Este jueves, con 33 votos aportados por Vamos Juntos, UCR, GEN y Socialismo (la Coalición Cívica se abstuvo), la Legislatura porteña dio este jueves una primera sanción a un paquete de convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y constructoras privadas para levantar once nuevas torres en distintos barrios del distrito.
La “Inmobiliaria Larreta” no para. Aprovechó la mayoría automática para continuar con los beneficios a las constructoras y su política de especulación. Los convenios urbanísticos plantean, en su mayoría, la autorización a realizar cambios a la normativa actual para permitir construcciones de mayor altura a cambio de una contraprestación monetaria al Estado. Un negocio redondo.
Cinco expedientes, incluido uno que implicaba la construcción en una área protegida, fueron retirados del listado original ante la falta de acuerdo dentro del interbloque oficialista.
Para la aprobación final, el proceso parlamentario contempla que haya una audiencia pública, aunque no vinculante, y un nuevo debate en el recinto, dado que se encuadran en las normas denominadas "de doble lectura".
Mientras tanto, con alquileres imposibles de pagar, vedando el acceso a la vivienda para miles de familias, la Ciudad se vuelve cada vez más expulsiva. Al momento que se votaba este megapaquete, la Policía de la Ciudad arrasaba con topadoras los restos de las precarias carpas que habían levantado las 80 mujeres con 175 niñas y niños que ocupaban el baldío en el barrio 31 llamado La Containera y que, por la mañana, habían sido brutalmente desalojadas.
Como en Guernica, la solución a la crisis habitacional por parte de los gobiernos, es la misma en ambos lados de General Paz. Allá, para construir canchas de golf, acá para megatorres para la especulación.
En la misma sesión, con 38 votos a favor y 20 en contra, quedó sancionada una modificación a la ley 402 de procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que ahora lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.
De esta manera, la Justica porteña podrá revisar causas que tramitan en la Justicia nacional. El TSJ que funciona en los hechos como un apéndice del Gobierno local fallando siempre a favor del oficialismo, ahora podrá extender sus atribuciones.
El proyecto que llegó al recinto se titula "modificación de la normativa vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales", y autoriza las modalidad mixta, presencial y virtual para estos trámites. Pero, incluye esta ampliación de competencias. | 
