Cinco años han pasado desde que el 19 de junio de 2016 un violento operativo de la Policía Federal y el Ejército irrumpió en el poblado oaxaqueño de Asunción, Nochixtlán, que resistía contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. A la fecha, siguen sumándose casos de tortura y otras violaciones graves a Derechos Humanos sin que esto signifique avance alguno para hacer efectiva la exigencia de juicio y castigo a los responsables, así como de verdad y justicia para las víctimas y sus familiares.
En esta ocasión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo público el documento "Diagnóstico sobre los sucesos de Asunción Nochixtlán 2016: Recomendación 7VG/2017. Un camino para la reparación integral". En éste se da cuenta del registro de dicho organismo de distintas violaciones a DDHH cometidos por la policía y el Ejército durante la represión de Nochixtlán, en el marco de movilizaciones y protestas por todo el país en contra de las reformas estructurales impuestas a sangre y fuego con la venia de todos los partidos en el Congreso.
De acuerdo al registro de la CNDH, esta jornada represiva dejó tras de sí ocho personas fallecidas, 174 lesionadas, 171 afectadas por el uso de gases lacrimógenos, 108 con daños psicológicos y 43 con afectaciones patrimoniales.
¿Y los responsables?
Este informe da cuenta de ocho personas que fueron torturadas por elementos de la Policía Federal, entonces encabezada por Enrique Galindo, separado de su cargo unos meses después para ser investigado por masacres como la de Tanhuato y por la represión en Nochixtlán y que hoy es presidente municipal de San Luis Potosí por la alianza PRI-PAN-PRD.
La represión en aquella violenta jornada no se limitó al poblado de Nochixtlán y según registra la CNDH, en San Pablo Huitzo al menos siete personas más sufrieron algún tipo de agresión y tortura a manos de elementos de la Policía Federal.
De 2006 a 2018, corporaciones policiacas municipales, estatales y federales recibieron 52 recomendaciones por la tortura de 211 personas por parte de la CNDH. En este mismo periodo, tras la declaración de "guerra contra el narco" —que implicó la militarización del país—, la CNDH emitió 92 recomendaciones por tortura perpetrada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (con 295 casos); 33 a la Secretaría de Marina, con 122 víctimas.
El entonces titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, quedó impune bajo el amparo del gobierno de Enrique Peña Nieto. De la misma manera el general fue exonerado y protegido con todo un despliegue diplomático bajo el gobierno de AMLO luego de su detención por autoridades estadounidenses en octubre de 2020. El gobierno de la 4T desplegó un discurso de soberanía para desestimar las acusaciones contra Cienfuegos por vínculos con el crimen organizado, mientras que casos como Nochixtlán, Tlatlaya y el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por mencionar algunos de los de más alto impacto a nivel nacional e internacional ocurridos bajo la mirada de Cienfuegos, siguen impunes.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha tenido un actuar deslucido en el caso Nochixtlán y, según señalan organismos de DDHH, hay aún un largo camino por recorrer en la senda de la obtención de verdad y justicia para las víctimas. Sin embargo, no se trata sólo de un organismo que "no funciona" o no "hace su trabajo", sino que es claro que el discurso de atención a víctimas desplegado por el Estado es para lavarse las manos y limpiar el nombre de instituciones como la Policía y El Ejército, esencial en el actual gobierno. Así lo ha dejado ver la cada vez mayor injerencia militar en asuntos de la vida pública nacional y los constantes recortes que perciben instancias de atención a víctimas de la violencia o para la procuración de justicia.
Tal y como hemos visto, la justicia no vendrá de la mano de un sistema que protege y encumbra funcionarios vinculados a crímenes y a graves violaciones a los DDHH. La formación de comisiones independientes, con pleno financiamiento del Estado es clave, así como la unidad en las calles para exigir la desarticulación de cuerpos como la Guardia Nacional —que recibe un presupuesto millonario—, la vuelta del Ejército a sus cuarteles y el juicio y castigo a los responsables. | 
