El presidente Alberto Fernández abrió la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático desde el Museo del Bicentenario. Del evento participan el enviado especial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry; el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres; así como otros 21 presidentes de la región.
En uno de los pasajes más relevantes de su discurso, el presidente sostuvo que “necesitamos aplicar la emisión de los derechos especiales de giro (DEG) del FMI a un gran pacto de solidaridad ambiental, que incluya esencialmente a países de bajos ingresos y de renta media y que sirva para extender los plazos para poder atender los pagos del endeudamiento y la aplicación de menores tasas”. “Admito que lo menciono desde la Argentina, un país particularmente afectado por el endeudamiento tóxico y depredador”, sinceró, y se refirió al concepto de “deuda ambiental”, aprovechando la oportunidad ante representantes directos del imperialismo yanqui.
Su lógica parte de reconocer y dar por sentado que hay que pagar sí o sí la deuda externa ilegítima, ilegal y fraudulenta. Pero pedirle al FMI que conceda mayores plazos de pago y menores tasas de interés en nombre del cuidado del ambiente, es un sinsentido.
Mientras Fernández da este tipo de discurso, su gobierno destina mil millones para financiar el fracking en Vaca Muerta y dos mil millones para construir un gasoducto con el fin de trasladar el gas desde allí hasta el centro del país para abastecer empresas y exportarlo a Brasil. Esto, con el objetivo de conseguir dólares, que serán destinados a financiar empresas y pagos de deuda e intereses. El extractivismo y la deuda externa son mecanismos de dominación imperialista que van de la mano. No hay forma de compatibilizar el cuidado del ambiente mientras todo el funcionamiento de la economía se ordena en función del pago de la deuda, y tampoco apelar a ese imperialismo para terminar con la matriz extractivista.
“Si bien Alberto ha tomado decisiones puntuales como el cierre de las exportaciones de carnes, desde que asumió viene mostrando un afán por aumentar los dólares logrados con el comercio exterior a como dé lugar. Los caminos para lograrlo, al igual que en el gobierno de Macri que lo precedió o en los de Cristina Fernández y Néstor Kirchner –en esto no hay grieta– pasaron ante todo por estimular el aprovechamiento de los recursos naturales para exportar commodities, ya sea ampliando el agronegocio –lo que incluye la novedosa incursión en los trigos transgénicos–, nuevos proyectos de megaminería, aumentar los estímulos fiscales para el fracking, favorecer la extracción de litio, y apostar a las megagranjas porcinas”, denunció el economista Esteban Mercatante, en el suplemento Ideas de Izquierda.
Además, la actual renegociación de la deuda con el FMI tiene como trasfondo los negocios de la explotación del litio, objetivo estratégico de Estados Unidos en la región, para sus empresas como Tesla. En pos de esto se destruyen los humedales del noroeste del país, para la extracción del recurso al servicio de garantizarle la transición energética a la potencia imperialista. Mientras, la ley de Humedales que se ha presentado sucesivamente en el Congreso y que es activamente exigida por el movimiento ambientalista en el país, es cajoneado por el Frente de Todos y la oposición de derecha. En esto tampoco hay grieta.
La continuidad de la política extractivista a lo largo de los gobiernos, se evidencia en la presencia del canciller Felipe Solá en la cumbre, encargado de su cierre. Recientemente Bregman denunció que este funcionario que "fue el gran potenciador del negocio de la soja transgénica en nuestro país, aparece nuevamente ahora desde otro lugar, no de la Secretaría Agricultura que ocupaba con el menemismo, aparece desde otro lugar con el acuerdo porcino".
al mismo tiempo que el presidente hacía este discurso para la tribuna (electoral), su secretario de energía afirmaba al sitio Patagonia Shale que “luego de que pasemos la veda electoral, el Presidente dará a conocer el proyecto y lo presentará en el Congreso de la Nación”.
¿Por qué hablamos de greenwashing? Discurso vs realidad
Frente al desafío del cambio climático, “la República Argentina ha decidido poner a la acción climática y ambiental en el centro de las prioridades”, aseguró el presidente.
