La CGT saldrá a la calle el 18 de octubre. Será la conmemoración del Día de la Lealtad peronista y un acto político destinado a avalar al oficialismo nacional y a impulsar el voto al Frente de Todos en las elecciones del 14 de noviembre. Lejos de expresar el descontento de las mayorías trabajadoras, buscará canalizar el mismo nuevamente por la vía electoral.
En ese marco también denunciará los intentos de avanzar en mayor flexibilización laboral. Estos intentos ya tomaron cuerpo en proyectos de ley presentados por legisladores como Martín Lousteau.
La derecha -de Juntos, pero también de los liberales como Espert y Milei- toca la música que las grandes patronales quieren escuchar. Menos derechos para la clase trabajadora, más flexibilización. Terminar con el “costo” que implica despedir e imponer mayores niveles de control y explotación en cada lugar de trabajo.
El argumento -al que se suman voces desde el peronismo incluso- es la perspectiva de crear nuevos puestos de trabajo. La mentira es más grande que una casa. Lo demuestra con datos, por ejemplo, el investigador Luis Campos, haciendo referencia al convenio aplicado en Uocra, que muchos empresarios anhelan.
Pero, además, si se atiende a la historia argentina, se verá la falsedad del argumento. El menemismo fue un activo impulsor de la flexibilización laboral y la consecuencia fue un salto sideral en la desocupación. Lo mismo se puede decir si se mira al Brasil contemporáneo. Ahí la brutal ofensiva anti-obrera de Bolsonaro -garantizada por la pasividad de la CUT y el PT- no ha redundado en una recuperación económica ni en el crecimiento del empleo.
Es urgente que las organizaciones sindicales convoquen a pelear contra los nuevos ataques a los derechos laborales, por un salario que cubra la canasta familiar y por trabajo para todos con plenos derechos.
Las direcciones sindicales de la CGT y la CTA denuncian los ataques. Señalan que esta campaña tiene por objetivo flexibilizar aún más las condiciones laborales de la clase obrera. Guardan silencio, eso sí, sobre la que existe actualmente, que se extiende a millones de trabajadores. No hablan de la situación de monotributistas, trabajadores informales, contratados y muchos otros y otras que ya perdieron demasiados derechos, incluido el de la indemnización por despido. Tampoco hablan -resulta lógico- de convenios ya flexibilizados. El "modelo Uocra", que reivindican desde la oposición patronal, se aplica gracias a la complicidad de una conducción gremial peronista.
Denuncian, también, la caída del poder adquisitivo y los golpes al salario por la inflación. Hablan, críticamente, de los despidos que se producen en muchos sectores. Extrañamente se acuerdan ahora, luego de la derrota electoral que sufrió el peronismo. En los casi dos años de Gobierno del Frente de Todos se guardaron y no llamaron a ninguna medida contra las avanzadas ajustadoras que impuso o avaló el peronismo en el poder, con complicidad de la derecha.
Ahora, mientras discuten un acuerdo de unidad, anuncian que saldrán a la calle a denunciar estos ataques. Sin embargo, la movilización del 18 de octubre tendrá mucho de acto electoral y será una movida para descomprimir la bronca.
¿Pero esto no implica pelear en serio contra los intentos de imponer más flexibilización laboral? La primera y elemental medida sería convocar a un paro nacional como parte de un plan de lucha que garantice movilizar al conjunto de la clase trabajadora en contra de esos ataques.
Pero esta no es la perspectiva de las conducciones sindicales. Por eso hay que luchar para imponérsela. Es necesario que en cada empresa y lugar de trabajo haya asambleas para discutir las medidas de lucha contra estos ataques. En esas asambleas tienen que participar todos los trabajadores y trabajadoras. Hay que superar las divisiones -que imponen las patronales y avalan las conducciones- entre efectivos, contratados, tercerizados o informales.
Esta no es una pelea solo de los trabajadores ocupados. Como han venido planteando las movilizaciones masivas de las organizaciones de desocupados, es necesario pelear por trabajo genuino y con derechos para todos y todas.
Como planteó a lo largo de la campaña electoral, el Frente de Izquierda Unidad, una medida urgente para avanzar en ese camino y terminar con la desocupación, la precarización laboral y la tercerización, es pelear por imponer la reducción de la jornada laboral legal a 30 horas semanales, 6 horas, 5 días, garantizando un salario como mínimo igual a la canasta familiar.
Mientras denunciamos esta situación así como la complicidad de las conducciones sindicales en la misma, seguimos exigiendo que rompan el pacto con las patronales y el Gobierno y convoquen asambleas y un plan de lucha. Si lo hacen, la izquierda clasista, junto al sindicalismo combativo y los movimiento de desocupados opositores estarán presentes en la lucha. Lo harán con sus propias banderas y programa, planteando una salida de fondo ante la crisis social que golpea a las grandes mayorías.
Hay que exigir paro nacional y plan de lucha por:
1) Rechazo a todos los intentos de destrucción de derechos laborales, lo que incluye el intento de eliminar las indemnizaciones por despidos.
2) Que el salario mínimo cubra la canasta básica; ninguna familia trabajadora puede cobrar menos de ese monto.
3) Indexación de los salarios de acuerdo a la inflación. El nivel de vida de la clase obrera no puede ser una variable de ajuste.
4) Pase a planta permanente de tercerizados y contratados. Basta de trabajadores de primera y de segunda.
5) Ningún despido. Trabajo genuino para los y las trabajadoras desocupadas: seis horas, 5 días a la semana, para terminar con el flagelo de la desocupación. | 
