferrocarril.
En el año 2015 asumió Mauricio Macri la presidencia y el país pasó a estar atendido por sus propios dueños, como vimos desde el primer momento en el que anunció los nombres de los CEOS empresariales que iban a estar al mando de muchos ministerios. De esta forma dejó en claro que su gobierno iba a estar orientado a fortalecer a este sector, para lo cual avanzó en un plan de reformas antiobreras como la reforma previsional de diciembre de 2017 que desató la bronca popular que se expresó en grandes movilizaciones que fueron reprimidas brutalmente por el gobierno en la plaza del Congreso. Vale la pena recordar que la tan odiada reforma previsional terminó consiguiendo los votos necesarios en el recinto de la mano de sectores del peronismo que le garantizaron la gobernabilidad a Macri durante todo su mandato.
Como se puede ver, desde que Menem dejó la presidencia hasta hoy ningún gobierno revirtió su herencia en materia de precarización laboral. Muchas de esas conquistas patronales continúan hoy. La tercerización, los contratos basura, los convenios flexibilizados, el trabajo en negro y la precarización de la juventud permanecieron y en algunos casos se profundizaron.
Precarización en tiempos de COVID 19
Todo este repaso por las últimas décadas nos permite ver cómo llegamos a la actualidad y quienes fueron los responsables políticos de que sigan existiendo altos índices de desempleo y precarización, que recaen con más fuerza sobre la juventud y en particular las mujeres y disidencias que están sobrerrepresentadas en este sector.
Estas alarmantes cifras vienen escalando en los últimos años previos a la crisis sanitaria que vino a profundizar la crisis económica y social precedente. Como muestran los análisis del Observatorio de les trabajadores en la pandemia de Izquierda Diario sobre los estudios de la UCA y el INDEC del 2021, actualmente en Argentina:
“La tasa de desocupación general aumentó 3 puntos, la desocupación juvenil lo hizo un 6,8%. Son 195.000 les nueves jóvenes que vieron frustradas sus posibilidades de conseguir trabajo en este período, llegando a ser casi 600 mil jóvenes desempleades en la actualidad (...) mientras que el promedio general de informalidad se ubica en 32,7 %, en el caso de les jóvenes estos valores se duplican, ascendiendo a un 63 %.” [2]
En junio de este año, también se conocieron las cifras de un estudio de la OIT y la CEPAL sobre la Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, en donde se observa un aumento de la precarización de la mano de las nuevas plataformas de trabajo que avanzaron en la región. Estos datos ilustran el proceso de uberización del trabajo que acuña el sociólogo brasilero Ricardo Antunes, y define en este artículo como:
“La principal forma experimental del trabajo post-pandémico se encuentra en el trabajo ‘uberizado’ aprovechándose ilimitadamente de la informalidad, flexibilidad, precarización y des-reglamentación, trazos destacados del capitalismo en el Sur global (y que se expande intensamente también en el Norte), cabe a las grandes plataformas digitales y aplicativos, como Amazon (y Amazon Mechanical Turk), Uber (y Uber Eats), Google, Facebook, Airbnb, Cabify, 99, Lyft, iFood, Glovo, Deliveroo, Rappi etc., dar un gran salto por la adopción y adición de las tecnologías informacionales.” [3]
En este mismo artículo, el sociólogo brasilero alerta sobre el acrecentamiento de las empresas de plataformas que se seguirá profundizando con la excusa utilizada por los gobiernos sobre la necesidad de avanzar a cualquier costo en una recuperación económica post Covid-19. Esto en cualquier parte del mundo significa mayores niveles de precarización para quienes Antunes define como la clase que vive del trabajo.
Además las grandes empresas de servicios y transporte se amparan muchas veces en la falta de legislación laboral que contemple a las nuevas modalidades de trabajo a través de las plataformas digitales, aprovechando estas arbitrariedades para flexibilizar cada vez más a las y los trabajadores de aplicaciones. En otros casos, estos mismos sectores empresariales presionan a los poderes políticos para que se adecuen las legislaciones locales, habilitando así la esclavitud digital que azota sobre todo a la juventud.
Mientras a lo largo y ancho del mundo se profundizaron los niveles de explotación y precarización de las vidas, también surgieron grandes fenómenos juveniles y de la clase trabajadora que desafían a este sistema desigual. En el último periodo Latinoamérica fue uno de los epicentros de estas rebeliones que se desataron en las calles de Ecuador, Perú, Colombia y Chile, donde muchos trabajadores vieron empeorar sus condiciones de vida en el último periodo, ubicándose como “perdedores absolutos” del neoliberalismo.
