La publicación del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 ha despertado polémica tras conocerse distintos aspectos de su enfoque y propuestas. Aún en medio de una crisis agudizada por la pandemia, este Proyecto contempla aumentos salariales para altos funcionarios de hasta 10 mil pesos (AMLO recibirá un aumento también), así como aumentos al presupuesto de la Guardia Nacional.
Además de estas medidas, que poco o nada tienen que ver con el manejo de la crisis o el interés público y sí mucho con la política de recortes y militarización que ha impuesto la 4T, el PPEF contempla un aumento del techo de endeudamiento del 16% y un crecimiento de hasta 4.1% del Producto Interno Bruto, estimación cercana a la hecha por el Fondo Monetario Internacional.
Según han destacado distintos medios, se trata de una proyección del gasto público histórica, superior en un 8.5% al presupuesto del 2021 y que es contraria al discurso presidencial de "austeridad". De acuerdo a lo informado, la discusión en ambas cámaras del Poder Legislativo sobre este Paquete Económico tiene como fecha límite el 15 de noviembre.
Prioridades de la 4T: megaobras, programas sociales y militarización
No es sorpresa que sean tres los pilares de este PPEF: garantizar el presupuesto para sostener programas sociales, las megaobras impulsadas por el Gobierno Federal, así como para la Guardia Nacional.
Así, la Secretaría de Turismo encabeza la lista de dependencias con mayor incremento presupuestal, el cual será destinado a la construcción del Tren Maya. En segundo lugar de prioridades presupuestarias se ubica el presupuesto para el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 21 veces más grande que el asignado para 2021.
La Secretaría de Bienestar (en particular los programas de apoyos a adultos mayores y a comités escolares, así como a la entrega de fertilizantes), es la tercera dependencia que fue prioritaria para el reparto de recursos, seguida de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que recibió un aumento del 37%, equivalente a 25 mil 211 millones de pesos. Este dinero será destinado a la Guardia Nacional, corporación militar que ha jugado un rol central en la política migratoria, fungiendo como patrulla fronteriza al servicio de los intereses de Estados Unidos.
Cuestiones como el sector salud —clave en estos momentos—, la educación, atención a víctimas de violencia, migrantes, ciencia y tecnología (que recibieron el gasto más bajo de la última década), cultura o protección del medio ambiente son los grandes ausentes de las prioridades de la administración para el próximo año. Allá donde no hubo recortes, se aplicaron aumentos insuficientes para sostener cualquier discurso con enfoque social o "progresista". El gasto dedicado a la procuración de justicia, por ejemplo, recibirá sólo 0.46% del PIB, dejando claro el carácter demagógico del discurso obradorista contra la impunidad y la corrupoción.
La Secretaría de Salud ocupó el quinto lugar de las prioridades gubernamentales, con un aumento del 26.9%, equivalente a 40 mil 823 millones de pesos. Una cifra que contrasta enormemente con lo dedicado a la Guardia Nacional o a la imposición de megaproyectos. Este presupuesto, además, no está contemplado para atender los problemas estructurales del sector o para garantizar contratación digna para la primera línea, sino que se plantea concentrarlo en el Plan Nacional de Vacunación.
El INEGI, el Fobaproa, Pemex y el IMSS son otras de las instancias que fueron contempladas en este Proyecto económico.
Los recortes
A pesar de los discursos de soberanía energética y de preocupación ante la crisis climática, instancias como la Comisión reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos recibieron recortes del 81.1% y del 69.7%. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano recibió más de 30% de recorte en este PPEF.
Estos no son los únicos casos en donde quedó evidenciado hasta dónde los discursos se quedan en palabras. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres tuvo un recorte del -0.3%, mientras que la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas tuvo un recorte de -16.7%.
De cara a una importante crisis migratoria y a pesar de los discursos que tanto AMLO como su canciller Marcelo Ebrard han enarbolado sobre respeto a los derechos de los migrantes, el Instituto Nacional de Migración recibió un recorte de -21.4%.
De los programas sociales impulsados por el Gobierno Federal durante la pandemia, destacó la desaparición del presupuesto del Programa de Microcréditos para el Bienestar y el Programa de Apoyo a Microempresas Familiares. El Programa de Mejoramiento Urbano y el Programa Nacional de Reconstrucción recibieron reducciones de 58.3% y de 36% respectivamente.
Programas como el de becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro recibieron incrementos menores al 10% de su presupuesto, al igual que Sembrando Vida y la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad.
Que la crisis la paguen ellos
Un ataque de otras dimensiones y características es que la inflación prevista por la SHCP, de 3.4% es, como el resto de las consideraciones económicas argumentadas por el gobierno federal, el escenario más optimista sobre el desempeño de la economía, sólo compartido por el FMI y la OCDE. El costo de la vida y la canasta básica seguirá aumentando, no así el salario de millones.
Este PPEF no contempla la creación de nuevos impuestos, pero sí contempla recaudaciones significativas a través del cobro del ISR y el IVA. Éstos son impuestos que pagamos de manera cotidiana; cuando vamos a la tienda o cuando pagamos el costo del pasaje en el transporte público. Así que, además de financiar este presupuesto con la adquisición de deuda, el plan gubernamental se sostiene sobre el cobro de impuestos por consumo a millones.
Está claro que este presupuesto no representa los intereses de las grandes mayorías que, de cara a la crisis agudizada por la pandemia, clama por medidas urgentes como el cese del pago de la deuda externa, la prohibición de los despidos, la basificación inmediata de todos los subcontratados, el establecimiento de un salario que cubra el costo de la canasta básica y la repartición de las horas de trabajo para acabar con la desocupación.
Ante el cinismo de la casta política que se aumenta el sueldo en un país donde hay 10.8 millones de personas en pobreza extrema, que todo funcionario gane como una enfermera o una maestra. | 
