El 28 de septiembre de 1990 fue secuestrado por una patota de la Policía Bonaerense. Años después sus restos fueron hallados enterrados bajo un tanque de un campo de General Belgrano. Aquí la historia de Núñez y de la lucha de su compañera Mirna Gómez, en un anticipo del libro “Desaparecer en democracia”, donde la autora compila los casos ocurridos desde 1983 y analiza las causas y los entramados de impunidad pergeñados desde el Estado.

Nota: La Izquierda Diario agradece a Editorial Marea de Buenos Aires la gentileza de aportar el capítulo dedicado a Andrés Núñez a modo de anticipo del libro Desaparecer en democracia. Cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina, que será publicado en octubre.

Andrés Núñez, La Plata, Buenos Aires

Mirna Gómez lleva tres décadas buscando a su compañero, pateando pasillos y recorriendo despachos, caminando bajo sol y lluvia. “Tengo mucha bronca porque hay un policía que sigue prófugo, pero en Argentina siempre amparan a la policía, y también estamos empantanados con los cuatro policías que están procesados por el encubrimiento de las torturas seguidas de muerte de Andrés, desde hace dos años esperamos que pongan la fecha al juicio oral”, resume sobre la investigación judicial.

Mirna es solidaria con otras luchas. Menudita, siempre con su pelo lacio con flequillo, a veces flaquea y entonces se refugia en el abrazo contenedor de los familiares de víctimas de la represión estatal.

Andrés Núñez vivía en Villa Elvira y trabajaba arreglando electrodomésticos, aunque las crónicas instalaron que era albañil. Tampoco fue el primer desaparecido en democracia, como se suele consignar. Le gustaba jugar al fútbol y había probado suerte en Defensores de Cambaceres y en Estudiantes de Mar del Plata como marcador lateral derecho.

Tenía 32 años, le decían Gallego y solía andar en bicicleta. El 27 de septiembre de 1990 fue visto por última vez. Ese día, efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Plata salieron en un operativo de cinco hombres en un auto. El objetivo: investigar el robo de una bicicleta. El subcomisario Luis Raúl Ponce, al mando del grupo, se había formado en la comisaría 5ª de La Plata, uno de los trece centros clandestinos de detención de la dictadura militar en esa ciudad. Junto a Ponce estaban el oficial Pablo Martín Gerez y tres agentes: Víctor Dos Santos, José Daniel Ramos y Jorge Alfredo González. Este último solía ser el chofer del Fiat 147 gris que usaban en los operativos. Ese 27 era jueves. Los policías se llevaron primero a Jorge David Guebara, de 16 años. Estaba cortando el pasto en la vereda, en el barrio El Dique, cuando apareció el auto con los policías. Guebara era amigo de Núñez, andaban siempre juntos.

El Gallego llamaba la atención por su costumbre de moverse pedaleando, así que los policías lo asociaron al robo y fueron a buscarlo a su casa. Su bicicleta era una Olmo de carrera profesional, color gris con detalles en rojo. El Gallego y la bicicleta eran una unidad indivisible. Al momento de su desaparición vivía con Mirna, con quien había tenido una hija un año antes. Cuando se conocieron, en el boliche Macondo, él la encaró con la frase: “Te llevo en mi móvil”. Ella pensó que la llevaría en auto a su casa. El “móvil” era la bici gris que tenía atada a un poste junto a una estación de servicio.

Núñez no estaba cuando los policías llegaron a las 11 de la noche a la casa ubicada en 119 y 78. Gerez comandó al grupo. Al acercarse, vieron llegar a Walter Di Pietro, la pareja de Isabel Olguín, la madre del Gallego. Lo confundieron con Núñez, lo subieron al auto y lo golpearon. Al comprobar que no era quien pensaban, lo dejaron ir. Los policías Gerez y Ramos se acomodaron dentro de la casa y pidieron café, mientras Dos Santos y González esperaban afuera. Al rato Núñez llegó con su equipo deportivo, venía de jugar al fútbol. Lo llevaron al fondo y lo golpearon. Su campera quedó manchada con la pintura de esas paredes. Fue la última imagen de él con vida. Mirna y la madre de Andrés salieron a recorrer hospitales y comisarías. Obtuvieron el dato de que podría estar en la Brigada de Investigaciones, de 61 entre 12 y 13, pero allí les negaron la detención de Núñez. En el lugar estaba la madre del joven Guebara, Norma Ordáz que buscaba a su hijo, y les dijo que había visto cómo entraban al Gallego a la rastra. Fue el dato clave para comprobar que Andrés sí había estado allí. Los oficiales presentes quedarían procesados por encubrimiento. Eran el jefe de la dependencia, Pedro Costilla, su segundo, Juan Kadluwoski, y los policías Héctor Lazcano, Héctor Ferrero, Roberto Mártire, Alejandro Dezeo, Ernesto Zavala, Oscar Silva, César Carrizo y Gustavo Veiga.