Una de las principales consignas levantadas por la juventud chilena sintetiza la profundidad de estos fenómenos. El grito de “No son treinta pesos, son treinta años” revela cómo las revueltas actuales se levantan contra la herencia del neoliberalismo que, como intentamos demostrar a lo largo de la nota con el caso argentino, no fue transformada a nivel estructural por ninguno de los distintos gobiernos pos neoliberales de la región en las últimas décadas, sino que al contrario fueron profundizadas contra los sectores populares.
Les jóvenes que ven empeorar sus condiciones de vida, son quienes están en la primera línea de las resistencias. Particularmente las mujeres y disidencias que cargan con el impulso de la gran marea feminista que mostró que autoorganizadas y peleando en las calles se pueden arrancar conquistas sustanciales como fue el derecho al aborto legal en Argentina.
Esto nos muestra que hay una juventud dispuesta a luchar por su futuro, enfrentándose a los empresarios que los precarizan, y a los partidos tradicionales que definen este status quo. Pero al mismo tiempo deja planteados los desafíos que tienen estos sectores en lucha si quieren vencer. Para eso, es indispensable fortalecer los lazos de esta nueva generación de jóvenes con el resto de los sectores que componen a la clase trabajadora, y sobre todo con quienes están en los resortes más importantes de la economía desde donde se puede afectar directamente la ganancia capitalista y poner en jaque a la clase empresaria.
En el camino de fortalecer esta alianza, hay que pelear por unir todo lo que los poderosos intentan dividir junto a sus perros guardianes en las burocracias sindicales peronistas. Nos referimos a la unidad entre las y los trabajadores ocupados y los sectores a los que las burocracias les dan las espaldas como desocupades, informales y precarizades que también son parte de la clase trabajadora y deben intervenir como tal.
Por eso, quienes impulsan La Red de Precarizades, informales y desocupades, junto al El Frente de Izquierda Unidad (FITU) con Nicolás del Caño y Myriam Bregman a la cabeza, están planteando la necesidad de avanzar en una reducción de la jornada laboral a 6 horas y 5 días a la semana, sin reducción salarial para que nadie cobre por debajo de lo que cuesta una canasta familiar. Esto permitiría avanzar en el reparto de las horas de trabajo con el objetivo de combatir la desocupación, asegurando trabajo genuino para todes.
En las últimas semanas se abrieron una serie de debates sobre esta propuesta en el terreno nacional, ante lo cual el Movimiento de Agrupaciones Clasistas del PTS en el FITU plantea:
“Algunos candidatos del Frente de Todos presentaron proyectos “para reducir la jornada laboral”. Es el caso de Sergio Palazzo y Hugo Yasky. Pero son proyectos totalmente limitados. El dirigente de la CTA y el gremio docente propone rebajarla a 40 horas semanales, sin reducir el salario. Para “convencer” a funcionarios y empresarios, Yasky dice que esto “permitiría aumentar la productividad” y que “si no se ha aumentado el salario real al menos que se trabaje menos”. O sea que no pretende combatir realmente la desocupación, generando millones de puestos de trabajo. Tampoco resolver el problema del empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras ocupados. Y además pretende “endulzar” a los empresarios a que podrían ganar más.” [4]
En medio de la campaña electoral que estamos atravesando en Argentina, todos los partidos políticos tradicionales ya dejaron en claro que sus planes implican mantener y negociar el acuerdo fraudulento con el FMI, que representa más penurias para la clase trabajadora ya que el organismo exige reformas estructurales en materia laboral y previsional. Por eso, ni el macrismo, ni las variantes peronistas, ni los autodenominados “liberales” representan una salida de fondo a esta situación que viven las y los trabajadores.
En este sentido, la propuesta del FITU lleva a hacer un cuestionamiento más profundo a este sistema y su modo de apropiación de la ganancia por parte de la clase empresaria que se beneficia de la fragmentación de la clase obrera para explotarla cada vez más. Por lo cual este planteo no puede disociarse de la necesidad de conquistar está y todas las demandas de la clase trabajadora por medio de la lucha y organización democrática que apunte a la construcción de un gobierno de las y los trabajadores en ruptura con el capitalismo, para de una vez por todas terminar con la precarización del trabajo y de nuestras vidas.
