Desde que el gobierno ha decretado Estado de Emergencia en Wallmapu el día 12 de octubre, "día de la resistencia indígena", las Fuerza Armadas en compañía del GOPE, el Comando Jungla y militares ingresaron a diversos territorios poblados por comunidades Mapuche. Eso han denunciado quienes son integrantes de aquellas comunidades, como también diversos medios independientes, ya que la medida fue anunciada para ser impulsada desde el jueves 14 de este mes.
Por otro lado, Lionel Curtis, General del ejército y uno de los que encabeza el Estado de excepción, afirmó en una rueda de prensa realizada este viernes que "hasta el minuto por lo menos las situaciones dentro de la región no ameritan aplicar medidas restrictivas. No venimos a restringir a la ciudadanía, venimos netamente a restringir los actos delictuales".
Aquellas declaraciones son contradictorias, considerando que los gobiernos de la ex Concertación y los períodos encabezados por Piñera usaron la fuerza policial y militar con la que han invadido y vulnerado derechos en territorio aborigen, pero principalmente en el Wallmapu. Tales acciones han devenido en asesinatos, como el caso de Camilo Catrillanca en el 2018, cuando se comprobó persecución de parte del Comando Jungla, quienes se defendieron en base a mentiras apoyadas por el oficialismo con el fin de salir impunes.
Lo decretado esta semana por el imputado Presidente de Chile Sebastián Piñera, ha significado la llegada, a las comunas de Bio Bio, Arauco, Malleco y Cautín, de un aparataje militar fuera de lógica, para un territorio poblado de comunidades que resisten el avance de las empresas forestales e hidroeléctricas. Resistencia histórica, pero que hoy tiene a un ejercito proveído de un equipamiento único de guerra que lo ubica en una clara posición de superioridad.
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Así, hemos visto helicópteros sobre volando las comunidades de Ercilla, carros blindados al estilo tanques de guerra, camiones de guerra, con cientos de efectivos del ejercito:
La militarización del Wallmapu busca proteger, por una parte, los intereses de las grandes empresas forestales encabezadas por las familias Matte y Angelini, quienes aumentaron sus fortunas en desmedro de la precarización de la clase trabajadora en plena pandemia, y por otra, a grupos latifundistas que en complicidad con el gobierno han llevado a juicio a líderes Mapuche sin pruebas concretas, mientras les quitan las tierras a sus comunidades.
Previo a un nuevo aniversario de la revuelta social, es necesario desarrollar alianzas políticas contra el modelo forestal amparadas por decretos hechos en dictadura. Además, seguir exigiendo juicio contra quienes son responsables a la violación sistemática a los derechos humanos desde octubre del 2019 y contra el pueblo Mapuche.
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