El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, les dio la razón este miércoles al equipo de fiscales federales compuesto por Iara Silvestre, Andrés Heim y Horacio Azzolin, quienes habían solicitado que María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, sea apartada de la causa en la que se investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.
En un escrito firmado el viernes 1° pero recién dado a conocer hoy, De Luca dice que Marrón “no practicó ninguna medida conducente, denegó las propuestas por la fiscalía, hizo perder un tiempo precioso a la pesquisa (‘el tiempo que pasa es la verdad que huye’) e incorporó elementos que en lugar de esclarecer, entorpecen la búsqueda de la verdad real”. Así, la jueza obstaculizó “líneas de investigación que pudieran comprometer la actuación de las fuerzas de seguridad del lugar en los hechos”.
El fiscal general interviene en el caso a partir del recurso de abierto en la Sala I de la Cámara Federal de Casación que había sido interpuesto por el equipo de fiscales que intervienen en la causa luego de que la Cámara Federal de Bahía Blanca rechazara la recusación de la jueza que habían solicitado.
La Sala I abrió a su vez otro recurso de queja de Heim, Azzolin y Silvestre referido a la orden de Marrón (totalmente inconsulta con ellos y pasando por encima de sus facultades procesales) de producir un informe pericial oceanográfico que, a la luz de sus resultados, es totalmente funcional a la hipótesis del “accidente” que tanto el Gobierno bonaerense, la Policía provincial y la misma Marrón pretenden fundamentar con pruebas totalmente endebles.
En su dictamen (al que accedió La Izquierda Diario), De Luca afirma que “la descripción de las circunstancias del caso en estudio no deja lugar a dudas respecto de que la jueza de la causa ya tiene una posición tomada (un prejuicio) sobre cómo se sucedieron los acontecimientos que derivaron en la muerte del joven Astudillo, lo cual es totalmente incompatible con la actitud y apertura mental que debe adoptar cualquier magistrado en la etapa de investigación o averiguación de un posible crimen”.
Agrega en ese sentido que esa cuestión “no es banal, porque esta actividad de la magistratura puede implicar la responsabilidad internacional del Estado argentino, la cual se produce, cabe recordar, tanto por acción como por omisión”.
Para el fiscal general el accionar de la jueza es grave, ya que “sus decisiones terminaron produciendo obstáculos y desvíos de la investigación hacia un único rumbo, el de su hipótesis”, por lo que “se viene obturando la posibilidad de los acusadores de profundizar las líneas de investigación que ellos consideran correctas y pertinentes, de acuerdo al bagaje probatorio colectado durante la instrucción de esta causa, guiado por la experiencia criminalística y la triste historia argentina de hechos similares que nos han enseñado a no descartar ninguna posibilidad”.
Para De Luca, “toda hipótesis que se aparte del mero ‘accidente’ y se dirija hacia la posibilidad de un homicidio, doloso o culposo, o un encubrimiento de éste, es inmediatamente negada” por la jueza Marrón. Motivo suficiente para que ya no siga actuando en la causa y, eventualmente, sea ella también investigada por su accionar cómplice con la Policía Bonaerense y sus encubridores.
Apenas enterada del dictamen del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Cristina Castro dijo a La Izquierda Diario que “al fin parece que se empieza a hacer algo bien. Esta jueza a nosotros nos quiso sacar a toda costa, yo no me olvido que a fines del año pasado un familiar de los policías implicados en la muerte de Facu se me acercó y me dijo que la jueza iba a cerrar la causa a fin de año y que yo me las iba a tener que ver con ellos”.
“Agradezco a Dios, a la vida y a mi flaco que me da fuerza para seguir adelante, porque realmente lo que hizo esta mujer es imperdonable”, sentenció la madre de Facundo, para quien este dictamen del fiscal De Luca “es un hilo de esperanza entre tanta oscuridad”.
“Ahora espero que Casación aparte finalmente a esta mujer de la causa para poder meterlos a todos presos”, afirmó Castro en referencia a los policías Jana Curuhinca, Siomara Flores, Mario Sosa, Alberto González y a quienes desde el Poder Judicial y el poder político llevan un año y medio apostando a la impunidad en el caso.
“Seguimos esperando que la Justicia nos mire un poquito, porque los de abajo nunca llegamos a eso”, afirmó la trabajadora de una estación de servicio de Pedro Luro, en el extremo sur de la Provincia de Buenos Aires. “Mientras tanto seguimos con los brazos levantados y listos para enfrentar lo que venga”, concluyó. | 