Con Núñez, Mirna y su pequeña hija vivía el hijo más grande de ella, Matías. “El día que se llevaron a Andrés yo estaba en casa de mi papá, en La Matanza. Mi mamá me contó lo que había pasado, yo tenía 12 años y me instalé con ella en enero del 91”, recuerda. “Andrés era un tipo piola, laburante, futbolista. Pasaba mucho tiempo con él. Me llevaba a los entrenamientos. Aunque el fútbol no me gustaba, lo acompañaba. En 7 y 66 tenía el local donde arreglaba electrodomésticos”.

El derrotero judicial se inició con el hábeas corpus ante el juzgado en lo Penal 7, y el 12 de octubre saltó a las páginas del diario El Día. La causa cayó en manos de un juez surgido del radicalismo y con buenas relaciones con los comisarios, Amílcar Benigno Vara, quien llegó a decirle a Mirna que Andrés podría haberse ido con otra mujer. Núñez había muerto en la tortura; Guebara llegó a presenciar cómo le practicaban submarino seco, es decir, la asfixia con una bolsa de nylon. El encubrimiento se inició de inmediato.

El libro de guardias en el que se consignó el ingreso de Núñez fue cambiado por uno nuevo que omitía su nombre y los presos fueron presionados para que no hablaran con los investigadores. Sin embargo, cinco de ellos pudieron hacer su relato por escrito. Encabezados por los hermanos José y Miguel Décima, hicieron copias y sus familiares sacaron las declaraciones en sus ropas. Los reclusos querían usar el testimonio como salvoconducto. Firmaron con sus nombres y número de documento. “Vimos al menor [Guebara] y nos comentó que lo levantaron a él y a otro apodado el ‘Gallego’ o ‘Gaita’, al menor lo traen el día 27/09 de 1990, lo sacan el 28/09 del 90 a la madrugada después que nos habían dicho que habían traído al cómplice acusado de violación. Y luego de esto, y desde 40 minutos antes hasta una hora después, se oían golpes y gritos. Lo traen al menor golpeado y no podía caminar. Veinte minutos antes se escuchaban risas y pasa un policía de calle y nos dice que todavía no traen al sospechoso de violación porque se había cagado y meado encima y se estaba bañando”. El juez Vara demoró cuatro años en incorporar ese documento a la causa. Por su parte, Guebara hizo una denuncia por apremios ilegales: sus lesiones fueron constatadas por los peritos. El libro de guardia consigna que en la madrugada del 28 de septiembre Vara estuvo allí, y persiste la sospecha de que podría haber sido el ideólogo de la desaparición. Los policías se llevaron el cadáver a El Roble, un campo de General Belgrano, sobre la ruta 41. La Justicia pudo reconstruir que subieron el cuerpo al baúl de un Ford Falcon azul. En el auto iban Gerez, Dos Santos, González y Ramos, cuatro de los cinco hombres que se habían llevado a Núñez de su casa. En El Roble quemaron el cadáver sobre una base de dos chapones, leños y cubiertas de auto. Era lo que se conocía como “capacha”, un sistema usado por los policías de Camps y Etchecolatz durante la dictadura para eliminar rastros de sus víctimas. También se utilizaba en la ESMA, donde lo denominaban “el asadito”. El Roble tenía como encargado a Edgardo Gerez, primo de Pablo. Este reconocería que su pariente policía solía visitar el lugar para prácticas de tiro.

