Fotografía: vtv
Luego de tanto atraso, es ahora que los presidentes de las principales federaciones sindicales de trabajadores públicos, Fedeunep y Fentrasep, señalan que “programarán las acciones sindicales pertinentes, como asambleas en los organismos, concentraciones, toma de calles, movilizaciones y marchas, para que se reanuden las negociaciones del contrato marco”. Es que ha sido esta burocracia sindical la que con toda su pasividad, aceptando las promesas del gobierno, en los hechos ha frenado toda lucha seria.
Casi diez años de mora
La convención colectiva, contrato marco, de los empleados (as) públicos, jubilados y pensionados firmado el 2 de enero del 2003 pero que venció en el año 2006, ampara a 2 millones de trabajadores. Desde hace más de 9 años, este sector apenas ha podido percibir aumentos de salario mínimo y tabulador de sueldos decretados por el Ejecutivo.
Era enero del 2014, con 345 convenciones colectivas vencidas, que Antonio Suárez, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), declaraba que la discusión del contrato colectivo que había expirado en 2006, se encontraba congelada porque el gobierno “no quiere negociar con Fedeunep y Fentrasep, debido a que no han hecho elecciones” y que el Ministerio del Trabajo “no acepta negociar con sindicatos de base cuyas directivas no están legitimadas”.
No fue sino hasta mayo del pasado año cuando se presentó el proyecto de contrato en las propias manos del Presidente Maduro, quien prometió que en dos meses estaría definitivamente firmado. Pero para noviembre, cinco meses después, apenas se habían acordado las primeras 8 cláusulas, tres de ellas diferidas según Franklin Rondón, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), quien sobrecargando de ilusiones a millones de trabajadores públicos prometía entonces “avanzar en las cláusulas de carácter económico” e invitaba a los trabajadores a que asistieran el 17 de noviembre a un nuevo acto con Maduro y que “a esa actividad con el presidente Maduro, donde estaremos cerrando filas una vez más, así como dijo el comandante Chávez, me la juego con la clase obrera, Maduro ha dicho me la juego con los trabajadores y nosotros le decimos también: no las jugamos con el presidente obrero”.
Pero lejos de jugársela con la clase obrera, y pese a la nueva promesa de firmar el contrato colectivo para finales del año pasado, el Ministerio del Trabajo paralizaba el 21 de diciembre las negociaciones. ¡Cuán lejos estaba esta burocracia sindical de las exigencias de la base laboral a la que dice representar! El 21 de enero estos dirigentes recibieron como una “grata sorpresa” el discurso de memoria y cuenta del presidente Maduro donde anunciara un pírrico incremento salarial de 15%, y más aún cuando declaraba: “Ayer el presidente demostró con estos anuncios que va a seguir profundizando su política social”. Pero el contrato seguía paraliado.
El proyecto de contrato introducido en mayo de 2014, que sería válido para el período de tres años 2014-16, para marzo de 2015 solo se habían negociado un 80% de las cláusulas, pero el resto comprendían las cláusulas económicas que estaban trabadas. El burócrata Antonio Suárez de la Fedeunep con una supuesta pose de luchador declaraba que “el atraso en la negociación ocasiona la devaluación de las aspiraciones económicas de los beneficiarios de la contratación colectiva”, pero termina proponiendo apenas “una revisión del proyecto para dar un aumento salarial por cada empleado en lugar de aplicarlo a las escalas de sueldo”, afirmando también que el contrato “será firmado muy pronto”. ¡Cuánto cinismo!
Pero cuando se cumpliera un año de introducido el proyecto de contrato, en mayo de 2015, lejos de movilizar a los más de dos millones de trabajadores públicos, el Fentrasep liderado por Rondón convocó a reunión con las alcaldías y gobernaciones en la ciudad de Caracas “para agilizar el pago de los obreros de la administración pública”, mientras solicitaba al vicepresidente Jorge Arreaza reanudar la comisión negociadora.
Sin tiempo para ilusiones, la movilización independiente marca el camino
Las burocracias sindicales y el gobierno son responsables de la mora por la firma de los contratos colectivos, mientras la inflación se ha tragado y se continúa tragando cada uno de los pírricos y extemporáneos “aumentos” de sueldo decretados por el Ejecutivo Nacional.
Al tiempo despilfarrado por estas dirigencias burocráticas en alentar ilusiones en los más de dos millones de trabajadores del sector público, se suma el peso del alza inflacionaria y los distintos mecanismos que aceleran la caída de los salarios en medio de la profunda crisis económica que recae con más fuerza sobre los trabajadores y los hogares pobres.
Resulta evidente que no serán estas dirigencias sindicales burocráticas, encargadas de sembrar confianza en el gobierno y contener la iniciativa de los trabajadores para exigir sus derechos. Quienes realmente podrán conducir las luchas de este sector hasta el final ser los más de dos millones de trabajadores públicos tomando la pelea en sus manos, organizándose, eligiendo organismos de lucha con delegados electos desde las bases en cada oficina, lugar de trabajo, apoyándose en la movilización y las acciones directas votadas democráticamente entre todos, que se podrá garantizar una lucha consecuente por convenciones colectivas verdaderamente cónsonas con la realidad económica que vive el país.
Evitando así que la lucha siga siendo traicionada por las burocracias y al mismo calor de la lucha puedan avanzar en desplazar y rebasar estas dirigencias burocráticas por verdaderas direcciones colectivas, y peleando con una completa independencia de los partidos de gobierno, como el PSUV, y los partidos patronales opositores aglutinados en la MUD, que en los hechos tienen el acuerdo tácito de que sean los trabajadores los que sigan pagando la crisis. |
