¿Qué es el nuevo Decreto “green pass bis”?
El Decreto Ley del 6 de agosto, que introdujo la adopción específica en Italia del "pase verde", que acaba de ser aprobado por el Parlamento, ya ha sido actualizado por un decreto de pase verde “bis", aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros el 16 de septiembre, que será sometido a las cámaras a partir del próximo lunes -con una repetida gran mayoría, casi segura, para aprobarlo. Así pues, se producirá una evolución de la situación actual, en la que el certificado se exige para acceder a muchos lugares de ocio y sociabilidad y ya se impone a algunos sectores de trabajadores (como los profesores y el personal sanitario) con sanciones para quienes no lo tengan, es decir, que no se hayan recuperado recientemente del Covid, no se hayan hecho un test en las 48 horas anteriores o no se hayan vacunado.
Italia es así el primer país occidental que extiende el llamado pase verde a todos los trabajadores, 23 millones de personas, para acceder al lugar de trabajo: sólo la minoría que aún practica el teletrabajo ("smart working") está exenta. De hecho, se ha introducido la semi obligatoriedad de vacunación en el país.
Esta es la principal medida del nuevo decreto, que estará en vigor desde el 15 de octubre hasta el 31 de diciembre, fecha en la que finalizará el segundo "estado de emergencia" decidido por el gobierno. Pero veamos más en detalle el decreto:
El pase verde se puede obtener siempre con la recuperación de Covid-19, con la vacunación o durante 48 horas con el hisopado (72 horas si es el hisopado molecular); el requisito del pase verde para acceder al lugar de trabajo se extiende a todos los trabajadores cuentapropistas (públicos y privados) y a los autónomos; el control del pase verde se delega en los empresarios, que también pueden hacerlo sólo de forma aleatoria; en cualquier caso, para quienes sean encontrados sin pase verde en el lugar de trabajo, hay multas de 400 a 1.500 euros; la ausencia de pase verde no es una causa justa de despido pero a los empleados públicos se les suspende el empleo después de 5 días consecutivos sin pase verde (durante los cuales están "ausentes sin permiso"), mientras que a los empleados privados se les puede suspender el primer día; en cualquier caso, no se les paga durante estas suspensiones.
Hasta el 31 de diciembre, los hisopados tendrán un precio reducido de 8 euros para los menores y de 15 euros para los adultos, mientras que serán gratuitos para los exentos de la vacuna (es decir, los que padecen determinadas enfermedades y condiciones de salud que hacen realmente peligrosa la administración de la vacuna).
El objetivo de estas medidas es, tal y como afirmó el comisario extraordinario, el general Figliuolo, la "inmunidad social", es decir, un efecto "manada" de contención de la propagación del virus: en concreto, la consecución a mediados de octubre de 44 millones de personas, el 81,7% del total vacunable -recientemente se alcanzó el 76,1%, es decir, el 68,6% de la población total.
En concreto, según los datos del Gobierno, casi 14 millones de empleados tienen ya el pase verde, mientras que 4,1 millones aún no lo tienen. Es entre estos últimos donde se concentra el grupo de edad de 50 a 59 años, que tiene la mayor densidad de personas no vacunadas y donde han proliferado las posiciones de abierta oposición a la vacunación, sobre todo por el miedo a los efectos secundarios y la tesis de la ineficacia sustancial de la vacuna: posiciones que desde hace tiempo los datos tienden a desmentir punto por punto, pero que la comunicación popular sobre la pandemia no ha sabido reabsorber.
De hecho, muchas veces la discusión se exacerba con tonos de choque de civilizaciones entre "pro-vax" y "no-vax", metiendo en el mismo caldero a los reaccionarios más evidentes y convencidos del tipo Trump o Bolsonaro (en su mayoría pequeños-medianos propietarios), con sectores de la población pobre dando respuestas populistas-individuales a su desconfianza en las instituciones, a personas que aún dudan, tal vez porque gozan de buena salud y aún no están afectadas por el virus. Así, una minoría muy clara de antivacunas con posiciones efectivamente inaceptables fue presentada como una masa muy peligrosa de enemigos del pueblo. Pero el fracaso del "efecto bola de nieve" de las manifestaciones "antidictadura" -que ya se han apagado- desmiente por completo esta retórica.
El green pass es una continuación de la “cura Confindustria”
El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, acompañó el decreto con el lema "hacer más seguros los lugares de trabajo y reforzar la campaña de vacunación".
