El viernes, Salta fue tendencia en todas las redes sociales tras la detención de la médica de Tartagal que había realizado semanas atrás una ILE a una joven de 21 años, con 22 semanas de gestación. El proceso legal que se le abre ahora, tras ser liberada con “libertad sustitutiva”, abre un necesario debate acerca de los alcances de la Ley Nacional de Acceso a la Interrupción del Embarazo 27.610, no solo en Salta si no en todo el país.
Lo que pudiera entenderse como una situación aislada (la detención de un profesional de la salud que garantiza derechos) en efecto podría constituirse en la norma, en tanto el Ministerio de Salud Pública de la provincia, a través de la Dirección de Materno Infancia, carece a todas luces de procedimientos normativos y protocolos internos que regularicen el acceso a la práctica, como garantía para la persona gestante y para la defensa y protección de los propios profesionales que de ella participan. Además, desde julio pasado el Gobierno de Gustavo Sáenz dejó sin tareas a trabajadores del Dispositivo de Salud Sexual del Plan para la Prevención del Embarazo no Intencional en las Adolescencias (Plan ENIA), quienes han sido separados de cualquier intervención que tenga que ver con los circuitos ILE / IVE en la provincia, limitando sus actividades al mero monitoreo administrativo de liberación y entrega de medicaciones para la planificación familiar. Y dejando a alrededor de 300 mujeres sin el acceso a la IVE o a la ILE en los últimos meses.
Luego de haber conquistado la inconstitucionalidad de la educación religiosa en las escuelas, hace 4 años, la política del Gobierno provincial (pero también el nacional de Alberto Fernández) en esta materia es un papel mojado y va en contra de privilegiar la Educación Sexual Integral y la garantía de derechos para personas gestantes. Siendo esto ya grave, además acudimos a la persecución de profesionales que están a la cabeza de que se cumplan los derechos conquistados por las mujeres y la juventud en las calles, en una provincia marcada a fuego por la objeción de conciencia, uno de los puntos que el Gobierno del Frente de Todos negoció con las Iglesias en la ley 27.610.
En este contexto, en el que el Gobierno de Sáenz mira hacia otro lado, es imposible esquivar el debate acerca de la eficacia de lo que se viene haciendo. La pregunta obligada es entonces: ¿puede pensarse este caso como un hecho aislado? ¿O estamos en presencia de un claro ejemplo de legislación desde la omisión, que muestra cómo la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida?
Desde el Frente de Izquierda Unidad peleamos por la real aplicación de la ESI en todos los niveles educativos, el no vaciamiento del plan ENIA, la real implementación de la ley IVE sin objeción de conciencia, y nos organizamos por la separación de las Iglesias del Estado. |
