La militarización como acción en la región de la Araucanía, fue algo que se impulsó tanto en los gobiernos de Sebastián Piñera, como en ambos gobiernos de Michelle Bachelet. La memoria reciente, nos deja presente el asesinato de Camilo Catrillanca en el año 2018 con la implementación del “Comando Jungla”, con Andrés Chadwick a la cabeza, esa policía especializada creada para enfrentar el llamado “terrorismo” el cual utilizan para justificar la represión y asesinato al pueblo mapuche. Durante la rebelión de Octubre del año 2019, de la cual estamos ad portas de conmemorar dos años, la imagen de Camilo Catrillanca asesinado por la policía se replicó por las ciudades del país, al igual que la bandera del pueblo mapuche, la cual era reivindicada por el conjunto de la población en medio de las protestas y las movilizaciones.
La actual decisión de este Estado de excepción que ya ha movilizado cerca de 900 militares a la llamada macrozona sur, no es sólo de Piñera, sino que responde a una política represiva del Estado en respuesta a sectores de ultraderecha, acusaciones de narcotráfico en la zona y las diferentes presiones de los llamados “camioneros” que no son más que sectores patronales, dueños de capitales en el sur de Chile, que buscan sostener sus ganancias e intereses.
Camila Delgado dirigenta del Partido de trabajadores revolucionarios y actual candidata a diputada por el distrito 23 que se compone por la ciudad de Temuco y otras localidades aledañas, señaló: “Rechazo enérgicamente el Estado de emergencia y la militarización instalada en este territorio, que hoy se busca profundizar con esta medida. Esta declaración de guerra que hace el Gobierno de Piñera, se da en el contexto del paro de camioneros que generó un bloqueo en las principales carreteras de la región de la Araucanía y el Biobío, que obtuvo como respuesta fortalecer la militarización con el decreto de Estado de Emergencia, la cual venía siendo solicitado al gobierno de Piñera por parte de los latifundistas y grupos empresariales de la industria forestal.”
La devolución de los territorios.
La solución a este conflicto no viene de la mano con mayor represión y militarización, sino con la devolución del territorio ancestral reclamado por las comunidades mapuche que hoy se encuentran en procesos de recuperación, muchas de ellas debido al rezago y eterna tramitación de la CONADI en la entrega de predios a las comunidades mapuche realizada por el camino institucional. La familia Matte y Angelini, son las responsables de este conflicto, ya que a través de la usurpación del territorio mapuche y la sequía que provocan sus monocultivos, ganan millones y millones. El Estado de Emergencia no es la solución, sino que la agudización de un conflicto que tendrá como responsable al Gobierno de Piñera, quien además enfrenta una aguda crisis política con la revelación de los Pandora Papers y su relación con la minera Dominga, una crisis que busca ser contenida bajo un mayor autoritarismo expresado en esta decisión.
Durante la dictadura militar se profundizó un fenómeno de usurpación de territorios, en donde tanto la familia Matte como los Angelini se vieron directamente beneficiados, siendo “propietarios” de más de dos millones de hectáreas de tierras versus cerca de las 500 mil hectáreas que fueron entregadas al pueblo mapuche rural. Esto fue por medio del Decreto de ley 701 que facilitó la explotación forestal en territorios agrícolas pertenecientes al pueblo mapuche. Esto abrió paso a la actual lógica extractivista neoliberal de cómo se comprenden los territorios, a la par de que su productividad esté al servicio del mercado y del privado, por sobre el bien común, que es uno de los principios en las comunidades al interior del pueblo mapuche.
Este gobierno quiere, por medio de este decreto, fortalecer la invasión militar a las comunidades mapuche, la cual ha sido sostenida históricamente por los gobiernos de la ex concertación, la nueva mayoría y la derecha, pero que hoy, el gobierno de Piñera, pretende llevarla a una escala aún mayor, alineándose principalmente con la industria forestal, latifundistas y los sectores de derecha más conservadores y racistas, que también han atacado comunidades y realizado boicot en accesos o carreteras en nombre de la “paz” que no sino más represión y esta medida repudiable de llenar de tanques, armas y de Fuerzas Armadas la región del Bío- Bío y la Araucanía.
La militarización se instaló en este territorio por años, pero hoy solo busca profundizar con esta medida. Esta declaración de guerra que hace el Gobierno de Piñera, se da en el contexto del paro de camioneros que generó un bloqueo en las principales carreteras de la región de la Araucanía y el Biobío, que obtuvo como respuesta fortalecer la militarización con el decreto de Estado de Emergencia, la cual venía siendo solicitado al gobierno de Piñera por parte de los latifundistas y grupos empresariales de la industria forestal.
El día de mañana se entregará “oficialmente” de parte de los militares a cargo del funcionamiento del estado de emergencia en el Bio Bio y la Araucanía. Mientras tanto ya se encuentran moviendo las tropas militares hacia la macrozona sur.
Se vuelve sumamente necesario que las organizaciones de Derechos Humanos, las organizaciones y comunidades Mapuche, junto con sindicatos, federaciones estudiantiles, la Unión Portuaria y el Colegio de Profesores convoquen a movilizaciones, acciones y muestren toda su solidaridad con quienes hoy están siendo víctimas del terrorismo de Estado impuesto por el gobierno de Sebastian Piñera. |
