Este lunes alegó el fiscal federal Juan García Elorrio. Pidió una condena con cárcel efectiva para dos militantes que participaron en 2017 de las manifestaciones en rechazo a la reforma previsional macrista. De esta manera las penas que reclama el fiscal es de 3 años y 4 meses de prisión para César Arakaki -militante del Partido Obrero- y 3 años para Daniel Ruiz -militante del PSTU-.
El 1° de noviembre será el turno de los alegatos de los abogados defensores, Claudia Ferrero y Martín Alderete. El juicio está a cargo del juez Javier Feliciano Ríos, que actúa como tribunal unipersonal. En caso de que los jueces aceptaran el pedido del fiscal, las condenas podrían ser de cumplimiento efectivo. Lo que significaría un salto en la criminalización de la protesta social que se dieron en el marco de un saqueo de un gobierno de los CEO.
La abogada Claudia Ferrero sostuvo que acusan a Arakaki por haber arrojado una piedra al policía Escobar: “El primer día se vio en un video que no fue Arakaki el que arrojó la piedra y por eso se retiró del juicio el abogado querellante que representaba a Escobar como víctima”. La abogada de los manifestantes explicó que: “Nos parece terrible y llamativo que los acusen de haber arrojado piedras y en el juicio se vio a un policía filmado arrojando cuatro piedras sobre una columna del Partido Obrero, que no estaba agrediendo a nadie, y ningún fiscal hizo una acusación contra la policía”.
Durante el proceso judicial, los únicos testimonios contra ambos militantes son de efectivos de la Policía, institución responsable de una brutal represión ordenada por el poder político, que terminó con decenas de heridos, incluyendo por lo menos 5 personas que perdieron un ojo por disparos policiales.
Este mismo lunes, organizaciones de izquierda realizaron un acto en Comodoro Py para reclamar la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz. Por el PTS-FIT estuvieron Matías Aufieri, abogado del CeProDH y Claudio Dellecarbonara, trabajador del Subte y miembro de AGTSyP. El diputado (MC) del PTS-FIT sostuvo: "Reclamamos la libertad de Sebastián Romero y la absolución para Arakaki y Ruiz. También exigimos el cese de persecuciones contra quienes se manifiestan en medio de protestas sociales".
Asimismo, Dellecarbonara subrayó que este juicio demuestra "el carácter de clases del Poder Judicial".
La criminalización que sufren Romero, Arakaki y Ruiz, demuestra la doble vara del Poder Judicial. Mientras el saqueo macrista -que incluye el préstamo del FMI- no tiene un solo procesado, fueron veloces para criminalizar la rebelión popular.
Recordemos que en la movilización en rechazo de la reforma previsional participaron unas 100 mil personas. A pesar del rechazo masivo, el Congreso de la Nación, con los votos de un sector del peronismo, aprobó esta medida.
El flamante jefe de Gabinete Juan Manzur -entonces ya gobernador tucumano- fue uno de los mandatarios provinciales que aportaron legisladores para la aprobación de ese enorme ataque contra millones de jubilados y jubiladas.
Recién, en los primeros días de octubre se logró que Sebastián Romero, que desde diciembre de 2017 sufre una fuerte persecución judicial, le otorgaran la prisión domiciliaria. Luego de largas semanas de espera y de presión de organizaciones a nivel nacional e internacional, finalmente el Tribunal Oral Número 3 autorizó el traslado de Sebastián Romero a Rosario, su ciudad natal, para seguir cumpliendo allí la injusta condena que recibió por haber tirados pirotecnia en la manifestación en la Plaza Congreso contra la reforma previsional.
Es preciso redoblar las fuerzas para seguir hasta el final por la libertad de Sebastián y todos los presos políticos, y por la anulación del juicio contra Daniel Ruiz y Cesar Arakaki que está entrando en sus etapa final. Repudiamos el pedido persecutorio del fiscal Juan García Elorrio.
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