La noche del pasado miércoles comenzó a regir la criminal medida de Estado de Emergencia en la denominada "macrozona sur". Hasta el momento se han reportado cientos de agentes de las FFAA para comenzar a definir las zonas de "conflicto" para entrar a reprimir. El gobierno declaró la guerra definitivamente.

Con más de $1600 millones de pesos destinados a nuevos carros blindados, cientos de agentes de FFAA desplegados en la zona y el estado de alerta de las comunidades Mapuche, comenzó a regir la nueva guerra de Piñera en los territorios ancestrales del sur.

La experiencia del Comando Jungla con el asesinato de Camilo Catrillanca y las decenas de hechos represivos en la zona no son suficientes para los dueños de las forestales y los latifundistas que se mantienen en calidad de usurpadores del territorio ancestral. Frente a esto, el gobierno criminal de Piñera decidió aplicar la medida de Estado de Emergencia, que ha sido rechazada por diversas organizaciones indígenas y de Derechos Humanos.

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El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, indicó que "existe un temor profundo a asumir este conflicto de una forma seria y la derecha lo reemplaza por la política del garrote". Agregando que en la zona sufren con "forestales arrinconando comunidades, políticas extractivistas en demasía, una devastación del Wallmapu", lo que "no da para más". Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos calificó la medida como un "fracaso del Estado".

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Camila Delgado, candidata a diputada por el distrito 23 (región de La Araucanía), rechazó enérgicamente la medida del Estado de Emergencia e indicó que "la solución está en la devolución del territorio ancestral reclamado por las comunidades mapuche que hoy se encuentran en procesos de recuperación, muchas de ellas debido al rezago y eterna tramitación de la CONADI en la entrega de predios a las comunidades mapuche realizada por el camino institucional".

Además, la candidata denuncia que "la familia Matte y Angelini, son las responsables de este conflicto, ya que a través de la usurpación del territorio mapuche y la sequía que provocan sus monocultivos, ganan millones y millones".

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Los organismos de Derechos Humanos, sindicales y sociales deben convocar a una gran movilización en contra de la militarización de los territorios Mapuche y por la devolución de todas las tierras usurpadas por latifundistas y empresarios. Asimismo, la lucha por la autodeterminación del pueblo-nación Mapuche debe tomar más fuerza frente a la camisa de fuerza de las normas que rigen a la Convención Constitucional.