El brutal femicidio de Natalia Carmen Tagua Herrera, una mujer de 37 años, que fue asesinada por su ex pareja a la salida de la escuela donde asistía, hizo explotar la bronca en San Rafael.
Este jueves, más de 500 personas, entre las que estaban allegados a Natalia, vecinos y organizaciones de mujeres, se movilizaron por el centro de San Rafael hacia los tribunales locales. Este viernes se volverán a movilizar para exigir Justicia.
Nuevamente, la violencia machista golpea la provincia y deja al descubierto la complicidad Estatal: Natalia ya había denunciado el hostigamiento de su ex pareja, sobre quien había una orden de detención por amenazas contra ella.
Tanto la mesa provincial Ni Una Menos, como Pan y Rosas y otras organizaciones de mujeres piden que se traten los proyectos de emergencia en violencia de género presentados al respecto en la Legislatura.
El Frente de Izquierda, con Noelia Barbeito, presentó dos proyectos para declarar la emergencia en violencia de género en el 2015, aunque en 2016 Silvia Anfuso (Libres del Sur) directora de género y diversidad de la provincia se comprometió a que fueran tratados, no se ha avanzado en el debate. Ese año se realizó en la Legislatura una audiencia pública para debatirlo.
En este proyecto proponen la asistencia económica equivalente a la canasta básica mientras lo necesiten, obra social para ellas y familiares a cargo, que el Estado les garantice una fuente laboral a quienes no la tengan y más medidas.
Desde Pan y Rosas denunciaron que el Gobierno provincial es responsable del ajuste sobre los programas de protección y asistencia contra la violencia hacia las mujeres. En el último presupuesto votado apenas hace dos días, lo destinado a la Dirección de Género y diversidad es de apenas 68 millones de pesos, equivalente a dos pasajes de colectivo por mujer en la provincia.
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