Lo que dijo ayer Villarejo sobre el papel de Felipe González en el terrorismo de Estado de los GAL ya no es noticia. Tampoco lo fue cuando en junio de 2020 se desclasificaban documentos de la CIA que lo demostraban. Que el PSOE es el partido de la cal viva es un secreto a voces. Que aquellos secuestros, torturas y asesinatos no merecen condena alguna por lo agentes del régimen tampoco.
El pasado martes el dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegui declaró, en el décimo aniversario del abandono de la actividad armada por parte de ETA, su “dolor y pesar por el sufrimiento padecido” por las víctimas de ETA. En estos días se han sucedido las reacciones de la mayor parte de los partidos del arco parlamentario contra este gesto, tildándolo de “cínico”, “hipócrita” o “insuficiente”. La exigencia es a que EH-Bildu pronuncie la palabra “condena”, o incluso a que facilite la entrega, detención y condena de las decenas de militantes vascos que permanecen en el exilio.
Cuando en 2020 la CIA desveló que “González ha(bía) aprobado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir por fuera de la ley”, un video comenzó a circular por las redes sociales. Poco más de un minuto que explicaban porqué el PSOE de Sánchez iba a bloquear, junto con el PP y Vox, la comisión de investigación parlamentaria que había demandado EH-Bildu.
En una intervención desde el público en el programa de debate “Moros y Cristianos” de Telecinco, se veía al hoy presidente del gobierno en 1997 tratando de deslegitimar a los testigos, jueces y periodistas que develaron parte de la trama, defendiendo al gobierno de González y planteando que a los “españoles” les importaban mucho más otras cosas que el terrorismo de Estado que asesinó al menos a 27 personas.
La “condena” que se le exige a la izquierda abertzale tiene todo un metasignificado: avalar el relato de un Estado democrático asediado por una “banda criminal”, en que ni el terrorismo de Estado, ni los cimientos de dicho Estado hundidos en el aparato judicial, policial y administrativo franquista, ni la negación del derecho a decidir, la legislación de excepción contra libertades y derechos democráticos básicos... y un largo etcétera, tienen cabida.
La “condena” a la actividad de ETA es a la vez un “¡Viva el Rey!”... la Guardia Civil, la Audiencia Nacional, la Ley de Partidos... Por eso, y aún desde posiciones contrarias a las de la izquierda abertzale -con la que no hemos compartido nunca su apuesta por los medios del terrorismo individual empleados por ETA durante 40 años- la negativa a “condenar” es también un posicionamiento político contra la opresión nacional y la represión sistemática del movimiento de liberación nacional vasco, así como una solidaridad con sus justas reivindicaciones de autodeterminación.
El viejo mantra de “la unidad de los demócratas”, que actuó de pegamento del consenso de la Transición muchas décadas después de ésta, ha vuelto estos días a primera plana de diarios, telediarios y tertulias. Desde la extrema derecha de Vox hasta el PNV, pasando por el PP, Cs o el PSOE, o Unidas Podemos que se suma, como es costumbre en estos temas, permaneciendo de lado pero junto a su socio de gobierno.
ETA dejó su actividad en octubre de 2011, cuando ese consenso estaba siendo desquebrajado por la irrupción unos meses antes del 15M. Los intentos seniles de revivirlo en estos días, son pues esfuerzos por seguir dándole una sobrevida a un régimen heredero del franquismo y al servicio de las grandes empresas.
Hoy quedan más de 200 presos políticos vascos en la cárcel. La exigencia que Otegui planteó este miércoles de su puesta en libertad inmediata -lo que en muchos casos significaría simplemente aplicarles los mismos criterios penitenciarios que al resto de reclusos- junto con la amnistía para todos aquellos que siguen sin poder volver del exilio, son dos reivindicaciones democráticas fundamentales contra una persecución de excepción que llega hasta nuestros días.
A pesar de todos los gestos de los dirigentes de EH-Bildu para mostrarse como un partido con vocación de ser parte del régimen autonómico e incluso estatal, actuando de hecho como una de las muletas del gobierno del PSOE y Unidas Podemos, la “democracia del 78” exige que asuman todos sus consensos para poder ser tenido en cuenta como un igual. Una constatación de que no hay reforma o regeneración posible de este régimen, y que solo una ruptura desde abajo, con la clase trabajadora al frente y unida a un programa anticapitalista, puede abrir la espita a terminar con la impunidad o conquistar derechos democráticos como la autodeterminación. | 