Sólo podemos estar de acuerdo con el concepto abstracto de puestos de trabajo "seguros", aunque siguen muriendo más de 3 trabajadores al día (ante lo cual ningún gobierno toma nunca "medidas contundentes"), y de la necesidad de cubrir al mayor número posible de personas con vacunas contra el Covid-19.
La cuestión es que los dos decretos son, en realidad, la continuación por otros medios de la "cura de Confindustria", la organización de las grandes patronales industriales: la lógica que llevó al gobierno, a sus partidos y al aparato mediático que los apoya a reducir la solución de la pandemia a una mera campaña de vacunación, es la misma que ha caracterizado la línea de reapertura casi total de las actividades económicas ya durante la primera cuarentena del año pasado. No se trataba, ni se trata, de abordar en profundidad, con todas las herramientas técnicamente posibles, las raíces de la pandemia de Covid-19, sino de asegurar la mayor continuidad posible de la actividad empresarial, es decir, los beneficios de los patrones. Por eso, el año pasado, cualquier actividad, incluso las que no tenían nada "esencial", tenía que reabrir sin falta "y si alguien muere, paciencia" (como sostuvo por aquél entonces un ejecutivo de Confindustria de la región de Le Marche), así como que si seguían muriendo personas mayores "improductivas", era un daño aceptable (como escribió el gerente de medios sociales en el perfil de twitter del gobernador de la región de Liguria, Giovanni Toti).
La cuarentena en espacios domésticos reducidos, la caída de los ingresos y la pérdida masiva de puestos de trabajo, el riesgo diario de infectarse en lugares de trabajo inseguros y en transportes públicos poco concurridos, la posibilidad real (y a menudo letal) de no disponer de las instalaciones, los medios y el personal médico tanto si están infectados por Covid como si están enfermos "normales", ha sido la vida cotidiana de decenas de millones de personas de clase trabajadora y pobres en nuestro país.
Nunca ha sido el problema de los capitalistas, de los ricos, de los privilegiados que se sientan en el parlamento y que no tienen ninguna razón seria ni para oponerse a la línea de "las ganancias primero" ni para desafiar las medidas autoritarias con las que los gobiernos de Conte y Draghi han actuado de forma constante durante casi dos años para gestionar la crisis pandémica.
Es a la luz de esta oposición de clase que debe leerse la "pesada" adopción del pase verde en Italia: es una herramienta que puede ser utilizada, si hay cierta voluntad política, para descargar la crisis pandémica en gran medida sobre la clase trabajadora, continuando sin proporcionar adecuadamente un aumento de la financiación para la salud pública, y sin adoptar medidas sanitarias más amplias y estructurales, incluso en la fase anterior a la difusión de las vacunas. La eliminación de este hecho político básico ha llevado y seguirá llevando el debate en la izquierda, en la clase obrera, en los movimientos, a discutir básicamente a partir de los guiones preparados por la gran industria farmacéutica, por los capitalistas, por sus gobiernos, centrándose en las medidas puntuales (como el pase verde) en términos absolutos, separándolas del contexto político general y quedándose sobre todo en la perspectiva de la lucha contra la pandemia país por país, sobre la base del clima de "unidad nacional" que los gobiernos han logrado imponer, al menos por un tiempo, un poco en todo el mundo.
El pase verde clasista es productos de la perversa gestión de la crisis
El asunto, por el contrario, cuestiona tanto la situación estructural de la sanidad en Italia y en el mundo tras décadas de recortes y privatizaciones, como la necesidad de abordar la pandemia a nivel global, algo que la competencia entre estados y entre empresas farmacéuticas oligopólicas impide, anulando gran parte de la eficacia potencial de la lucha contra el Covid-19.
Es así como en lo fundamental faltaron medidas para reforzar, por un lado, los centros hospitalarios y asistenciales, y por otro, el aparato de producción y distribución de vacunas. Esto ha dado lugar a ganancias escandalosas para unas pocas farmacéuticas privadas gigantes que tienen las patentes de las vacunas (fuertemente subvencionadas con fondos públicos), un acaparamiento desproporcionado y vergonzoso de vacunas por parte de un puñado de países más ricos, y un retraso devastador en la campaña mundial de vacunación en los países periféricos, especialmente en África donde es casi nula.
La lógica que subyace a estas diferentes fases de la gestión de la crisis pandémica, repetimos, es en última instancia la misma: la prioridad es la recuperación económica, entendida como la posibilidad de que los capitalistas obtengan ganancias. La garantía de una renta fija, de un empleo, de la posibilidad de vacunación por parte de la población pobre no existe ni tiene por qué existir... y si tienen que morir unos cuantos millones de personas por ello, que así sea.
