Cerrar en forma “desordenada” las centrales nucleares de las que son propietarias. Esa ha sido la respuesta de las empresas eléctricas al anuncio del Gobierno de un plan para abaratar la factura de la luz, aunque el mismo consiste en una serie de tibias medidas que apenas afectan los superbeneficios del oligopolio.
La amenaza se hizo a través del Foro de la industria nuclear, un organismo que integra a las eléctricas, las centrales nucleares y otras empresas del sector. Argumentan que el plan presentado este martes tras el Consejo de Ministros, junto a la “excesiva presión fiscal actual” llevaría al "cese de la actividad de todo el parque nuclear".
Para las nucleares, “este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear”. En un comunicado publicado este martes por la tarde explican que “el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear”.
Por ello, amenazan con el “cierre desordenado” de las plantas nucleares y aseguran que “conducirían a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad”.
El comunicado constituye un verdadero chantaje con tufo a “golpe eléctrico”. Todas las centrales nucleares del Estado español son propiedad de las grandes eléctricas del país. Es decir, todas pertenecen a Iberdrola, Endesa, Naturgy y, solamente en el caso de la central de Trillo, hay además participación de EDP. Un oligopolio forjado durante décadas, desde el franquismo hasta los gobiernos del PSOE y el PP, que forma parte del núcleo duro del capitalismo español. Y que, una vez más, golpean el puño sobre la mesa para mostrar quien es el que manda.
Las medidas del Gobierno: un plan tibio e impotente frente al oligopolio eléctrico
El Gobierno ha aprobado un “plan de choque” para abaratar un 22% la factura de la luz, que hace meses supera día a día máximos históricos. Para ello, el Consejo de Ministros ha acordado limitar muy moderadamente los superbeneficios de las eléctricas a través de una minoración temporal sobre el exceso de retribución que las empresas están obteniendo al aplicar sobrecostes a la generación de electricidad limpia que no deberían incluirse, así como la limitación de la subida de precios del gas y rebajas fiscales. Todas medidas temporales, ya que serían aplicadas solo hasta marzo de 2022, cuando se prevé que los precios de luz y gas se estabilicen. El plan incluye también un aumento de la protección de los consumidores vulnerables y modifica la Ley de Aguas para poner freno al vaciado de embalses practicado durante el verano por algunas compañías energéticas.
Una serie de tibias medidas que muestran toda su impotencia frente al oligopolio eléctrico, al que la más mínima medida redistributiva es respondida con terrorismo eléctrico, amenazando con generar una crisis de proporciones dejando al país sin un 25% de energía eléctrica.
Expropiación sin pago y bajo control obrero
La energía es un sector estratégico de la economía dominado por un puñado de corporaciones fortísimas y una vinculación orgánica con las principales instituciones y partidos del Régimen del 78. Al igual que la banca o las constructoras, son empresas para las cuales se ha tenido durante décadas una política de Estado que blinda sus intereses y beneficios.
Romper con la dictadura de las eléctricas, para obtener una producción y distribución racional con precios razonables y al servicio de la mayoría social significa enfrentarse al actual régimen político.
Por ello, frente al oligopolio eléctrico el programa social liberal del gobierno del PSOE y Unidas Podemos es completamente impotente. El único programa que puede parar el chantaje y resolver integra y efectivamente la crisis energética, abaratar el costo de la luz y planificar racionalmente una transición verde es la expropiación sin pago de todas las empresas de energía para ponerlas a funcionar bajo el control democrático de sus trabajadores y de la comunidad de usuarios.
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