El gobierno local del PRO, haciéndose eco del pedido de incremento de tarifas presentado por la cámara empresarial que prácticamente monopoliza el empresario Juan Inza, decretó un aumento en dos tramos. En el Concejo Deliberante, ante el debate abierto, el bloque del Frente de Todos, el Frente Renovador y Crear, no apoyaron el pedido de aumento, pero al aprobar la emergencia en el transporte público por un año, con posibilidad de ampliar este periodo, le otorgaron la posibilidad al ejecutivo de aumentar el pasaje por decreto. Una vez más, en los hechos la oposición demuestra que cogobiernan con el PRO sin contemplaciones.
Como consecuencia del aumento de tarifas, en tres meses el boleto pasó de $35,24 a $59,90 y en el tramo más prolongado del recorrido quedo con un valor de $95,05. Priorizando así, las ganancias empresariales ante las necesidades de miles de usuarios que requieren del servicio para movilizarse en la extensa ciudad balnearia.
El pedido de los empresarios del sector estuvo fundamentado en el impacto negativo de sus ganancias que provocó la pandemia, mientras el gobierno de Montenegro y la oposición le conceden el aumento, atendiendo el reclamo del sector, no tienen en cuenta que la crisis real que desató la pandemia fue de otra magnitud para los trabajadores y sobre todo la juventud, que no poseen ganancias sino necesidades para sobrevivir en una ciudad donde hay 33 mil personas sin trabajo, 89 mil que no consiguen la tan deseada estabilidad laboral de las cuales 52 mil ocupadas demandantes de empleo y 37 mil subocupadas. A estos sectores castigan con un tarifazo del pasaje terrible, sin tener en cuenta el mal estado de las unidades, las frecuencias que alcanzan los 90 minutos y no se contempla ningún protocolo de COVID-19 para el cuidados de choferes y usuarios.
Con estas medidas el gobierno local apunta a continuar con su política de beneficiar a los empresarios, mientras intenta ocultar las verdaderas necesidades de las mayorías populares.
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Ante este nuevo tarifazo se necesita una política de unidad con el pueblo trabajador que a diario utiliza el servicio de transporte y esta es una tarea que hay que empezar a discutir dentro de la UTA. El planteo de apertura de la contabilidad de las empresas va en este sentido también, permitiría un control de los trabajadores y usuarios sobre la “caja negra” de las empresas, y facilitaría herramientas a favor del pago de los salarios, la inversión en las unidades, mejoras del servicio como también en evitar los tarifazos poniendo por delante las necesidades sociales y no la ganancia privada.
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