El presidente, Alberto Fernández, aseguró en una reunión con empresarios que el acuerdo con el FMI “está muy bien encaminado” y que se cerrará durante el primer trimestre del año que viene. Así, mientras dice defender a las grandes mayorías, se compromete con la minoría millonarios del país a seguir gobernando según sus intereses.
Desde su asunción hasta el mes de septiembre de este año, el Gobierno destinó más de U$S 10.080 millones a pagarle a organismos internacionales, como el FMI o el Club de París, y a otros Estados, como China, en concepto de capital e intereses por préstamos otorgados al país, según los datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC). Pese a los discursos de los distintos referentes del Frente de Todos, el conjunto de los legisladores votaron esa asignación de recursos que prioriza cumplir con los vencimientos de una deuda externa que no ha generado ningún beneficio para las familias trabajadoras.
Para tener dimensión de lo que implica ese dinero perdido, podemos estimar qué se podría haber conseguido de haberlo invertido en otro tipo de políticas. Con esos fondos se podrían haber construido más de 280.000 viviendas o entregado dos rondas de IFE de $50.000 a 9 millones de personas. Los jubilados vienen sufriendo un duro ajuste y la inmensa mayoría cobra haberes por debajo de su canasta de consumos mínimos que se estima en $64.000. Hubiese alcanzado para cubrir el pago de 15 millones de esas canastas.
Facilidades extendidas
No sólo el presidente intenta avanzar en un acuerdo con el FMI. El viernes 15, Guzmán junto con Juan Manzur, flamante jefe de gabinete, como parte de su viaje a EE. UU., mantuvieron un encuentro con empresarios y fondos de inversión. Entre ellos estuvieron representantes del fondo buitre BlackRock y especuladores de la deuda como VR Capital Group; además de analistas de los bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs y JP Morgan.
Allí los funcionarios reforzaron que la prioridad es cerrar un acuerdo con el Fondo, Manzur afirmó que "un acuerdo positivo con el FMI es una prioridad nacional que involucra a todos los sectores de la sociedad argentina”. En este sentido, el jefe de gabinete afirmó que "esto tiene consenso adentro del Frente de Todos y queremos llevarlo al Congreso y tener el apoyo de todos los sectores políticos para que sea aprobado allí". En tanto, Guzmán prometió seguir con el ajuste en curso y aclaró “consideramos importante que el déficit vaya bajando gradualmente".
Fuera de las salas de cómodos sillones y trajes caros, los discursos del Frente de Todos cambian. Este 17 de octubre se hizo un acto por el día de la lealtad peronista, la convocatoria fue por parte de Madres de Plaza de Mayo y algunos líderes sindicales afines al kirchnerismo, con la consigna del no pago a la deuda externa. Allí Hebe de Bonafini afirmó: “este acto de hoy (...) es el inicio de una lucha hasta que consigamos no pagar la deuda", para luego mostrarse charlando amablemente con el Gobernador Axel Kicillof. El candidato por la Ciudad, Leandro Santoro, fue uno de los asistentes destacados del acto.
La filtración de los audios de la diputada Fernanda Vallejos, luego de la derrota electoral en las PASO, daba cuenta de la tensión interna en la coalición gobernante. Ella misma había encabezado una proclama donde se caracterizaba como ilegal el préstamo adquirido bajo el mandato de Mauricio Macri. Más atrás en el tiempo Cristina Kirchner había realizado fuertes declaraciones contra el Fondo y hasta Alberto había denunciado que la gestión de Cambiemos había destinado el préstamo del FMI a la fuga de capitales.
Las palabras se las lleva el viento, de los más de U$S 10.000 millones destinados a pagar préstamos internacionales, U$S 4.216 fueron para el Fondo y antes de que termine el 2021 entregarán U$S 2.300 millones más. El Gobierno se está preparando para cerrar un acuerdo de facilidades extendidas, el más duro en cuanto a exigencias de ajuste que existe en los tipos de préstamo que ofrece el FMI, ya que implica reformas estructurales. Ser parte del Frente de Todos, es ser parte de esa orientación política.
El interés de las patronales por poner al Estado bajo las directivas del FMI reside en que necesitan para sus negocios que el país siga integrado en los circuitos financieros internacionales. Pero para el pueblo trabajador sólo recaen los costos de continuar pagando. Acordar con el FMI no es el único camino como repite el Gobierno y la oposición patronal. Es posible encarar un desconocimiento soberano de la deuda y así poder destinar esos recursos a terminar con la crisis social que ha sumergido a más del 40 % de la población en la pobreza.
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