Ante la realidad innegable de que, en la niñez y adolescencia, se han presentado 160 mil casos desde abril del 2020 a agosto de 2021 y 758 muertes1 en México, según datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), los poco más de 3 mil amparos requeridos y la decisión de un juez federal para que reciban su vacuna, el gobierno mexicano se vio obligado a iniciar el registro de vacunación para niños, niñas y adolescentes (NNA) con comorbilidades crónicas o genéticas.
La tabla de vacunación para adolescentes de entre 12 a 17 años, indica que la vacuna que se aplicará es la Pfizer-Biontech, con una seguridad y eficacia inicial del 75 % y con la segunda dosis alcanza hasta el 95 %; según aseguró la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en junio de 2021.
Respecto de los amparos, funcionarios públicos de la Secretaría de Salud (SS) piden “paciencia” a los abogados y tutores de los adolescentes, a raíz de miles de solicitudes para su vacunación contra Covid-19, ya que, comentaron, también deben contestar los documentos legales y mandar de regreso a los juzgados.
A esto hay que agregar más requisitos que las y los trabajadores revisan antes de dar una respuesta afirmativa, como original y copia de constancia médica, CURP, constancia de registro impresa, acta de nacimiento, más los que debe presentar el tutor; situación que resulta totalmente negligente y omisa, ya que la autoridad federal debe garantizar los derechos humanos, no colocar “filtros” como ahora hace.
Cabe señalar que, el embarazo adolescente se encuentra en los factores de riesgo aceptados para la aplicación de la vacuna, donde México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años; sin embargo, deberán tener más de nueve semanas de gestación.
¿Y los demás niños, niñas y adolescentes no tienen el mismo derecho a la salud?
Desafortunadamente el virus sigue mutando y ya hay variantes que afectan la salud de las NNA (como la variante Delta) de manera considerable; sin embargo, la vacuna Pfizer –que al menos ha demostrado una eficacia del 95 % en adolescentes– no se aplicará a todos por igual.
Con estas cifras, y a este paso, la Secretaría difícilmente podrá garantizar el plan de vacunación, como no se está garantizando para toda la población. Lo que contraviene el derecho fundamental de la salud a todos los demás niños, niñas y adolescentes quienes, además, desde el inicio de este ciclo escolar acuden a las escuelas con el riesgo inminente de contagio.
¡Plan de vacunas completo para toda la niñez y adolescencia!
Si se tiene la certeza de que la vacuna Pfizer Biontech no es un riesgo para los NNA, al menos los de 12 a 17 años, el gobierno debe garantizarla y agregar al esquema de vacunación para que realmente esté completo; también debe iniciar nuevas investigaciones científicas y médicas, que permita obtener una vacuna eficaz y segura para todos los que aún no la tienen con o sin enfermedades que los ponen en riesgo, como si la pandemia no fuera motivo suficiente.
Y ya que las autoridades insisten en que todos los niveles regresen a la presencialidad de clases, junto a lo anterior, es necesario exigir condiciones suficientes para que sea, realmente, seguro asistir a las escuelas, con insumos básicos suficientes, médicos escolares de jornada completa, testeos gratuitos cada 2 o 4 semanas, grupos reducidos, más escuelas y con salones amplios, tecnología indispensable, así como ventilación adecuada.
Pero no parece estar en los planes de la administración federal, y para que esto se garantice debemos unirnos madres, padres, tutores con docentes, trabajadores de la salud y de todos los sectores obreros y populares, así como todas las organizaciones democráticas para exigir el derecho fundamental de la salud y a la vida misma, e imponerlo con la movilización. |
