Dicha ley que fue presentada por Ricardo Baptista y Noemí Zitle Rivas, ambos del Morena, recibió 15 votos a favor por diputados del mismo partido, mientras que el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) votaron en contra.
Inmediatamente después de que se diera a conocer la intención de la bancada morenista, cientos de estudiantes tomaron las calles en la Ciudad de México rechazando que desde un congreso se les impusiera una reforma sin consultarles.
A nivel nacional, distintos sectores del régimen político y universitario se han pronunciado en contra de este intento de reforma colgándose de una supuesta defensa a la democracia del poli. Empezando por el director Arturo Reyes Sandoval -quien fue nombrado el año pasado por López Obrador para encabezar el instituto en la búsqueda de un consenso entre los distintos grupos de poder del Instituto-.
Posteriormente el propio López Obrador se pronunció en apoyo al director y dijo que el politécnico había funcionado bien desde su fundación “formado ingenieros, técnicos, profesionales con dimensión social, muy buen nivel académico, profesionales que no se desvinculan del pueblo, de la gente, no le veo sentido a quitarle la esencia, el espíritu, lo que dio lugar a la creación del politécnico.” Lo que evidencia esta declaración, es que el partido del gobierno, una vez más no tiene acuerdo.
Hace unos cuantos días, los directores de las universidades estatales de la región Centro Occidente de la ANUIES se pronunciaron también contra la reforma hidalguense y declararon que estaban en defensa de “la educación de calidad, imparcial y apolítica. Defendamos la autogestión y organización del IPN, que históricamente ha mostrado con creces su valía y su encomiable proceder en su tarea de formar profesionistas e investigadores altamente competentes e íntegros”.
Pero ¿qué hay de fondo en esta disputa? ¿De verdad los caciques universitarios y la ANUIES quien se encarga de pasar las recomendaciones privatizadoras de la OCDE, ahora están “en defensa del poli? Más bien sus declaraciones tienen todo el carácter de la defensa a ultranza del actual estatus quo del politécnico, no del derecho de su comunidad a ser quien decida de manera democrática el rombo de su universidad.
Autonomía sí o autonomía no ¿Es esa la discusión?
El principal argumento de las autoridades politécnicas y de los políticos del régimen que rechazan el intento de reforma es que esta viene por parte de sujetos externos al IPN que no conocen las necesidades del mismo. Pero, ¿de qué necesidades hablan? ¿Acaso el director que cuenta con un sueldo de 92 mil pesos mensuales conoce las necesidades de su comunidad en la que hay trabajadores subcontratados y docentes con contratos temporales?
Dicen defender el funcionamiento interno del politécnico, pero al interior de este existen distintos intereses: los de las autoridades universitarias que en el 2014 intentaron imponer un nuevo reglamento interno e hicieron todo lo posible para que nunca se realizara el Congreso Nacional Politécnico (CNP) y la de la comunidad: estudiantes docentes y trabajadores que en el marco de la pandemia han visto empeorar las condiciones de por sí ya precarias de la educación.
Ahora bien, ¿por qué el interés de la bancada hidalguense del Morena en convertir al IPN en un organismo descentralizado? Ricardo Baptista ha alegado que el objetivo principal de la reforma votada, busca que el IPN tenga la normativa necesaria para estar acorde a la nueva Ley General de Educación Superior (LGES) dándole personalidad jurídica propia al instituto.
La LGES se presentó como una política que pretende regular y coordinar al conjunto de instituciones de educación superior, por lo que se presenta como una oportunidad para modificar la Ley Orgánica del IPN en concordancia con el objetivo planteado en la LGES de favorecer la “participación democrática” de las comunidades entorno a la toma de decisiones. Pero esto no es más que retórica, pues no se toca ni en la ley general ni en la reforma a las estructuras antidemocráticas y lo único que privilegia es la creación de un Consejo Académico que perpetúa dicha antidemocracia.
Además, no hay que olvidar que detrás de esta ley están sectores que históricamente han sido los responsables del golpeteo a la educación pública como la ANUIES, la SNTE y los caciques universitarios.
Baptista además declaró en una entrevista con Aristegui Noticias, que esta reforma fue elaborada por un grupo de académicos del IPN y que previamente había sido presentada en el 2018 por el entonces director del instituto por lo que no se trata de agentes externos como han planteado diversos sectores, además dijo que hay intereses oscuros que han engañado y manipulado al director del IPN para mal entender la intención de esta reforma, pues no buscan la autonomía sino la descentralización.
¿Qué democracia hay que defender?
De fondo hay una instrumentalización de la retórica de “democracia” y la pertenencia al politécnico tanto de quienes defienden la reforma como de quienes la rechazan, pero como hemos explicado en esta nota, no se trata más que de la apropiación de las demandas de la comunidad politécnica para ser ocupadas como botín político, tanto de un lado como de otro y disputar cotos de poder al interior del instituto.
Como explicamos acá, los rectores de distintas universidades ocupan el argumento de la autonomía y la autodetemrinación de las universidades para mantener sus cotos de poder mediante el cual tienen el control de la distribución de presupuestos y colocar a su gente como altos funcionarios de las distintas universidades.
En este sentido, los y las estudiantes, trabajadores y docentes del IPN, no pueden confiar ni en aquellos que quieren imponer reformas ni en quienes dicen defender al poli para que se quede todo como está, deben organizarse de manera independiente y con la movilización en las calles para defender los derechos conquistados con la lucha y en el camino de arrancar aún más, como lo sería la basificación de todos los docentes contratados de manera temporal y trabajadores subcontratados, el mejoramiento de las escuelas y laboratorios la implementación de un programa de becas serio que alcance a cubrir al 100% de la matrícula que junto a otros derechos como comedores, transporte y hasta dormitorios subsidiados, garantice que nadie tenga que dejar de estudiar y que incluso se amplíe la matrícula para que se cubra toda la demanda educativa.
Actualmente la LGES no contempla un aumento al presupuesto educativo sin el cual es impensable avanzar en todas las demandas antes planteadas, por eso es fundamental la lucha del conjunto del sector educativo por un aumento al presupuesto educativo de por lo menos el 10% del PIB, dinero que debe venir de dejar de pagar la fraudalenta deuda externa y del cobro de impuestos progresivos a los empresarios que se enriquecen del trabajo de la clase trabajadora y que además han aprovechado la pandemia para lucrar con nuestra educación.
La lucha por la democratización de las universidades, únicamente puede venir de aquellos y aquellas que verdaderamente le damos vida a las instituciones educativas. | 
