En junio Fernández anunció un programa de viviendas para la tercera edad. Testimonios de trabajadores de las instituciones participantes sobre la implementación del proyecto: hasta ahora, ni noticias.
En junio Alberto Fernández anunció de manera grandilocuente un programa de viviendas para la tercera edad en situación de vulnerabilidad habitacional. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación y Pami lanzaron el proyecto Casa Propia-Casa Activa. “Es una revolución gerontológica porque se trata de un modelo de viviendas para personas mayores pionero en Latinoamérica”, dijo la directora ejecutiva de la obra social, Luana Volnovich el día del lanzamiento, que también contó con la presencia del ministro de Hábitat Jorge Ferraresi.
El programa propone la construcción de viviendas “colaborativas” con equipamientos en espacios comunes para el desarrollo de actividades educativas, deportivas y de recreación de jubilados y jubiladas. Se habla de inversión superior a los $ 21 mil millones para la construcción de 3.200 viviendas en 100 complejos habitacionales.
La Izquierda Diario dialogó con trabajadores y trabajadoras de las instituciones participantes sobre cómo se lleva a cabo la implementación del proyecto. “Han venido varias personas para anotarse para la casa que prometió el presidente y como siempre, no tenemos qué decirles porque no nos bajaron ninguna directiva. La gente viene con mucha esperanza de tener la casa propia y vos terminás siendo el malo de la historia al decir que no hay información, pareciera puro marketing”, relata un trabajador de la obra social.
Como suele pasar, la realidad corre por un carril distinto a los anuncios del Gobierno. Los trabajadores no fueron informados al día de hoy sobre la implementación del programa. "La verdad no sabemos nada y mirá que la vivienda es una demanda muy grande entre las personas mayores. No hay planes, ni subsidios, mucho menos créditos. ¿Con qué los pagarían?, afirma una administrativa del ministerio.
La crisis habitacional afecta a alrededor de 3 millones de personas y el Gobierno responde con represión a quienes reclaman tierra para vivir, o con claros ajustes en los beneficios. Meses antes del inicio de la pandemia, Pami suspendió las prestaciones sociales que, aun siendo montos insuficientes, brindaban algún tipo de cobertura habitacional. Lo que llaman una "reasignación presupuestaria" no fue otra cosa que un ajuste a una de las áreas más sensibles del Instituto.
“Quedaron un montón de subsidios sin aprobar y muchos de ellos para pagar el alquiler. Ahora anunciaron casas y empieza a sonar el teléfono pidiendo casas. Una ya no sabe qué contestar. Siempre somos los trabajadores los que ponemos la cara, mientras los funcionarios se llenan la boca hablando de los viejos. No tienen idea del hambre que pasan”, reflexionó otra trabajadora.
Aún resuena la frase del presidente Alberto Fernández cuando afirmó en la campaña electoral de 2019 que, si tenía que elegir entre los bancos y los jubilados, se quedaba con los jubilados. Pero las jubilaciones, que vienen recibiendo aumentos por decreto, mucho menores a lo que correspondía según la suspendida ley de movilidad, siguen con los bolsillos ajustados mientras los bancos y grandes empresas, que han recibido grandes recursos del Estado, siguen abultando sus cuentas.
“Este tipo de viviendas colaborativas implican un cambio de paradigma”, afirmaba Volnovich en la presentación oficial, a la vez que agregaba que “en una sociedad que opera desde el descarte, el Estado debe liderar la búsqueda por una vejez activa, cuidada y en comunidad y pensar en nuevos dispositivos y políticas para una población que cada vez vive más”.
Más del 70 % de los jubilados y jubiladas cobran un haber mínimo y la canasta básica que estableció la Defensoría de la Tercera Edad es casi tres veces mayor (establecida en $64.039 en el mes de abril). Imposible siquiera pensar llegar a fin de mes. Suena como un privilegio poder hacerlo.
Se estima que en el país hay 4.4 millones de personas mayores de 60 años, casi un 20 % son inquilinas.
Hablar de vejez en Argentina es hablar de un sector mayoritariamente pobre, en condiciones de extrema vulnerabilidad y que requiere de medidas sanitarias y alimentarias de emergencia en estos contextos de pandemia. Los distintos gobiernos han usurpado de forma permanente los fondos de los jubilados para pagar deuda externa ilegal y fraudulenta, y en beneficio del financiamiento del Estado. El gobierno de Alberto Fernández no es la excepción. Las actuales y las futuras jubilaciones pierden mientras las ganancias empresarias no se tocan. La crisis está lejos de descargarse sobre todos por igual.
Editorial gráfico. La grieta es entre los jubilados y el FMI | Daniel Reyes
