Con una fuerte baja en el gasto público (-22,5%), Piñera anunció este jueves en cadena nacional el presupuesto nacional para el 2022. Se trata de un anuncio en línea con lo que pedían los grandes empresarios y las instituciones pilares del neoliberalismo chileno (Banco Central y el Consejo Fiscal Autónomo).
Piñera insistió en recomponer los “equilibrios macroeconómicos” del país, es decir, mantener a raya la deuda que contrajo para pagar los enormes subsidios que tuvo el sector empresario y en menor medida las ayudas sociales como el IFE durante la pandemia. Con este nuevo presupuesto, un importante sector de la clase trabajadora que no ha recuperado sus empleos, no tendrán ningún subsidio estatal para paliar la crisis.
Si bien tenía plazo para presentarlo hasta el 30 de septiembre, el presidente optó por adelantarse para calmar los ánimos del "mercado" y el gran capital ante la gran presión de gasto que hubo en 2021 producto de la pandemia.
Si en 2020, el gasto asociado al Covid por parte del estado rondó los US$6.000 millones, en 2021, este gasto más que se cuadruplicará sobrepasando los US$26.000 millones. El objetivo de este ajuste de 22,5% es bajar el déficit estructural (ingresos menos egresos) desde el -11,5% actual al -3,9%. Tras este año, la deuda pública se encumbrará hasta el 34,4% del PIB.
Si bien todavía no se conocen los detalles del proyecto que son importantes para evaluar su verdadero alcance, Piñera anunció algunas líneas generales. Entre los principales ejes del gasto, se anunció un aumento de la inversión pública (obras de infraestructura centralmente) en un 8,1%, mientras que el gasto corriente crecerá en un 2,8%. Si consideramos que la inflación estará en torno al 5% este año, seguramente los salarios del sector público perderán valor.
¿Cómo se financió este gasto?
El frenazo económico mundial que significó la pandemia del Covid-19 implicó enormes consecuencias para millones de trabajadores. Se perdieron cerca de 2 millones de empleos según distintas mediciones y el gobierno impulsó sendos planes de estímulo y rescate a las empresas, además de planes sociales como el IFE, que recién en junio de este año cubrió hasta la línea de la pobreza.
Este extraordinario gasto fue íntegramente pagado ya sea con deuda (que deberán pagar las y los trabajadores vía impuestos generales) o con retiros de los fondos soberanos que tiene el país, una especie de cuentas de ahorro que se construyeron con el superciclo del cobre anterior (el FEES o Fondo de Estabilización Económico y Social, tenía alrededor de US$12.000 millones antes de la crisis y Piñera lo entregará con poco más de US$2.000 millones).
Nada pusieron los grandes empresarios para paliar los costos de la crisis, por el contrario, tuvieron enormes ganancias durante 2020. El grupo Luksic, el más grande del país, casi duplicó su ya abultada fortuna según Forbes pasando de poco menos de US$11.000 millones a más de US$19.000 (+84,2%). Mientras el pueblo pasaba hambre, los multimillonarios ganaron a manos llenas.
Los resultados de las grandes empresas son groseros por lo histórico de las ganancias que obtuvieron. Según información de la CMF a más de 400 grandes empresas, el primer semestre de 2021 la minería subió un 84% sus utilidades impulsadas por el alto precio del cobre, pero no fue ese el único sector. La construcción (+24,8%), bancos (+23,8%), industria (+66,7%), el retail (+24,3%), consumo (+20,7%) y los holding (+27,9%) tuvieron crecimiento de sus utilidades sobre el 20%.
Y ni siquiera en la mísera modificación de pensiones que propuso el gobierno, se aumentan los impuestos a los empresarios de forma significativa. A lo sumo se incrementan forma tímida algunos impuestos como por ejemplo las ganancias de capital que pasan a tener un impuesto de apenas 5% (ahora no tiene impuestos), esto es muy por lejos de los estándares OCDE que pagan sobre el 20% o incluso antes de los 80’s que se pagaba un 15%. Es decir, los miles de millones que se transan en bolsa y que no pagan impuestos, seguirán igual.
¿Quiénes pierden con el ajuste?
Como señalamos antes, el importante ajuste en el presupuesto golpeará con fuerza el gasto destinado a las ayudas sociales, es decir a los fondos a subsidios como el IFE que ha sido la gran apuesta del gobierno para paliar en amplios sectores, los efectos de la crisis. Hay que recordar que hasta antes de junio, su monto alcanzaba la línea de la indigencia según la medición tradicional del INE, y a partir de ese mes alcanzó la línea de la pobreza.
En primer lugar, los más de 800 mil trabajadores serán los más afectados. Debido a que todavía no recuperan los empleos que se perdieron producto de la crisis. Se trata de empleos que tampoco es seguro que se vuelvan a crear debido a que ya se alcanzaron los niveles económicos pre pandemia sin esos empleos y es una discusión importante por la poca capacidad de crecimiento producto de un problema más de mediano plazo por el estancamiento que tiene la economía hace más de una década que se viene creciendo a niveles bajos y se proyecta que en los años que vienen no habrá cambios significativos al respecto, es decir, en torno al 1,5%.
El sector público también será afectado por lo magro del aumento del gasto corriente que es donde se incluye el pago de salarios y donde seguramente no alcanzarán a cubrir el aumento de la inflación proyectada para este año. En el caso de los sectores populares que protagonizaron las protestas por el hambre a mediados del 2020 y que fueron parte de los protagonistas de la rebelión también se verán golpeados. | 
