Tres de los altos tribunales cuya mandato se encontraba caducado hace meses serán finalmente renovados. Los nuevos jueces serán electos en una doble sesión de las dos cámaras, Congreso y Senado, previsiblemente la última semana de octubre.
Estos “juristas de reconocido prestigio” han sido acordados por el PSOE, Unidas Podemos y el PP para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos, así como la figura del Defensor del Pueblo. Sobre los nombres de los mismos no ha transcendido de momento ninguno.
Dos de los tribunales renovados son, junto al Supremo, de los principales arietes contra el independentismo catalán y, en el último tiempo, de la pinza judicial sobre el gobierno. El Constitucional ha sido elevado, gracias a los recursos sin fin del PP y el PSOE, en una especie de “segunda Cámara” del Parlament catalán, tirando atrás leyes de todo tipo, no solo sobre el procés. Ahora la derecha lo viene instrumentalizando pero para apretar a Moncloa, como ocurrió con su sentencia contra el Estado de Alarma.
El de Cuentas es parte de la persecución económica a los líderes independentistas. Hoy mismo se conocía la noticia que que rechazaba los avales presentado por la Generalitat para evitar el embargo de Artur Mas y otros ex altos cargos de la Generalitat por la consulta del 9N de 2014.
El acuerdo viene a escenificar que el consenso del bipartidismo en estos temas, al que se suma ahora UP como parte de su integración plena al régimen es total. Esta por verse si se extiende a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en manos todavía del sector más conservador de la Judicatura, y que el PP se niega a renovar si no es previa reforma de la legislación que regula su elección para dejar aún más manos libres a la casta judicial en su acción de interventora, árbitro y defensa de las posiciones más “búnker”.
La disputa entre ambas alas sobre la Justica, el sistema de elección y la renovación de los órganos de gobierno pendiente no tiene una posición que se pueda definir como “progresiva”. La casta judicial es uno de los sectores más reaccionarios y endogámicos del Régimen, muy estrechamente vinculado a los grandes poderes económicos, el “Estado profundo” y la Corona. No tiene reforma, ni gestión progresista posible.
Contra esta Justicia de Su Majestad y las grandes empresas, es necesario retomar la lucha por demandas democráticas radicales que acaben con esta casta, como el establecimiento generalizado de juicios por jurado, la elección por sufragio universal de todos los jueces y que éstos cobre un salario equivalente al salario medio. | 
