Mientras el gobierno de López Obrador intenta diferenciarse de sus antecesores en cuanto a la política energética de la 4T, con un discurso que plantea la necesidad de recuperar la soberanía en el sector, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha recibido denuncias en las que se señala que el aún secretario ejecutivo (su renuncia tendría efecto a partir de este viernes), sería responsable de detener proyectos y trámites.
La política de AMLO se ha limitado a intentar que Pemex pueda competir en igualdad de condiciones con las empresas petroleras multinacionales para ganar las licitaciones, siendo que los gobiernos del PRIAN buscaba darle todas las condiciones de inversión a los capitalistas extranjeros.
López Obrador atrás ha dejado la visión de que los recursos naturales estén realmente en manos de la nación y se utilicen para el beneficio social, no plantea, por ejemplo, recuperar lo vendido por Peña Nieto y su reforma energética.
Sin embargo, con esta noticia sobre la renuncia de Miguel Ángel Rincón, sale a la luz el hecho de que, aunque el discurso contra la corrupción es otro de sus ejes, sigue siendo una práctica entre los altos funcionarios del Estado.
Y es que el problema en la administración del Estado mexicano tiene que ver con que, al ser un Estado capitalista, la corrupción es parte de su esencia. Los tratos diferenciados con empresarios amigos, el desvío de recursos, el negocio empresarial y la ganancia individual, a costa de erario público.
Según la revista Contralínea, aunque el funcionario argumentó renunciar por “motivos personales”, habrían llegado nuevas denuncias presentadas ante los comisionados y el OIC entre el primero y el ocho de septiembre. Denuncias que, además, acusan de presuntos hechos de corrupción cometidas por otros funcionarios colaboradores del secretario ejecutivo en complicidad con servidores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Entre estas denuncias se enuncia que los hijos del secretario estarían al frente de un grupo dedicado supuestamente a extorsionar a permisionarios, con funcionarios solicitantes de “mordidas”, además de cargos asignados a modo por parte de los funcionarios. Cargos con sueldos superiores, algunos de ellos, a los 100 mil pesos mensuales.
Toda una muestra de que la corrupción “nunca se fue” de este organismo, como muy probablemente esté ocurriendo en otras áreas de la administración estatal. La corrupción no se acaba por un decreto presidencial, tiene que ver con prácticas enquistadas en el Estado, con el funcionamiento del capitalismo donde se premia a quien “logra” sacar ventaja a su favor sin importar las consecuencias sociales.
Para recuperar la soberanía energética es fundamental primero recuperar nuestros recursos naturales de la mano de las millonarias empresas nacionales y trasnacionales que hoy los explotan en su beneficio, derogar la reforma energética entreguista que firmó el “Pacto por México”, y para terminar con la corrupción hay que darle el control de la industria a sus propios trabajadores, organizados en consejos y comités, para poner esos recursos al servicio del pueblo trabajador. | 
