Hace unas semanas nuevamente las mujeres protagonizamos jornadas importantes por nuestro derecho a decidir, nos las ingeniamos para no faltar pese al trabajo en riesgo, así como el aumento de la carga laboral y académica que nos roba tiempo para que no luchemos.
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Y aunque fue muy progresivo que pintáramos las calles de verde y violeta, nos hizo falta una convocatoria central que unificara nuestra fuerza, tomando como referencia que a pesar de las conquistas que les arrebatamos con la despenalización en varios estados y nos ponen en mejores condiciones en la lucha por la legalización del aborto en todo el país, requerimos mantener una organización permanente para ganar nuestros derechos en un momento donde se golpetea duramente nuestras condiciones de vida.
Seguir organizadas nos permitirá contrarrestar las campañas orquestadas por los medios de comunicación para evitar que impongan la criminalización al movimiento de mujeres, generando estigmas basados en que quienes asisten a estas convocatorias son mujeres violentas, ya que dicho argumento tiene el claro objetivo de dividirnos de la sociedad y diluir el potencial de nuestras legítimas demandas que podría convocar a miles de mujeres trabajadoras y estudiantes que padecemos la opresión y explotación.
Organicémonos por educación sexual integral sin injerencia de las Iglesias y lxs antiderechos
En el sector educativo, tras año y medio de pandemia, el regreso a las aulas se impuso con el discurso de la recuperación de aprendizajes, y, además, como un mecanismo necesario para aminorar problemas de violencia y embarazos adolescentes.
Pero ¿por qué no se presentó una propuesta para recuperar a todas las niñas, niños y adolescentes que fueron expulsados del sistema educativo por vivir estas problemáticas?
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De acuerdo con la Encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 18 años no se reinscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 debido a las problemáticas que se agudizaron con la pandemia.
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Como docentes fuimos testigos del incremento de la violencia hacia nuestras alumnas, sus madres y las disidencias sexuales, y pese a que teníamos pocas herramientas tratamos de dar un acompañamiento, pero enfrentamos duros obstáculos que rebasan nuestra buena voluntad y convicciones, como lo es la falta de contenidos curriculares en los diferentes niveles educativos para dotar de herramientas sobre salud sexual y reproductiva sin la moral conservadora de la iglesia, para que nuestros estudiantes dentro y fuera del aula puedan cuidarse, prevenir, tener la capacidad de elegir y de disfrutar su sexualidad.
Además, para que conozcan su cuerpo, aprendan a cuidarlo, valoren la afectividad, reconozcan su identidad de género, respeten la diversidad y ejerzan sus derechos plenamente.
Ante esto, pelear por una educación sexual integral que atienda las necesidades de la comunidad escolar está más vigente que nunca. Para ello requerimos contenidos pedagógicos que contemplen las diversidades sexuales en sentido amplio, la interrupción voluntaria del embarazo, así como las formas de protección en cada relación para ejercer su sexualidad libremente sin que les impongan la abstinencia.
Estas demandas no pueden estar disociadas de la defensa de la educación pública y gratuita, por mejores condiciones laborales al interior del sector educativo, ni tampoco de la pelea por condiciones realmente óptimas para garantizar un regreso a las aulas seguro sin que se exponga nuestras vidas, es parte del enorme compromiso que asumimos como docentes para formar sujetos críticos, y para ello se hace indispensable que comencemos a articular estas demandas para integrar a más compañeras docentes sumando nuestras fuerzas.
Al mismo tiempo que adherimos a la lucha por aborto legal y gratuito como una demanda nacional para que no haya más muertas por aborto clandestino y se termine con el negocio de las clínicas privadas sobre nuestro derecho a decidir, también requerimos aumento al presupuesto educativo de emergencia para garantizar que nuestras escuelas cuenten con profesionales que puedan brindarnos el acceso a la salud sexual y reproductiva.
¡Organicémonos por nosotras, nuestras alumnas y sus madres! | 