“El segundo apellido de Pablo Martín Gerez es Duhalde, su madre se llama Nelly Esther Duhalde y es prima del ex gobernador y ex presidente. Cuando desapareció Andrés, el gobernador era Antonio Cafiero, pero quien generó a la Maldita Policía fue el propio Duhalde. Ragendorfer y Dutil investigaron la cobertura que les dio el comisario Mario ‘Chorizo’ Rodríguez a esta gente, a través del agente Pedro Avio” (1) refiere Julio Avinceto, de HIJOS La Plata, fiel ladero de Mirna. “La propiedad del campo donde enterraron a Andrés se dijo que era de Chorizo Rodríguez, pero resultó que no. Lo que sí, quien cuidaba ese campo era primo de Gerez. La señora Nelly Duhalde es conocida en General Belgrano, Gerez nació ahí, su primo dijo que iba asiduamente a tirar tiros a ese campo. Llevaron el cuerpo de Andrés ahí, no queda cerca de La Plata pero ahí tenían manejo del lugar”, agrega.

Mientras tanto, la causa dormía el sueño de los justos en el escritorio de Vara, pero los testimonios de otros detenidos aquella noche de septiembre que compartieron cautiverio con Núñez y Guebara obligaron al juez a encausar como “imputados no procesados” a trece policías. La familia de Núñez se movió en esos tiempos con el apoyo de grupos de derechos humanos y pedidos de informes en el Concejo Deliberante. “Den respuesta, den repuesta. Seguimos en la plaza hasta que Andrés aparezca”. Fue la consigna que se impuso en las marchas por Núñez desde octubre de 1990. El nombre de Núñez se pronunció en la Marcha de la Resistencia que organizaron las Madres en Plaza de Mayo el 5 y 6 de diciembre de 1990, en la que se alertó sobre el inminente indulto que Carlos Menem daría a los comandantes de la dictadura. El 23 de diciembre, víctima de una profunda depresión, murió Isabel Olguín, la madre de Núñez.

“Se trata de un caso complejo, que sigue abierto por la lucha de Mirna y de los organismos de derechos humanos, fue una desaparición forzada, ya hubo dos juicios orales por torturas seguidas de muerte”, expresa Avinceto. Vara cerró el expediente en febrero de 1993. La medida fue apelada por los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata. En septiembre de ese año, el juez obtuvo fama por otro caso de desaparición forzada y con mayor impacto mediático, el estudiante de periodismo Miguel Bru. Además del mismo juez, ambos casos tenían en común al policía Walter Abrigo, que revistaba en la comisaría 9ª de La Plata y declaró en el caso Núñez que el menor Guebara había sido arrestado varias veces por su “participación en diferentes delitos”. Y una tercera coincidencia, los policías acusados por las desapariciones de Bru y Núñez tenían abogado en común: Alejandro Casal, de quien también se decía que habría distribuido dinero de la Bonaerense para sostener a los efectivos prófugos.

“Se les fue”

El testigo Roberto Díaz era chofer de un camión recolector de basura, con varias entradas en comisarías. En 1992 acusó a policías bonaerenses de haberlo secuestrado en la comisaría 5ª y sometido a torturas. Díaz aseguró que efectivos de la Brigada se habían llevado a Núñez y Guebara por su presunta participación en un robo y que ambos fueron torturados. Afirmó que el subcomisario Ponce ordenó el submarino seco, que el suboficial González llevó a cabo, y la consecuencia fue la muerte de Núñez. Luego, afirmaba Díaz, el comisario Pedro Costilla, a cargo de la Brigada, había ordenado el encubrimiento. Si esto era explosivo, aún faltaban los testimonios de los otros presos. No se les tomó declaración delante de un instructor policial, sino en los Tribunales de La Plata, y fueron demoledoras: afirmaron haber visto a Guebara y Núñez en la Brigada y percibido que los habían torturado. Resultó clave el testimonio de los hermanos Décima, que escucharon gritos desde su celda, corridas y la certeza de que “se les había ido la mano con alguien y que se les fue”.

Guebara también declaró a instancias de la abogada Elba Tempera y confirmó los tormentos de asfixia que sufrieron su amigo y él. Vara no tuvo más remedio, el 10 de diciembre de 1993, que procesar a los cinco policías que se llevaron a Núñez de su casa y a otros ocho efectivos encubridores. Los abogados defensores interpusieron pedidos de hábeas corpus. La sala II de la Cámara de Apelaciones los rechazó y allí comenzó una secuencia estremecedora: la condición de prófugos de los policías procesados, que llega hasta nuestros días en el caso específico de Pablo Gerez.

