Una denuncia de marineros de Puerto Madryn, daba cuenta hace pocos días que en la pesca de langostino un marinero recibe entre $21 y $40 por cada cajón de 22 kilos, mientras el promedio de venta en comercios de la región está en torno a los $1000 el kilo. Este desfasaje entre el productor y el precio al consumidor es aún mayor en el caso de los operarios y operarias de las plantas de procesamiento, dónde por cada caja de dos kilogramos de langostino lavado y clasificado, reciben $1,50.
El trabajo allí es a destajo, por lo que las jornadas se extienden hasta 18 horas, obligando a los extenuados operarios a dormir en el piso sobre cajas de cartón. Es que la temporada dura algo más de cuatro meses, finalizada la cual son despedidos por las empresas, o bien son contratados por día. La corta temporada hace que los y las trabajadoras se vean obligadas a autoexplotarse para guardar dinero para el resto del año.
La condiciones laborales son pésimas y los accidentes con productos químicos y herramientas de corte son tan frecuentes como extensa es la jornada. Incluso hace algunos meses hubo un escape de amoníaco utilizado en la refrigeración en una planta de Madryn dónde varios trabajadores terminaron internados.
Ante todo esto el sindicato de la alimentación, (STIA) y el de los pescadores (SOMU), son cómplices de las patronales que, como Alvarez Castellano, amenazan con llevar sus plantas a Paraguay cada vez que se plantea alguna medida impositiva para grabar la actividad. De controles de capturas, respeto de las cuotas, o cualquier tipo de control por parte de las autoridades, ni hablar.
El descontrol en la actividad de las empresa pesqueras es tal que conseguir información al respecto resulta sumamente complejo. No es un problema menor cuando hablamos de un sector que en el 2020 exportó 340 000 toneladas por valor de U$S 1280 millones.
Hace pocos días un equipo interdisciplinario compuesto por trabajadores e investigadores del CONICET– CENPAT, de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco y de la Universidad Tecnológica Nacional lanzaron el Observatorio del Sistema Pesquero Argentino, a fin de sistematizar la información disponible sobre el sector, hoy dispersa en un conjunto de instituciones sin conexión entre sí.
Uno de los datos relevantes que arroja este Observatorio es que el 98% de las capturas se dirigen al mercado exportador. Al mismo tiempo, desde la UTN se plantea una mirada social del sector, centrada en lo laboral, dónde hoy se desconoce incluso la cantidad de plantas de procesamiento existentes en la provincia.
La Fundación Vida Silvestre alertaba el año pasado en torno a las Miles de toneladas de merluza que es desechada como "pesca secundaria" por los buques fresqueros orientados al langostino a raíz del uso de las redes de arrastre. Prácticamente el 40% de las capturas es arrojada al mar según la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, generando una brutal depredación sobre el recurso pesquero y aumentando la contaminación.
Uno de los resultados de ello es el crecimiento exponencial de la población de gaviotas. Algo que impacta sobre otro "recurso económico" como es el turismo de avistaje de ballenas. Las gaviotas picotean el lomo de las ballenas generando profundas heridas que no cicatrizan. Ante ello, el gobierno de Mariano Arcioni propuso que el GEOP de la Policía provincial dispare contra las gaviotas. Una medida en línea con su política de exterminio de pumas, zorros y vecinos, como sucedió con Tino John.
Ante tamaña irracionalidad orientada al negocio de un puñado de capitalistas y multinacionales del saqueo, es urgente abrir un debate que permita establecer criterios racionales para la explotación del recurso marítimo. En principio, la información que aportará el Observatorio del Sistema Pesquero, es de vital importancia para calcular el tamaño del daño provocado y establecer criterios ambientales que limiten la depredación desenfrenada.
Al mismo tiempo es necesario discutir el costo social y laboral que los y las trabajadoras del sector pagan por este sistema irracional orientado a la exportación. Cómo en el conjunto de la economía de nuestro país, atrasado y dependiente, debemos invertir las prioridades poniendo el recurso marítimo en función de las necesidades de los sectores sociales más golpeados por la crisis mediante la generación de trabajo bien pago y con plenos derechos.
La pelea por 6 horas de trabajo, cinco días a la semana, con salario igual a la canasta básica familiar y el reparto de las horas entre ocupados y desocupados es una necesidad inmediata en el sector. Pero también, la estatización bajo control de los trabajadores de las terminales portuarias, es la manera de controlar el comercio exterior y los volúmenes de pesca de las empresas.
Si hoy la irracionalidad de la producción capitalista hace que los barcos que acompañan a los fresqueros para las capturas asociadas sean llenados con más langostino contraviniendo la ley de pesca, para maximizar las ganancias empresarias, resulta evidente que los únicos capaces de hacer valer la protección del recurso que mejor conocen, son las propias tripulaciones ¿Porque entonces no pensar en una flota pesquera estatal controlada por los propios trabajadores que denuncian una y otra vez estás prácticas de las empresas?
La precarización y la depredación hace que la flota deba salir cada vez más lejos a buscar la pesca, lo que causa tragedias como la del Rigel o el Repunte, barcos en malas condiciones llevados más allá del límite establecido para su calado.
Cómo en cada sector de trabajadores, nuestras vidas valen más que sus ganancias, y es hora de pelear por el futuro que queremos en lo ambiental y en lo laboral. Ese es el compromiso de la lista 504A del FITU de cara a unas elecciones dónde el conjunto de los partidos se proponen profundizar el ajuste y el saqueo. Nosotros, como trabajadores que hacemos política, nos preparamos para dar pelea en las calles y en el Congreso junto a los y las trabajadoras ¿Nos acompañas?
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