El pasado 22 de octubre se hizo público el caso de una niña de 11 años que sufrió constantes violaciones sexuales por parte de su abuelastro y producto de ello, se encuentra en estado de gestación. Hasta esa fecha, la niña estaba decidida a interrumpir el embarazo y se encontraba legalmente amparada en la Sentencia Constitucional 0206/2014 que desjudicializa el aborto por violación, incesto o estupro, así como en el Art. 266 del Código Penal Boliviano. Pese a todo, la Iglesia Católica y otros sectores conservadores y antiderechos (mal llamados "Pro Vida"), cuestionan la decisión, intervienen ilegalmente y amedrentan a la niña, sobornando a su familia, a puertas del Hospital Percy Boland en Santa Cruz de la Sierra. De esta forma, bajo la excusa de que “el producto de la violación no tiene la culpa” y que ayudarán económicamente a la familia, impiden que una niña de 11 años acceda a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y ejercen una brutal revictimización.
A esto se suma la presión mediática; algunos medios de comunicación dieron cobertura a estos grupos antiderechos, generando desinformación y vulnerando la privacidad y confidencialidad de la niña. Dicha injerencia mediática y clerical, presionó a la familia y a la propia niña, para que desistiera de la ILE, obligándola a continuar con el embarazo. Sin importar el gran riesgo que significa para ella, sin importar que solo tenga 11 años, una edad en la que todavía el cuerpo está en desarrollo, se expone a una menor de edad a un elevado riesgo de muerte por las altas probabilidades de complicaciones por embarazo precoz. Ello sin mencionar todos los factores sociales que se alterarán en la vida de la niña, como los traumas psicológicos que conlleva continuar con un embarazo además producto de una violación, la alta posibilidad de deserción escolar, entre otros.
Una vez más, sale a la luz la hipocresía y misoginia de la Iglesia Católica, quienes creen que sus dogmas deben imponerse, vulnerando garantías y derechos humanos bajo el falso argumento de defender las “dos vidas”, sin importar la vida de la gestante quien es un ser humano pleno, sin importar que el embarazo sea producto de violación sexual y saltándose las normas y leyes correspondientes para este tipo de casos. La Iglesia, al impedir el aborto, somete a la niña a una tortura que se prolongará a lo largo de su vida, porque no solo se trata de parir, que ya es demasiado, sino que le espera una vida en la que sin terminar su propia niñez deberá cargar con el producto del delito de su abuelastro y de la criminal política de los curas pedófilos a quienes se los ve actuar con mucha solvencia para impedir los derechos de esta niña pero nunca para encarcelar e impedir estas violaciones. Lejos de eso, lo que hacen es proteger, encubrir y realizan todos los lobbys necesarios para que se callen y no se denuncien los ya cientos de miles de casos de pedofilia con la que esta histórica institución de la tortura carga en sus hombros.
Desde Pan y Rosas, exigimos justicia para la niña víctima de este atroz hecho: ¡Juicio y castigo para el violador, así como para las instituciones responsables de haberle negado la atención oportuna en salud para acceder a la ILE y para quienes revelaron su identidad, la de su familia, y fueron el contacto para la injerencia de grupos antiderechos! ¡Basta de revictimizar a la menor de edad!
Denunciamos que desde el Estado y los sucesivos gobiernos de turno, no se hace nada para sancionar las injerencias de grupos religiosos y conservadores, que incluso llegan a hacer apología pública del delito, mientras romantizan la maternidad forzada. No es el primer caso en el que intervienen una ILE en una niña. Está completamente normalizado que, al momento de realizarse el procedimiento, intervengan grupos conservadores en las puertas de un centro de salud, llamando asesinas a las víctimas o intentando sobornar a sus familias, sin que el Estado tome medida alguna para la protección de las mismas. ¡Separación efectiva de la Iglesia y el Estado YA!
No es posible que las iglesias sigan legislando sobre los cuerpos y vidas de las niñas, niños, niñes y de las mujeres. Estas reaccionarias instituciones que lucran con las necesidades de la gente están demostrando una vez más que conservan intacto su poder impuesto en América Latina desde la colonia. Han sido cómplices y parte de genocidios y dictaduras. Con el gobierno del MAS, lejos de avanzar en un Estado laico, se ha demostrado que estas instituciones han seguido conservando todos sus privilegios. Y son los mismos que en noviembre del 2019 bendijeron la represión militar, para luego negar las masacres y torturas en el golpe de Estado contra el pueblo trabajador, entre otras vulneraciones a elementales derechos humanos. Esos mismos que tras el golpe, se continuaron fortaleciendo con el avance de la extrema derecha a la cabeza de sujetos nefastos y antiderechos como el evangélico fanático Luis Fernando Camacho o la integrante de “Con Mis Hijos No Te Metas”, Jeanine Áñez.
Por ello, a la par que luchamos por #NiñasNoMadres, creemos que el movimiento de mujeres, los colectivos feministas y de las diversidades y disidencias sexuales y de género, junto con las y los trabajadores, debemos empezar a discutir seriamente cómo terminar con el poder de la Iglesia. Esto implica, necesariamente, quitarle el poder económico y político del que goza pese al denominado Estado Laico. Es tiempo de decir: ¡Basta del control eclesíastico sobre parte de la educación y del sistema de salud del país, a través de las escuelas y hospitales de convenio y privadas! Solo como ejemplo del poder que detentan los reaccionarios curas y miembros del aparato clerical, no solo, como ahora, obligan a parir a una niña violada, sino que además al controlar la educación se oponen rotundamente a la Educación Sexual Integral y, a través de este mecanismo, reproducen ideología patriarcal y capitalista, garantizando a su vez la continuidad de sus propios privilegios a nombre de la “fe”.
Así como dijimos que para avanzar contra el poder agrario de los terratenientes, de los agroindustriales, hay que expropiar el latifundio y ponerlo en manos de las y los trabajadores, de las comunidades campesinas e indígenas, lo mismo con las iglesias: para acabar con su poder hay que expropiarlas porque solo así podremos acabar con sus privilegios y su injerencia política en el Estado.
¡Las niñas no deberían ser madres! ¡Por infancias dignas, libres de violencia sexual y maternidad forzada!
¡Por el aborto legal, libre, seguro y gratuito!
¡Exigimos que el Estado garantice nuestros derechos y que rompa de una vez con la iglesia!
¡Por una educación pública, gratuita, de calidad y universal que imparta Educación Sexual Integral!
¡Basta de que las iglesias controlen la educación! ¡Basta de escuelas por convenio y privadas donde se impide la educación sexual integral! ¡Acabemos con todo privilegio clerical! |