Amigos de uniforme

En las sombras, movía influencias uno de los hombres más fuertes de la Bonaerense: el comisario Mario “Chorizo” Rodríguez. Pocos años después, ya cuando la fuerza estaba al mando de Pedro Klodczyk durante el duhaldismo y pasó a ser la “Maldita Policía”, Rodríguez era virtualmente el segundo de la policía provincial. Era “padrino” en la policía del oficial Gerez, sus compañeros lo señalaban como su tío.

En abril del 96, Pedro Avio, un policía que había revistado a las órdenes de Rodríguez en la Brigada de Investigaciones de La Matanza, declaró como testigo protegido y aseguró que a fines de 1993 Rodríguez le encomendó esconder en una quinta de Pontevedra, partido de Merlo, a los prófugos del caso Núñez (2). Rodríguez desmintió los dichos de Avio, pero en julio de 1996 el propio comisario Pedro Costilla y los suboficiales Dos Santos y Fraga corroboraron las declaraciones de Avio acerca de la protección brindada por Rodríguez a los prófugos del caso Núñez, dieron detalles sobre el dinero supuestamente pagado por él al juez Vara y el rol del magistrado en la desaparición de Andrés (3).

Cajita de metal

“Ya me tiene seco y va terminar cagándome la carrera”, dijo el juez Vara en marzo de 1994 durante un asado en la brigada, luego de haber increpado a los policías por no tener coraje para “eliminar” a la abogada Tempera. La letrada lo denunció en abril de 1995, y un mes más tarde Vara se inhibió. La causa pasó a manos del juez Ricardo Szelagowski, quien aún no había terminado de leer los cuerpos del expediente cuando el 8 de agosto de ese año apareció el sargento primero José Daniel Ramos en el juzgado, acompañado por la abogada a la que Vara quería quitar del medio. Ramos declaró qué habían hecho con el cuerpo de Andrés y apuntó hacia el campo El Roble. Así, el 10 de agosto de 1995 partió hacia el terreno ubicado en General Belgrano, a 110 kilómetros de La Plata, una comitiva integrada por el juez, el “arrepentido” Ramos y miembros del EAAF. Dentro de un deteriorado tanque australiano encontraron restos de carbón y combustión. Al excavar aparecieron restos óseos y retazos de una mochila, junto a jirones de prendas de vestir y calzado. Omar Núñez, hermano de Andrés, los reconoció: eran del Gallego.

“Hubo semiplena prueba de que era Núñez porque ese día estaba presente Omar, su hermano, y cuando sacaron los restos del tanque reconoció la cajita de metal que llevaba Andrés con parche y solución por si pinchaba la bicicleta”, explica Avinceto, al lado de Mirna. El peritaje del EAAF concluyó que Núñez fue cremado allí donde lo enterraron, por la presencia de capas de tierra quemada, carbón vegetal, cenizas, restos óseos humanos tiznados, calcinados e incinerados. También, que el cuerpo estaba desnudo y que las prendas fueron colocadas debajo de Andrés, lo que explicaba su buena conservación. Las muestras de ADN obtenidas se compararon con la sangre de la hija de Andrés y Mirna y con la de Omar Núñez. El porcentaje de certeza era de 91,99%. “Fue muy fuerte el hallazgo, se sintió como un alivio, dentro de tanta oscuridad, saber dónde está, tener un lugar en el cementerio. Habían pasado cinco años”, dice Matías, el hijo de Mirna.

Doce sobres

“Cuando apareció el cuerpo no me avisaron porque estaba enferma, salió el anuncio en un diario, me lo trajo mi sobrino, no lo podía creer. Cada vez que iba al juzgado me mostraban, tenían las cenizas en doce sobres. La última vez que fui se cayeron al piso –hace una pausa– en ese momento quise patear todo. ‘Pongan al menos una cinta al sobre’, les dije”. Una semana después las pusieron en una bolsa de nylon negra, Mirna pidió una urna y le respondieron que la tenía que comprar ella.
El fin de la incertidumbre respecto del destino de Núñez trajo una mala nueva: Szelagowski desligó de la causa al policía arrepentido Ramos. “Ramos estaba casado con una mujer policía, Alicia Visconti, ella es la primera que va a declarar porque no quería verse implicada. Aquella noche el policía llegó lleno de barro y sangre, borracho, confesó que se habían mandado una cagada y que la resolvieron con el grupo operativo de Gerez. Se separaron, ella se refugió en San Luis. Él negoció su situación procesal al dar el dato, encontramos el cuerpo de Andrés, y lo apartaron de la investigación con la excusa de que estaba insano y consumía cocaína. Para nosotros es responsable, pero el juez negoció con él”, dice Avinceto masticando bronca.