La prioridad nunca ha sido vencer la pandemia en el menor tiempo posible utilizando todos los medios sanitarios, técnicos y económicos posibles.
Esto es lo que defienden la patronal y sus gobiernos, tanto en Italia como en el resto del mundo, apoyándose en la retórica de la responsabilidad individual de las clases subalternas: los patrones que a sabiendas hicieron trabajar, enfermar y morir a sus empleados en condiciones inseguras, se salieron con la suya y los grandes medios de comunicación no los presentan como enemigos públicos.
Queda entonces claro que no es en absoluto una cuestión indispensable la adopción del pase verde. No ha estallado ninguna "guerra entre naciones" por las diferentes políticas adoptadas por los países de la UE sobre el uso del pase verde para actividades y viajes dentro de las fronteras nacionales. Medidas bastante diferentes incluso entre países que se encuentran en un punto muy similar en sus campañas de vacunación: dependiendo de las diferentes combinaciones de gobierno y del empuje de la clase dirigente de cada país, las medidas "técnicas" adoptadas siguen siendo muy variadas, y la adopción del pase verde a niveles comparables a los de Italia se encuentra en muy pocos países, como la Francia de Macron (uno de los presidentes más represivos y antiobreros de la historia de la república francesa) y la Grecia del gobierno de Mītsotakīs, al frente de una coalición de derechas. En este punto, la defensa acrítica (o casi acrítica) del pase verde por parte de la izquierda debería suscitar al menos algunas dudas, sobre todo a la vista de las contradicciones evidentes, como la ausencia total de controles (y de una mejora adecuada) de los transportes de cercanías y regionales, combinada con la obligatoriedad del certificado verde en los trenes de alta velocidad, que en general ya son mucho más seguros por los filtros de ventilación instalados, que obviamente no existen en los trenes ordinarios para pobres.
Luchar por nuestra clase y por el derecho a la salud de todos
Por lo tanto, si tenemos en cuenta la dinámica de clase que hay detrás de la gestión de la pandemia y de las medidas individuales como el pase verde, tenemos claro que una solución a favor de los trabajadores y el pueblo trabajador, los explotados y oprimidos sólo puede ser promovido e impulsado por el movimiento obrero y los propios movimientos de emancipación. No por los partidos gobernantes o por sectores populistas "libertarios" más o menos dirigidos por partidos reaccionarios que vuelven a caer en la misma lógica de la lucha entre individuos y de la "libre elección" fuera de toda consideración y contexto social.
Sin un plan de acción que implique la movilización combativa, estaremos entregando la iniciativa a los partidos de derecha que fingen oponerse a las medidas de los gobiernos “salvadores de la patria”, con consignas como la de hisopados gratuitos que la izquierda se niega a levantar, ocultando que fueron y son plenamente responsables de la situación actual.
Precisamente porque la lucha contra el Covid-19 es también una cuestión de clase, la responsabilidad de los dirigentes sindicales, que han frenado la posible expansión de amplias movilizaciones unitarias de la clase trabajadora contra la "cura de Confindustria", es aún más grave. La presión y la lucha de los sectores ya activos debe redoblarse para que todas las grandes estructuras sindicales y de movimientos sociales se posicionen y luchen contra las medidas represivas implementadas con la excusa de la pandemia, partiendo de un espíritu de solidaridad humana e internacional de clase. Consientes de que no hay salida individual a la actual ola de despidos masivos, tampoco podemos permanecer desinteresados o ajenos a la falta de difusión de las vacunas y políticas sanitarias eficaces en todo el mundo como única salida para derrotar la pandemia.
Como Fracción Internacionalista Revolucionaria planteamos la eliminación de las patentes y su expropiación bajo control de los trabajadores y expertos. Potenciar la capacidad de investigación y producción de las vacunas y campañas de vacunación rápida a escala mundial. Luchar contra la propagación del virus más allá de las vacunas mediante, por ejemplo, hisopados rápidos y gratuitos a nivel masivo para preservar los lugares de trabajo y de sociabilidad. ¡Basta de estado de emergencia! Contra el autoritarismo de los gobiernos con la excusa de la pandemia y por la libertad de reunión, movilidad y manifestación. Contra las multas, suspensiones sin salario, despidos y métodos represivos para obligar a vacunarse. Por la continuidad del cobro del rédito y disminución de las horas de trabajo y su reparto entre los desocupados. No a la eliminación de la prohibición de despidos. |