¿Es así? ¿La protección del ambiente es una prioridad para el Gobierno del Frente de Todos? Repasemos el discurso presidencial. Entre otras cosas, como acciones concretas al respecto destacó:
-La elaboración de “un plan nacional de adaptación y mitigación del cambio climático junto con las provincias y actores de toda la sociedad” y la promoción de “tecnologías para la reducción de emisiones de metano y otros contaminantes”
La promoción de la explotación de combustibles fósiles (generadores principales de la emisión de dióxido de carbono, principal responsable del calentamiento global y la crisis climática, tal como acaba de denunciar el alarmante Informe del Panel de Cambio Climático de la ONU de la mano de multinacionales petroleras, en Vaca Muerta, off shore y otras provincias, choca de lleno con este discurso. A la asignación billonaria de recursos señalada arriba se suma el impulso de la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas a medida de las petroleras, que les garantizará libre disponibilidad de divisas, baja de regalías y congelamiento de retenciones, entre otros beneficios. Es más, en un ejemplo flagrante del doble discurso del gobierno, al mismo tiempo que el presidente hacía este discurso para la tribuna (electoral), su secretario de energía afirmaba al sitio Patagonia Shale que “luego de que pasemos la veda electoral, el Presidente dará a conocer el proyecto y lo presentará en el Congreso de la Nación”.
El caso de la provincia del Chaco es paradigmático para observar qué tanto de realidad tienen estas supuestas medidas de las que se jacta Fernández. La instalación de megagranjas porcinas anunciada en esa provincia echa por tierra cada uno de los aspectos del discurso de Fernández. Estas instalaciones, llamadas “fábricas de virus” por científicos especialistas en generación de pandemias y por el activismo ambiental, generan como consecuencia más contaminación del suelo, el aire y el agua por los desechos orgánicos de los cerdos, incluido el Metano y otros gases de efecto invernadero.
También genera mayor deforestación para la construcción de las granjas, así como para la siembra de granos como la soja, destinada a alimentar a los animales. Una actividad absolutamente extractivista que el Gobierno decidió impulsar igual a pesar de la férrea oposición de la juventud que se moviliza para impedirla, en defensa de los recursos naturales y la salud de la población.
-La puesta en marcha de “una mesa de transición para la promoción de las energías renovables y el desarrollo de un complejo productor y exportador de energías limpias y de bajas emisiones basadas en el hidrógeno”
La adopción de energías limpias y renovables como política fundamental del Gobierno, encuentra en el Chaco otra desmentida. Recientemente trascendieron las imágenes del impactante humo negro que emanan las chimeneas de la de la empresa Indunor SA, ubicada en el centro de la localidad de La Escondida. Esta empresa se dedica a la extracción de tanino de la madera del quebracho, es decir, a una actividad extractivista basada en la tala indiscriminada de uno de los bosques más importantes del planeta, el Gran Chaco Sudamericano.
Esa chimenea empezó a emanar mucha más cantidad de humo de lo habitual, luego de que la empresa instalara una planta de producción de energía de biomasa, generada con la quema de los restos de quebracho que quedan después de la extracción de tanino. La empresa accede a beneficios impositivos y subsidios por haber implementado esta supuesta energía “limpia y renovable”, tal como la definió el mismo presidente en la inauguración de dicha planta de biomasa. Vecinos y vecinas de la localidad denuncian problemas respiratorios y que la contaminación habitual de la empresa se recrudeció los últimos meses.
Y esto solo por citar algunos ejemplos. Siguen vigentes las concesiones de explotación de hidrocarburos off shore del macrismo, recurso que el gobierno puso como garantía para el acuerdo con Pfizer. Queda claro a qué se refería Fernández en su discurso: “las lecciones aprendidas con las vacunas en esta pandemia tienen que ser aplicadas a la siguiente pandemia que ya padecemos, la del cambio climático”, dijo.
-Medidas profundas para erradicar “la deforestación ilegal tipificándola como un delito ambiental”
Mientras habla de implementar más leyes, el Frente de Todos cajonea sistemáticamente la ley de humedales, como ya se señaló, en connivencia con la oposición de derecha. Los empresarios del agronegocio, la especulación inmobiliaria y la extracción del litio, tienen vía libre para incendiar el país y destruir los humedales.
