Una vez más sale a la luz las condiciones de esclavitud a las que son sometidos cientos de trabajadores frente a los ojos de autoridades políticas, judiciales y de dirigentes sindicales que si bien para intentar lavarse la cara realizan cada tanto alguna denuncia, hacen la vista gorda para que los empresarios hagan literalmente lo que quieran.
Esta vez se trata de diez peones rurales que durante más de una década padecieron condiciones inhumanas en un tambo ubicado en la provincia de Santa Fe. Pero casos como este se multiplican por cientos en todo el país.
La orden judicial llegó después de trece años, una clara muestra de como el Poder Judicial ampara a los explotadores. La denuncia fue realizada por la Uatre, y a partir de una inspección, se comprobó que en un establecimiento agrícola ganadero en la zona rural de Estación Díaz, en el departamento San Jerónimo, los trabajadores eran sometidos a condiciones inhumanas.
El procedimiento fue realizado en el marco de una causa federal por explotación laboral y trata de personas. Los diez trabajadores eran sometidos a la esclavitud, viviendo en condiciones de absoluta precariedad y hacinamiento, instalaciones eléctricas peligrosas y deficientes, en condiciones edilicias con peligro de derrumbe y problemas crónicos de salud.
Trata de personas y explotación laboral. Estado y empresarios responsables
Sin agua, sin baños, sin luz, sin un lugar para higienizarse, un capataz armado con armas de fuego que efectuaba disparos al aire y los amenazaba con despedirlos si pedían tener algún descanso. Esto pasó en Entre Ríos.
Mientras en la provincia de Buenos Aires, pasaron más de diez años para que la justicia requiera el procesamiento de cuatro directivos y dos encargados de la firma Satus Ager, dedicada al desflore de maíz en estancias de Ramallo y Arrecifes. Se los acusó por someter a condiciones inhumanas a 237 trabajadores, sin agua, sin luz y con jornadas de sol a sol, mientras Daniel Scioli era gobernador.
A lo largo y ancho del país trabajadores y trabajadoras son explotados en condiciones inhumanas sin que ninguna autoridad política ni judicial hagan nada para evitarlo, todo lo contrario. Nadie podría pensar que cientos de personas sean sometidas de esta forma durante años e incluso décadas sin el amparo estatal.
Los casos se multiplican y afectan no sólo a personas adultas si no a niños y niñas.
La trata de personas con fines de explotación laboral es un crimen inherente al capitalismo, ocurre en todo el mundo y al igual que en nuestro país todo sucede gracias a la complicidad estatal.
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