Terminada la conciliación obligatoria y tras la ofensiva de la patronal Cresta Roja de Rasic Hnos. que promovió más de 700 despidos, los trabajadores respondieron firmemente con la paralización de las dos plantas ubicadas en La Unión y El Jagüel respectivamente; fueron dos días consecutivos de corte de rutas y vigilia en las puertas del establecimiento.
La mediatización del conflicto puso en alerta al gobierno nacional, quien tuvo que intervenir directamente para solucionar el conflicto y evitar que se prolongue a días de las elecciones PASO. Así, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires junto con el ministro de Seguridad Granados, los intendentes de Esteban Echeverría y Ezeiza, además del ministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada y el jefe de Gabinete provincial Alberto Pérez se vieron en la necesidad de involucrarse y proponer a la empresa ceder ante los reclamos.
Asimismo, el involucramiento de los delegados del FTIA (Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación) generó un total repudio y un fuerte descrédito, ya que vienen permitiendo los ataques y chantajes patronales con deudas de sueldos, aguinaldos y amenazas de cierre.
La primera propuesta se trató de una reapertura de ambas plantas pero con reducción de horas laborales a 6, lo que redundaba en una baja del sueldo en el orden del 20%. Esto fue rechazado rotundamente por las asambleas obreras. Luego acercaron una nueva propuesta que incluía el pago de las quincenas adeudadas junto a los días caídos, pero mantenía un pago en cuotas del aguinaldo.
Al momento la propuesta que tuvo como vocero a Gastón Granados -presidente del club Tristán Suárez e hijo del ministro Granados– también fue rechazada masivamente y los obreros exigen el pago inmediato de todo lo adeudado. En estos momentos se encuentran en asamblea resolviendo los pasos a seguir.
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