El miércoles 1 de septiembre, el Consejo Nacional de Rectores, junto con el Programa Estado de la Nación transmitieron el Octavo Informe Estado de la Educación.
Estado de la educación prescolar, básica y diversificada
Para este ámbito educativo, el Informe reveló que existe una gran crisis, producto de problemas estructurales y de fondo no resueltos anteriormente, además de los problemas ocasionados por la pandemia y por rigideces del sistema. Esto ha conducida a una emergencia nacional con respecto a la educación, o, como describe el Informe: “estamos en la peor crisis educativa en varias décadas”.
Con respecto a los problemas de fondo, se señalan rezagos en cuanto a equidad, acceso y calidad educativa, como repitencia, recorte de contenido, exclusión y bajos logros educativos o bases educativas insuficientes, generando lo que se denomina “apagón educativo”.
También se señalan problemas de calidad de infraestructura y ambientes de aprendizaje, pues, ya desde antes de la pandemia, se contaban con más de 800 centros de estudio con orden sanitaria por falta de condiciones óptimas para estudiar y trabajar, o por no contar con acceso a agua potable y electricidad. Esta situación se agravó aún más con la llegada de la pandemia.
Por otro lado, la suspensión repentina de lecciones presenciales recargó muchas de las tareas educativas en manos de madres y padres de familia, desarrollando una escuela improvisada en casa, la cual suponía que las y los estudiantes contaban con apoyo dentro de sus hogares. Sin embargo, el Informe muestra que el 60% de las familias no se encontraban preparadas para dar buen apoyo, especialmente, al tratarse de aquellos hogares en los que la familia contaba solamente con primaria completa o menos.
La exclusión y el apagón educativo ha generado una desigualdad que afecta a los grupos más vulnerables, pues no todos los hogares tienen acceso a conectividad, o equipo y ambiente óptimo para estudiar en casa. Solamente un 37% de los hogares más pobres tenían acceso a una buena conectividad, y, en su mayoría, debían acceder a conectividad a través de un celular; mientras que, en el caso de los hogares con mayores ingresos, la cifra de buena conectividad alcanzó un 80%. En el caso de los equipos tecnológicos como celulares o tabletas, se encuentra que, en los hogares más vulnerables, existe hacinamiento tecnológico, lo que afecta el derecho a la educación. Para mayo del 2020, había 535 000 estudiantes sin conexión a internet, cifra que pasó a ser de 426 000 estudiantes en marzo del 2021, siendo un 40% del total de estudiantes que se encuentran sin condiciones adecuadas para aprender y, por tanto, en exclusión educativa. Esta brecha aumenta al tratarse de regiones fuera del Valle Central, y en hogares donde la pobreza y el desempleo ha aumentado.
Los datos demuestran un aumento de la población estudiantil con bajos recursos, producto de la crisis económica actual que se agravó en medio de la pandemia y que tuvo repercusiones como el recorte presupuestario para la educación. Del 2019-2020 la población estudiantil en pobreza extrema pasó de 186 000 a 297 000, mismo período en el que la inversión en educación cayó en un 8%.
Frente a todos estos problemas, el Informe señala que existe una gestión burocrática que se impone, pues los trámites administrativos aumentaron en la pandemia y han demandado gran cantidad de tiempo y trabajo por encima de otras tareas con mayor importancia a nivel educativo y pedagógico.
Lo que el Informe dice sobre la educación superior
Según el octavo Informe, la educación superior logró articular respuestas efectivas ante la pandemia, “adaptándose rápido y evitando interrupciones del ciclo académico”, “ofreciendo respuestas sociales ante la crisis”, “gracias a un mayor margen para redireccionar recursos”. Además, el Informe menciona que las universidades públicas, como en el caso de la Universidad de Costa Rica, tuvo un fortalecimiento de becas, y flexibilización de matrícula y retiro de materias. Por otro lado, señalan que, de acuerdo a las graduaciones, hay más personas de secundaria que no lograron entrar a las universidades.
Uno de los estudios llevados adelante por el Informe Estado de la Educación a estudiantes de universidades, reveló que más del 50% de estudiantes universitarios padece de ansiedad.
Además, el Informe apunta a que la crisis actual agudiza la situación financiera en las universidades, y pronostica para los próximos 4 años, un estancamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Para resolver la peor crisis educativa en décadas, el Informe Estado de la Educación recomienda la ejecución e, implementación, de un próximo Plan remedial a corto, mediana y largo plazo, como parte de un Acuerdo Nacional que vaya más allá de las elecciones nacionales. Dentro de las recomendaciones, resaltan la promoción de un regreso seguro a presencialidad de las clases y un acceso universal para la conectividad.
Qué hacer con la situación actual. Una mirada más allá del Informe
El panorama presentado por el octavo Informe Estado de la Educación, plantea un escenario de crisis educativa. Sin embargo, a esta crisis también se le suma las consecuencias de las políticas de ajuste que el gobierno del PAC ha llevado adelante, las cuales recaen en los hogares más empobrecidos de las y los estudiantes, y también en el sector docente. La pandemia ha agudizado los índices del desempleo, trabajo informal, precarización laboral y los problemas de salud mental, como lo es el caso del aumento de ansiedad en la población. A esto se le suma la amenaza de la Ley del Empleo Público y la Reforma a las Pensiones.
La crisis económica, además de golpear los bolsillos de los hogares empobrecidos y sector docente, también ha tenido consecuencias con respecto al presupuesto educativo, pues ha habido importantes recortes a la educación.