Espionaje a las víctimas

En 2015 se desclasificó material de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) sobre la Masacre de Budge, un emblemático caso de gatillo fácil ocurrido en 1987. La CPM difundió el informe. La DIPPBA había funcionado entre 1956 y 1998, cuando se la desarticuló en base a la reforma iniciada por León Arslanian, lo cual no quería decir que no hubiera inteligencia policial desde la disolución del organismo. La clave pasaba por infiltrarse entre familiares, denunciantes y grupos de derechos humanos.

Mirna Gómez quiso saber si en esos archivos había algo sobre la desaparición de Andrés, y desde la CPM le remitieron una carpeta de 147 fojas y 2 CDs con 300 páginas digitalizadas. Había una ficha personal referida a Andrés, fechada en marzo de 1992. “Desaparecido”, rezaba el legajo iniciado con un memorándum fechado el 13 de octubre de 1990, con la firma del subcomisario Carlos Bonanni, titular de la Dirección de Reunión de Información (DRI), quien informaba que en el caso Núñez “estaría involucrado personal policial”, aunque “no se ha podido establecer la veracidad de lo acontecido”. En un segundo informe se notaba el interés de la Bonaerense en saber cómo era la reacción popular por la desaparición, con material obtenido por la infiltración en las marchas. Un tercer informe aludía a la “intensa actividad panfletaria en el radio céntrico de nuestra ciudad” por parte de organismos de derechos humanos y la “adhesión de fracciones de izquierda”. Un nuevo memorándum informaba que “se estaría ante la posibilidad de que el mencionado Núñez perteneciera al grupo denominado Brigada Che Guevara, de reciente conformación y actividad en nuestro medio”. “Nunca existió esa agrupación o fue muy minúscula. Andrés no tuvo nada que ver, lo hicieron para mancharlo. En esos informes aparece el nombre del policía Costilla, que está imputado de encubrimiento”, aporta Avinceto.

Hacer justicia

A finales de 2010 tuvo lugar el primer juicio, con 65 testigos citados a declarar entre el 23 y el 30 de noviembre de ese año. En el banquillo de los acusados estaban dos de los policías que habían participado del operativo: González y Dos Santos. El primero fue encontrado en Córdoba; el otro, en Almirante Brown. Declararon los familiares de Andrés, otros torturados en la Brigada y los integrantes del EAAF, además del primo de Gerez encargado del campo donde aparecieron los restos. Era la segunda vez en La Plata que se llevaba a cabo un juicio contra policías por torturas seguidas de muerte, tras el proceso por la desaparición de Miguel Bru. Ante los jueces María Elia Riusech, Laura Lasaga y Raúl Dalto se reconstruyó lo sucedido en 1990. Los dos policías fueron condenados a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua: González por los delitos de privación ilegal de la libertad calificada en concurso ideal con torturas seguidas de muerte, y Dos Santos como autor de los tormentos que causaron la muerte a Andrés. En el fallo, los magistrados recordaron que ambos policías ha bían admitido la existencia del crimen en sus declaraciones indagatorias, lo cual no atenuaba sus responsabilidades, sino que coincidía con la gran cantidad de prueba recolectada en el juicio.

Dos Santos, que murió en prisión, contó en el juicio con el patrocinio legal de Claudio Ritter, quien sostuvo que los castigos recibidos por Núñez no eran torturas. “Colocar una bolsa plástica en la cabeza de modo de hacer faltar el aire, y producir la sensación de ahogo, contrariamente a lo sostenido por el defensor, tal sensación, colocada la víctima en total indefensión, constituye un acto que intencionalmente causó sufrimiento físico y psíquico grave”, contestó la jueza Riusech en el fallo. En un apartado se dispuso lo que la familia de Núñez había esperado desde 1995: la entrega de los restos hallados en la estancia El Roble. “Por suerte hemos podido recuperar las cenizas de Andrés, después de mucho trámite. Mi mamá las llevó al cementerio de La Plata”, apunta Matías.