Por otra parte, la tasa de deforestación en el Chaco y en varias provincias del norte argentino, es totalmente crítica y no ha dejado de incrementarse a lo largo de las décadas, al calor del avance de la actividad extractivista, agrícola ganadera. Sobre todo, de la expansión de las plantaciones de soja a partir de los años 90.
Con respecto a la tipificación de la tala ilegal como delito ambiental, debe señalarse que ya existe desde el año 2007 la Ley 26.331 de Bosques Nativos (LBN), que no se cumplió jamás. Desde ese mismo año el país perdió 3.500.000 hectáreas de bosques nativos. El ritmo promedio ha sido de aproximadamente 300.000 hectáreas deforestadas por año: el equivalente a la superficie de CABA por mes.
Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a Vida Silvestre (WWF), “en 2018 el 50 % de la deforestación fue en zonas rojas o amarillas. Esto es evidencia de que parte de la pérdida de bosques nativos responde a prácticas ilegales”. Reglamentada recién en 2009, la Ley de Bosques ha sido desfinanciada desde 2010 hasta la fecha. El Congreso de la Nación aprobó durante 11 años las respectivas leyes de presupuesto nacional enviadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Distintas organizaciones y análisis señalan que las provincias han adecuado arbitrariamente las categorizaciones de sus territorios para habilitar la tala en zonas que debieran ser protegidas. La tala ilegal ya está tipificada por la ley actual como un delito, por algo es considerada ilegal, pero las provincias cambian los criterios para “legalizarla”.
-La implementación de “medidas de reducción de la vulnerabilidad de las comunidades”, “con el fin de proteger a los más pobres ante los eventos climáticos extremos”
La vulnerabilidad de las comunidades surge de la actividad extractivista porque arrasa con los territorios de los pueblos originarios y las localidades que se sustentan con las actividades vinculadas con sus tierras. Todo esto, en función de los intereses de los grandes terratenientes, para la expansión de la frontera agrícola, de la megaminería, fracking u otras actividades.
La represión a los pueblos originarios, su demonización y criminalización es una constante a través de todos los gobiernos, de la que el Frente de Todos no escapa. Este desplazamiento de las comunidades tiene como consecuencia el incremento de la pobreza, la falta de acceso a derechos básicos como el alimento y el agua, así como la proliferación de enfermedades y el hambre. Provincias como el Chaco nuevamente y Formosa, ambas gobernadas por gobernadores aliados al Frente de Todos, dan sobrada cuenta de esta realidad.
Por otra parte, el Gobierno se ha caracterizado por desoír los reclamos de comunidades enteras que se han levantado y movilizado en defensa del ambiente. Difícil reducir la vulnerabilidad de las comunidades, mientras se las ataca por organizarse para defenderse. Un ejemplo claro fue la persecución y detención de activistas antimineros de Aldalgalá, Catamarca.
No hay que quedarse con la bronca: las propuestas de la izquierda
Solo la izquierda apoya y participa activamente de las peleas en defensa del ambiente, cuestionando la irracionalidad del sistema capitalista, que, junto a la destrucción de la naturaleza, destroza las condiciones de vida de la humanidad.
Por eso, en estas elecciones el Frente de Izquierda Unidad propone:
-Terminar con la megaminería a cielo abierto.
Fuera las multinacionales imperialistas como la Barrick, Chevron, Yamana Gold y Panamerican Silver.
Prohibición de toda actividad saqueadora y contaminante. No al fracking.
Prohibición de megagranjas porcinas destructoras del medio ambiente, la salud y generadoras de pandemias.
Defensa de los humedales y de los bosques nativos. Prohibición de los desmontes.
Esto, en el marco de un programa más general que parta del desconocimiento soberano de la ilegal e ilegítima deuda externa, y que implica poner en movimiento y articular toda la fuerza de la clase trabajadora en unidad con los movimientos que luchan en defensa de nuestros recursos, contra el saqueo imperialista.
