Repudiamos y denunciamos esta arremetida a la libertad de expresión y el derecho a la protesta social, que busca silenciar toda voz crítica y criminaliza la lucha contra la opresión de género y las desigualdades que alienta, comparando esta legítima lucha con el accionar de los grupos racistas y discriminadores como la RJK (Resistencia Juvenil Cochala), la UJS (Unión Juvenil Cruceñista) que atentaron contra personas por su posición política y/o su origen étnico.
Son ya varios los hechos que vienen amenazando y buscando silenciar las voces de las mujeres y de las disidencias sexuales y de género que luchamos por nuestros derechos. Pero no solamente se coarta el derecho a la protesta de colectivos y agrupaciones feministas que luchan contra la opresión de género sino que el ataque es también contra el pueblo trabajador y los sectores más oprimidos y explotados sobre quiénes se imponen los ajustes y a costa de cuyas vidas e intereses se habla de “pactos de paz” y/o de “gobernabilidad”. Esta arremetida profundamente reaccionaria busca sentar precedente para callarnos y no lo vamos a permitir.
Cada uno de los derechos conquistados los hemos conseguido con lucha y movilización desde las calles. Por eso no esperamos que el Estado, sus aparatos represivos, sus instituciones y su justicia, que sistemáticamente reproducen y naturalizan la violencia machista y sexista, se “sensibilicen”. En una sociedad donde los sectores más reaccionarios como las iglesias cogobiernan, los discursos y políticas que se producen en todos los niveles de Gobierno están al servicio de callar a quiénes interpelamos el statu quo y la heteronormatividad funcional a este sistema capitalista. Entonces no sorprende escuchar las voces como la de la Presidenta del Consejo Municipal de Potosí, Mirtha Guzmán, que declaró “Quiero ser incisiva, mientras yo sea autoridad no vamos a permitir que ningún hijo de vecino sea el Papa o Madona venga a difamar al Pueblo potosino” o peor aún, la declaración del alcalde, Jhonny Llally Huata que afirmó “no me importa el contenido de los mensajes, me interesa sancionar a quiénes grafitearon el centro histórico”.
Con estas declaraciones se pone, una vez más, en evidencia que a la hora de coartar la libertad de expresión y de callar las voces de protesta, todas las autoridades hacen unidad de acción. Pero no solo quieren que callemos sino que tampoco quieren que las paredes hablen y recuerden a esta sociedad machista y sexista que las mujeres y las disidencias, junto con la juventud precarizada y nuestros hermanos de clase estamos para defender las libertades democráticas. Solamente con la organización y la movilización independiente y desde abajo podremos no solo defender la libertad de expresión sino también poner freno a la violencia machista y sexista en todas sus formas.
Es por todo esto que:
Exigimos que se declare improcedente la demanda iniciada contra el colectivo feminista “Mujeres de Plata” y María Galindo, cuya intención real es sentar precedentes que penalicen la libertad de expresión y protesta social a grupos, colectivos y manifestantes que luchan por los derechos humanos de la población más oprimida y explotada.
¡Basta de promover la homofobia! Denunciamos los comentarios discriminatorios contra la comunidad LGTBIQ+ vertidos a través de la presidenta el Concejo Municipal de Potosí quien al referirse a María Galindo lo hizo señalándola como alguien que “… ni siquiera puede identificarse sexualmente”.
Esta declaración hace gala no solamente de su nula consideración con los derechos de esta comunidad sino que además incurre en un hecho discriminatorio que está sancionado por ley. Exigimos que se sancione a esta autoridad y que haga un resarcimiento y una disculpa pública a la comunidad por incurrir en estos comentarios despectivos para las diversidades y disidencias sexuales y de género. Esto es fundamental porque es urgente frenar estos ataques que se enmarcan en un contexto que tiende a ser cada vez más reaccionario y que se acentuó a partir del Golpe de Estado. Por su lado el MAS, que con discursos demagógicos, paternalistas y discriminatorios como los de Juan Ramón Quintana que llama a las comunidad LGBTIQ+ a sumarse al partido de Gobierno para que sean mimados, en los hechos solo hace gestión y política con representantes de los antiderechos como es el caso de Iván Lima, a la cabeza del ministerio de Justicia.
Todo esto solo pone en evidencia las profundas contradicciones e intereses de clase antagónicos en una sociedad estructuralmente racializada como la boliviana. Sino enfrentamos estas arremetidas desde nuestra organización y movilización independiente y desde las calles, tenderán a reforzarse los sectores más reaccionarios como lo estamos viendo.
El derecho a la protesta es un derecho fundamental que protege los derechos de disentir, criticar y exigir, más en un contexto en el que hasta la fecha se han registrado 73 feminicidios, y donde además no se ha llegado a conseguir justicia y verdad por las víctimas de las masacres y de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el golpe y en el Gobierno de Áñez.
La desdeñable acción tomada por el Gobierno Municipal de Potosí, no hace más que demostrar que la justicia es una herramienta de persecución contra quienes se atreven a alzar la voz, y que están lejos de garantizar los derechos humanos de la población explotada y oprimida.
En este escenario y por todo lo señalado llamamos a las organizaciones estudiantiles, a las y los trabajadores, sindicatos, agrupaciones, colectivos y activistas por los derechos humanos, a las feministas y a las diversidades y disidencias sexuales y de género a organizarnos frente a este contexto represivo y a luchar en acción común por cada sector que vaya a ser avasallado por ejercer su derecho a protestar.
¡Basta de criminalizar la denuncia y la protesta!
¡Por el derecho a la libertad de expresión
¡Basta de violencia machista y sexista
¡Por los derechos humanos y las libertades democráticas del pueblo trabajador y de todos los sectores explotados y oprimidos! | 