Caminos que se cruzan

El segundo juicio tendría como protagonista a Luis Raúl Ponce, el policía que estaba al frente del operativo la noche que se llevaron a Núñez. El nombre de Ponce apareció en 2006, durante el juicio contra el ex jefe de la Bonaerense durante la dictadura, Miguel Etchecolatz. Un testigo contó que Ponce manejaba el móvil policial en el que se lo llevaron la noche del 27 de octubre de 1976, cuando irrumpieron en su casa de Los Hornos. El testigo afirmó que reconoció a Ponce porque lo ubicaba del barrio. Para cuando el testigo declaró, Ponce llevaba más de una década prófugo por su rol en la desaparición de Núñez. Aquel testigo que lo mencionó en el juicio contra Etchecolatz desapareció por segunda vez el 18 de septiembre de 2006. Se llamaba Jorge Julio López.

La caída de Ponce fue fortuita. Lo encontró la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y no porque lo buscaran en relación a lo sucedido en 1990. Lo confundieron con otro represor de la dictadura. Ocurrió que Ponce se escondió en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Las autoridades estaban en la búsqueda de César Heriberto Peralta, re clamado por la Justicia de Santa Fe en una causa de lesa humanidad. El segundo apellido de Ponce era Peralta. Sin demasiada astucia, fraguó su identidad usando el apellido materno y su segundo nombre, con lo que pasó a ser Raúl Peralta. Se resistió a los tiros ante los efectivos de la PSA que lo interceptaron en la ruta 63, camino a Bariloche, el 7 de agosto de 2012. Ponce fue condenado a reclusión perpetua.

Para Avinceto, “llevarlos a juicio no fue fácil, la causa se instruyó con el viejo Código Penal, estuvo abierta tanto tiempo que un montón de funcionarios pasaron por la instrucción, con lo que resultó complejo armar un tribunal: con Ponce se armó un tribunal con jueces de cámara y se lo enjuició por torturas seguidas de muerte, donde además del hecho se consideró que tenía mando”.
Destituido como juez en 1998 por irregularidades en 27 casos, entre ellos los de Bru y Núñez, Amílcar Vara murió en 2014. “Vara fue parte del Estado. Tuvo una historia oscura dentro del Estado que secuestró y torturó. Él fue una continuidad de esa línea en democracia”, cuenta Matías.

En el medio, Eduardo Hortel, abogado de Mirna Gómez, logró la imprescriptibilidad del caso Núñez. Fue en 2013, cuando se presentó ante la Corte Suprema bonaerense con el pedido de que el caso fuera considerado de lesa humanidad, una desaparición forzada de persona. Los jueces del máximo tribunal provincial negaron esa carátula, pero consideraron que la acción judicial contra los policías involucrados no estaba prescripta. Se basaron en la doctrina de los casos Bulacio y Bueno Alves y estimaron que lo ocurrido con el futbolista Andrés Núñez era una “grave vulneración de los derechos humanos”, y que era imprescindible “extremar la diligencia judicial” para llevar a los responsables a juicio. La Corte Suprema de la Nación se pronunció en el mismo sentido.

Falta uno

Fue después de esa acordada que se juzgó a Ponce. Sin embargo, hay un nombre esquivo: Gerez. Pasadas más de tres décadas, el Estado no pudo (¿no quiso?) dar con él. Se sabe que tiene 60 años y que nació en General Belgrano, donde aparecieron los restos de Núñez. El policía prófugo visitaría con cierta regularidad a su madre en General Belgrano, Nelly Esther Duhalde, prima del ex gobernador y ex presidente. En tiempos de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Justicia Julio Alak –que fue intendente de La Plata a partir de 1991, durante la búsqueda de Núñez y cuando se produjo la desaparición de Bru– no incluyó a Gerez en el Programa Buscar, incluso cuando se trataba de uno de los prófugos más antiguos. Por si fuera poco, Natalia Nosenzo, abogada de Gerez, pidió la prescripción en 2009, cuatro años antes del fallo contrario de la Corte provincial.