Para el caso del Ministerio de Educación Pública (MEP), se hizo un importante recorte presupuestario para el 2021 de 300 000 millones de colones, recortando 22 915 millones de colones de becas, 11 000 millones de colones de transporte estudiantil y 6 400 millones de colones del Programa de Comedores Escolares. Se espera otro importante recorte para el 2022.
En el caso de las Universidades Públicas, cerca de 27 000 millones de colones fueron cedidos al Gobierno para ayudar a afrontar la crisis sanitaria y económica; sin embargo, siguen sin ser devueltos, y en el 2019 hubo un recorte aplicado por la Asamblea Legislativa de 10 000 millones de colones al FEES. Tampoco hay que olvidar las constantes amenazas de recortes que surgen por parte de la Asamblea Legislativa y la Comisión de Enlace del FEES, que atentan contra la educación superior pública.
Ante este panorama, el Informe muestra dos ideas que son necesarias cuestionar. La primera, es que señalan que, si no hay movilidad social a partir de la educación, la pobreza en hogares vulnerables aumenta. Los problemas de desempleo, precarización y trabajo informal, no desaparecen, mecánicamente, en la medida en que más personas se gradúen del sistema superior. Estos problemas deben atacarse de forma tal que la clase trabajadora se organice a partir de un plan de lucha, por la defensa de los salarios, la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, contra los ajustes fiscales y proyectos que empobrecen nuestras vidas y que vienen a ser un factor que influye en la exclusión educativa. Para esto, también, es necesario no pagar la deuda externa, sino más bien destinar ese presupuesto para solventar problemas en los centros de estudio y de trabajo.
En este sentido, nos alejamos de la visión del Informe, que culpa a la Huelga General del 2018 y la huelga del 2019, como parte de los factores que afectan en el apagón educativo. Reivindicamos la importancia de las huelgas y las manifestaciones, como forma de reclamar derechos, y reivindicamos los métodos de auto organización de la clase trabajadora, para obtener victorias.
Problemas en el sector docente
La gestión burocrática y el aumento de los trámites administrativos en medio de la pandemia, fue uno de los factores que contribuyó a que el sector docente tuviera sobrecarga laboral.
En medio del aumento de muertes y/o contagios por Covid-19, el sector docente realizó una protesta el 7 de mayo de este año, para manifestar la disconformidad con la presencialidad impuesta por el MEP, que ponía en riesgo la salud, pues “¿cuántos funcionarios más deben morir para ser escuchados?”. Dentro del sector docente universitario, la pandemia también ha traído sobrecarga laboral.
Ante esta situación, surge la interrogante con respecto a las condiciones de trabajo planteadas. Es necesario plantear un tipo de educación que sea asumida desde otro ángulo, que contemple condiciones de estudio, de trabajo y de vida dignas, y que sea garantizado a partir de la auto organización, que les permita tomas las decisiones en cuanto a su trabajo, decidir sobre la cantidad de estudiantes en sus aulas y que exista una contratación masiva de docentes que se encuentran en desempleo, sin que esto signifique una reducción de salario para quienes trabajan actualmente.
Otro panorama de las Universidades
Si bien el Informe revela en términos generales una buena respuesta por parte de la educación superior para amoldarse a la pandemia, quienes cursamos la universidad tenemos otra visión.
La Universidad de Costa Rica (UCR) tuvo una política antidemocrática, elitista y excluyente, pues muchas y muchos estudiantes se vieron en la obligación de no poder continuar sus estudios virtuales, por falta de internet, problemas pedagógicos para adaptarse a la virtualidad, o falta de ambientes óptimos para estudiar.
A todo esto, se le suman becas que no cubren los costos reales de la vida universitaria, donde había estudiantes que recibían 5 000 colones para su alimentación durante, mínimo, 15 días.
Además, la crisis de falta de cupos dejó a miles de estudiantes sin poder matricular los cursos correspondientes a su plan de estudios, así como el problema del sector estudiantil de salud que debía realizar internado. Solamente en el 2021, hubo manifestaciones en defensa de las becas, denunciando el acoso y hostigamiento académico, la crisis de salud mental, y la falta de cupos por parte de estudiantes de salud y formación docente.
Aunque la UCR tuvo respuestas para ayudar a la sociedad, como la elaboración de respiradores, pudo haber aportado muchos más recursos materiales e intelectuales, si hubiera tenido una orientación cuyo enfoque fuera mitigar la crisis, destinando más dinero a esa labor, en lugar de al pago del préstamo con el Banco Mundial.
Por otro lado, es preocupante que existan tantas y tantos estudiantes que no logran ingresar a las universidades públicas, o, que ingresan, pero las condiciones elitistas, excluyentes y antidemocráticas de la universidad, les terminan excluyendo.
Ante este panorama, es necesario que exista una orientación de no pago del préstamo con el Banco Mundial y el voto universal dentro de la universidad junto con un gobierno de estudiantes y trabajadores, para que las decisiones políticas y presupuestarias recaigan en estos sectores. Además, poder destinar el dinero a mejores becas que cubran los costos reales que implican las distintas vidas universitarias, apertura de más cupos y cursos, y ¼ de plazas en propiedad a docentes que actualmente se encuentran en interinazgo. Por último, debe eliminarse el examen de admisión y existir acceso irrestricto a las universidades públicas, para garantizar el ingreso de la juventud de la clase trabajadora.
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