Mientras la violencia machista en nuestro país supera los records cada año, la represión y la criminalización a las colectivas y agrupaciones feministas va en aumento. Hacemos un breve repaso de los principales hechos que han censurado y criminalizado la libertad de expresión y los derechos democráticos de diversas agrupaciones los últimos meses.
Hasta junio de este año, ya se registraban 73 feminicidios en el país, una cifra que nos acerca a romper el récord de feminicidios del año pasado, que fue de 113.
Pareciera que cada año, la violencia machista no hace más que incrementarse, a pesar de las escasas políticas de género que se implantan desde las esferas gubernamentales y municipales, lo que nos demuestra que la solución no está en simplemente exigir más leyes o modificaciones a las mismas -aunque peleemos con todas nuestras fuerzas por algunas, como el derecho al aborto libre seguro y gratuito-, sino que necesitamos develar el rol que el mismo Estado patriarcal, junto con todas sus instituciones, juega en este macabro juego.
Cuando la colectiva chilena “Las Tesis” popularizó la canción de “Un violador en tu camino”, como una denuncia directa al Estado y sus instituciones, siendo categóricas en una de sus frases que rezaba “El Estado opresor es una macho violador”, hacían referencia a este problema estructural del que mujeres en todo el mundo se hicieron eco: que es el mismo Estado el que reproduce y legitima las violencias de las que somos víctimas.
Esto ha quedado más que demostrado en nuestro país en los últimos meses a raíz de varios casos de criminalización y hostigamiento directo a grupos feministas que realizaron acciones de denuncia en diferentes departamentos.
El primer caso sonado, fue el terrible hostigamiento y amedrentamiento que sufrieron las compañeras de las “Mochas Copleras” en Tarija a raíz de una acción callejera donde se realizaron grafitis con denuncias al machismo de la sociedad tarijeña y al interior de los colegios y universidades. A raíz de esto, se inició una agresiva campaña mediática de denuncia alentada por sectores conservadores, fundamentalistas y antiderechos de Tarija en contra de compañeras del colectivo Mochas Copleras principalmente, y contra las trabajadoras de “Cumita móvil”, que sufrieron acoso y amenazas de procesos penales, con la intención de que se auto inculpen del hecho; todo esto con la venia de las instituciones como el Comité Cívico.
La hipocresía con que actuó lo más rancio de la sociedad conservadora de la ciudad quedó completamente develada cuando se apuraron a borrar los grafitis que denunciaban, no solo la violencia machista, sino también de clase y raza que se vive en esta ciudad, pero dejaron pintada una pared que decía “MASISTAS RAZA MALDITA”.
Luego de este caso, el pasado agosto se admitió una “acción de libertad” presentada por Miguel Kavlin, conocido “chamán” acusado de violencia de género, en contra de su víctima y de organizaciones feministas que le brindaron apoyo con el fin de silenciarlas y amedrentarlas. Ante esta situación, nos sumamos a la denuncia al tribunal de Santa Cruz por aceptar este recurso que marcaba un terrible precedente para la libertad de expresión, el trabajo y la seguridad de las agrupaciones feministas en el país. Y repudiamos también que, mientras los casos de víctimas de violencia y feminicidio son continuamente postergados y retardados, el sistema judicial está a la orden del día para encaminar recursos en contra de agrupaciones que velan por los derechos humanos, especialmente por los derechos de las mujeres. Las organizaciones criminalizadas, junto a otras colectivas emitieron un pronunciamiento frente al acoso judicial:
Asimismo, vimos con indignación y repudiamos la persecución, sindicación y amedrentamiento que ejerció un individuo procesado por violencia patriarcal, contra Mayra Ruth Daza Montaño, abogada de la Casa de la Mujer en Santa Cruz.
Finalmente, y para terminar con este recuento de casos de vulneración de los derechos democráticos que se cierne cada vez con mayor gravedad antes las agrupaciones feministas, los pasados días sucedió en Potosí una situación similar a la sucedida en Tarija el pasado julio, es decir, las calles de la ciudad amanecieron pintadas con grafitis feministas que denunciaban la violencia machista en la ciudad. Ante esta situación los ataques no se hicieron esperar, esta vez justamente desde el Concejo Municipal de Potosí desde donde salieron a repudiar el hecho con censura y amedrentamiento a mujeres pertenecientes a la colectiva “Mujeres de plata” y emitieron una resolución de “persona no grata” contra María Galindo, acusada como principal “instigadora” de este hecho, y a integrantes de esta colectiva.
Esta acción busca sobre todo acallar las voces que, desde las calles, se empiezan a sentir con más fuerza en repudio a la violencia machista y la nula respuesta de las autoridades e instituciones encargadas, supuestamente de velar por la integridad y seguridad de las mujeres pero que, al contrario, terminan convirtiéndose en una amenaza más.
Por otro lado, también es importante recalcar en este hecho los dichos homo-lesbo-transfóbicos utilizados por la presidenta del Concejo Municipal Mirtha Guzmán, que se refirió a María Galindo como una persona que “… ni siquiera puede identificarse sexualmente”, además de decir que no le importaba en absoluto el contenido de los mensajes de los grafitis, lo que demuestra que no tienen ningún interés en resolver los problemas estructurales de la violencia machista, sino perseguir y censurar colectivas feministas y defensores de DDHH.
Ante esto, Mujeres Creando, Mujeres de Plata y otras colectivas que se suman al repudio del accionar de las autoridades de Potosí sacaron pronunciamientos de denuncia:
Ante este evidente repunte de ataques contra las mujeres y organizaciones feministas, desde Pan y Rosas nos sumamos al repudio de estos ataques contra las más básicas libertades democráticas, ejercidos por parte de sectores conservadores, fundamentalistas y antiderechos de la sociedad, la iglesia y el Estado y sus instituciones en contra de los derechos de colectivas y como un ataque directo a la libertad de expresión y los derechos democráticos de sus integrantes.
Sin embargo, estamos muy conscientes de que nuestra lucha y repudio no pasa por pedir a diversas instituciones que “por favor” respeten el derecho a la libertar de expresión, a la protesta y denuncia, sabiendo que son ellas las primeras en infringirlo. Por ello es, desde las calles, que debe tomar cuerpo nuestro repudio y lucha para exigir que cese efectivamente la violencia contras las mujeres y las diversidades sexuales y de género; sobre todo hacia las mujeres trabajadoras, del pueblo pobre, y racializadas que sufren doble o triple violencia. Solo organizadas y desde las calles podremos acumular las fuerzas necesarias para develar el rol cómplice del Estado en esta situación, exigiendo a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que cesen de criminalizar la libertad de expresión.
Desde Pan y Rosas llamamos a movilizarnos contra la violencia machista que día a día se incrementa contra las mujeres y las diversidades, sexuales y de género, así como también exigimos que se respete la libertad de expresión, porque sabemos que lejos de conseguir que se reconozcan nuestros derechos elementales a través de vías institucionales, lo hemos logrado siempre a través de las acciones desde las calles de la mano de amplios sectores de mujeres trabajadoras, campesinas, jóvenes y estudiantes.
Compartimos también nuestro pronunciamiento en apoyo a las compañeras que están siendo hostigadas hoy en Potosí:
