El gobierno ha continuado hasta ahora con sus planes para la ciencia y la tecnología que no representan, más allá de sus discursos, una ruptura con las anteriores políticas de la derecha. En el camino, ha enfrentado conflictos que han sacado a relucir varias cosas, entre ellas el papel del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Éste es un organismo que sigue promoviendo en los hechos que la producción científica nacional esté al servicio de grandes empresas, que entre 2013 y 2018, recibieron 41 mil 624 millones de pesos del presupuesto de ciencia y tecnología, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.
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Otro aspecto que fomenta el Conacyt heredado de las administraciones previas, es el sistema de estímulos que tiende a crear castas académicas, las cuales concentran los beneficios de dicho sistema, acaparando plazas, puestos directivos, ingresos y el control de las instituciones de educación superior. La otra cara de la moneda de esta situación es la existencia de los profesores de asignatura que laboran en condiciones ultraprecarias, con plazas temporales, de tiempo parcial, como interinos, y representan del 70% al 80% de la plantilla docente, estos son esquemas que se implementaron a finales de la década de 1970 y se impusieron en la de 1980, pero fue en la década de 1990 cuando se profundizaron de formar que se volvieron masivos.
Estos esquemas se extienden cada vez más. Por ejemplo, según cifras del año pasado de la Plataforma en Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el 2020 había 720,788 profesores universitarios, de los cuales 6,937 eran de medio tiempo, 48,957 eran de tiempo completo y 664,894 eran de asignatura. Es decir, la inmensa mayoría de los académicos de las 35 universidades públicas del país, se encuentran en condiciones de precarización laboral, con inestabilidad en el trabajo, bajos salarios, sin prestaciones, sin derecho a pertenecer a un sindicato y a tener un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), entre otras situaciones.
Mucho no ha cambiado
Por esa situación, durante este sexenio se despertaron diversos movimientos de profesores precarizados y trabajadores sindicalizados por el reclamo de mejores condiciones de trabajo. Por ejemplo, en el 2019 surgió la Asamblea de Profesores de la UACM en lucha; en el 2020, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo (STUACH) realizó una huelga para reclamar mejores condiciones laborales; también hubo otras luchas ese año que no fueron escuchadas.
En este 2021 pudimos observar otros movimientos como el #UNAMNoPaga, iniciado por profesores de la Facultad de Ciencias de la UNAM en reclamo de pagos atrasados y por las condiciones de precarización laboral a las que están sometidos. Recientemente publicaron un pronunciamiento contra el hostigamiento que padecen y por la defensa de su causa. También se conformó la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de las Universidades del Bienestar Benito Juárez (ATTUBBJ), que ha denunciado despidos injustificados en estas universidades directamente creadas por el gobierno de la 4T, en las cuales no existen los derechos laborales.
Más recientemente, jóvenes investigadores afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras del Conacyt (Siintracatedras) denunciaron despidos injustificados y malas condiciones de trabajo, señalando la responsabilidad de la directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla.
¿Qué ha hecho la 4T para cambiar esta situación? Nada, al contrario, ha abonado a ella. Los abusos que han tenido lugar en las UBBJ y en las Cátedras Conacyt son muestra de ello, por eso es que ninguna de las luchas anteriores se ha resuelto.
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El fallo de la SCJN
En este sexenio, muchas instituciones del Estado han querido mostrarse como progresistas, pero cuando se trata de derechos laborales muestran su verdadera cara. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló sustituir la jurisprudencia P./J. 1/96 para atacar derechos laborales de los trabajadores de organismos públicos descentralizados, cambiándolos al apartado B del artículo 123 constitucional. Esto quiere decir que esos trabajadores ya no serán considerados de base sino de confianza, pierden el derecho a pertenecer a un sindicato, a tener un CCT y la estabilidad laboral. Una parte importante de dichos organismos son centros de investigación de ciencias naturales y sociales.
De por sí, sólo el 30% de sus trabajadores están en el apartado A. Con la decisión de la SCJN se les niega la posibilidad de mejorar sus condiciones, pues les impone un candado a los que ya están en el apartado B para no poder salir de él; por otro lado, abre la puerta para que los que ya tienen un CCT pierdan paulatinamente sus derechos laborales.
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Un llamado
Es necesario que todos los sindicatos del sector, especialmente federaciones sindicales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNTUESIC) y la Federación Nacional de Sindicatos de Ciencia y Tecnología (Fenasscyt) salgan a movilizarse. |