Aquella presentación ofreció un detalle llamativo. El escrito de Nosenzo, en favor de un prófugo de más de quince años, tenía la firma de puño y letra de Gerez. Se sabe que la madre integra una ONG de ayuda oncológica, y que el prófugo asistió al cumpleaños de un primo. “Hemos pedido un grupo de búsqueda específica y designaron a dos integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para buscar a Gerez, pero no tenían ni siquiera la información que hay de su madre en Internet, y cuando se mandaron a General Belgrano encubiertos los paró la Bonaerense y les dijo ‘ustedes quiénes son, qué están haciendo’. Esa es la manera de operar de la nueva fuerza y mejor entrenada”, recrimina y se lamenta Avinceto. “Fuimos con HIJOS y con colectivos contra el gatillo fácil, presentamos testimonios de vecinos sobre cómo ubicar a Gerez y no pasó nada”, dice Matías.

Mirna tiene la asistencia de los abogados de la Defensoría 1 de La Plata Manuel Bouchoux y Ernesto Ferreira, y siguen trabajando con Eduardo Hortel. “Se acusó a trece policías y hoy están procesados nada más que cuatro: Gustavo Veiga, César Carrizo, Ernesto Zabala y Pedro Costilla, por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, resalta Avicento. “El juicio por el encubrimiento está demorado por la pandemia. Los jueces ya están designados: Emir Caputo Tártara, Ezequiel Medrano y Juan José Ruiz. Había un comisario Silva procesado, pero ya falleció. El tiempo juega en contra”, reflexiona Matías.

(1)- “Pronto dejó de ser un secreto que el Chorizo Rodríguez habría pagado 150000
dólares al magistrado para ocultar la responsabilidad de tres de los sospechosos, el
subcomisario Ponce y los oficiales González y Gerez, sobrino del Chorizo. También
que la noche del crimen el juez Vara se habría presentado en la dependencia policial
y aconsejado a los asesinos que ‘desaparecieran’ el cuerpo. ‘Si no hay cadáver no hay delito’, como afirmó Klodczyk. Las pruebas reunidas por Tempera demostraron a Vara lo errado de aquel primer comentario suyo y el juez no tuvo más alternativa que procesar a la decena de policías”. Ricardo Ragendorfer y Carlos Dutil: La Bonaerense, Buenos Aires, Planeta, 1997, pp. 161 y 162.

(2)- “‘Un día llego y lo veo al muchacho, el más jovencito, muy nervioso, parado al borde de la pileta, con el fierro en la mano, que se quería pegar un tiro. Le pregunto a otro qué pasaba y se fue a consultar con Mario Rodríguez’, declaró el sargento Avio. Rodríguez le explicó que toda esa gente se había mandado una cagada grande trabajando para el comisario Costilla, jefe de la Brigada de La Plata en 1990, y que por eso debía refugiarlos. La ‘cagada’ consistió en haber ‘matado a una persona de apellido Núñez en la Brigada’. Avio afirmó que después supo que el jovencito era Pablo Gerez”. R. Ragendorfer y C. Dutil: O. cit., pp. 161 y 162.

(3)- “En el otoño de 1995 en un asado con sus amigos de la gorra el juez Vara pidió la cabeza de la abogada Tempera, para lo cual llegó a ofrecer 20 mil pesos. Cuando un testigo dio fe ante jueces, políticos y abogados de esta conspiración, a Vara no le quedó otra alternativa que excusarse de la causa. A la abogada le pusieron una custodia que nunca vio a los sujetos que intentaron ingresar a su casa cinco veces [...] Sus restos fueron hallados, calcinados, dentro de un tanque australiano en desuso, en un campo cercano a General Belgrano, el pueblo natal de Chiche Duhalde, cuyo encargado era primo del prófugo oficial Gerez Duhalde. Cuando la Justicia llegó al lugar, el puestero brillaba por su ausencia. ‘Qué andan haciendo acá, este campo es del comisario Mario Rodríguez’, increpó un lugareño. Aunque el lugar nunca estuvo a nombre del Chorizo y su propietaria era una mujer alemana de muy mal talante, la justicia tomó nota”. R. Ragendorfer y C. Dutil: O. cit.