Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti dejaron sin efecto un fallo del Tribunal de Casación que le otorgaba la prisión domiciliaria a Jaime Lamont Smart.
El exministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico- militar- eclesiástica fue condenado a prisión perpetua en tres causas: Circuito Camps (2012), La Cacha (2014) y Brigada de San Justo (2020). Sin embargo siguió gozando de impunidad, incluido el cobro de una jubilación de privilegio. Desde octubre del año pasado, está siendo juzgado junto a otros 17 represores sobre los crímenes cometidos en los centros clandestinos conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno.
"Jimmy" Smart fue, junto al multi condenado genocida Miguel Etchecolatz, una de las espadas civiles de Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires. Con una larga trayectoria de participación en dictaduras, en 1968 fue designado fiscal por Juan Carlos Onganía. Posteriormente, Roberto Levingston lo promovió como juez integrante de lo que se conoció como el “Camarón”, un tribunal especial constituido en 1971 con el objetivo de perseguir a militantes y opositores políticos.
Como abogado, además de defenderse a él mismo, lo ha hecho con colegas represores como Albano Arguindegui y al apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa.
Son cientos de genocidas los que gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Y es necesario recordar que gran parte de esos delitos fueron juzgados muy tardíamente, en algunos casos más de cuatro décadas después de haber sido cometidos. Sin embargo hay miles de culpables de todas las fuerzas armadas, de seguridad, penitenciarias, de inteligencia y civiles cómplices que nunca llegaron a ser tratados en los tribunales y por los que seguimos exigiendo juicio y castigo.
¡¡¡30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas presentes. Ahora y siempre!!! | 
