El Secretario de Comercio, Roberto Feletti, expuso en conferencia de prensa los resultados de la política de congelamiento de precios, según los primeros relevamientos en grandes cadenas de todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según el mismo Feletti, tras una evaluación de la reunión previamente mantenida con gobernadores y empresarios mayoristas, la percepción desde la Secretaría es que "nadie quiere perderse el boom de consumo que va a haber en el último trimestre del año" y esta habría sido la causa de la aceleración de la inflación. En medio de una crisis social, con la pobreza superando el 40 %, si ocurriese tal suba del consumo, sería para unos pocos. Más bien las causas se encuentran en la búsqueda de ganancias de las grandes empresas y la política económica general del Gobierno que en los hechos deja que la inflación avance por encima de los ingresos de las grandes mayorías.
Las declaraciones se dieron horas después de que circulara fuertemente en los medios la idea de que Changomas y Coto se oponían al plan del Gobierno. En ese marco Feletti mencionó que en la provincia de Buenos Aires, Changomas presentó un 62 % de cumplimiento del total obligatorio de productos de la canasta con precios congelados. Mi Chango Más mostró un 67 %. Esto es algo que según el funcionario, "se deberá revisar". En la Ciudad de Buenos Aires, la misma empresa fue la que mostró peores números: un 77.5% de disponibilidad de la canasta.
En el ranking le sigue Día % con un cumplimiento del 90 % en provincia, aunque con esta compañía Feletti explicó que "por el tamaño de sus comercios no oferta la totalidad de la canasta". En CABA registró un 90.4 %.
Según los números que mencionó Feletti, recabada por agentes de control que recorrieron las tiendas, el cumplimiento de Coto fue del 99% en provincia y en ciudad del 98.7%
Carrefour cumplió al 100 % en sus modalidades Hipermercado, Market y Express, en la provincia. En la ciudad el resultado fue el mismo, salvo por Carrefour Express, en cuyas tiendas se verificó el 99.5% de cumplimiento
Jumbo, Vea, Disco ofrecieron toda la canasta que contiene los 1.432 productos que se mantendrán al mismo valor por 90 días tanto en ambos distritos.
Tras la aplicación de la medida de congelamiento de precios por 90 días, que retrotrajo los valores al primero de octubre, se dieron algunos cruces y tensiones entre funcionarios del Gobierno y sectores patronales.
La medida es limitada y difícil de implementar en un marco en que las patronales saben que pueden hacer lo que quieren. Cada vez que el Gobierno amenazó con ponerles algún límite, las empresas apretaron y el Frente de Todos retrocedió. Las sucesivas políticas de control de precios, por otra parte, no han evitado que el precio de los alimentos se lleve un porcentaje cada vez más alto de los salarios. Eso, lógicamente, por poco que parezca, encuentra cierta resistencia a nivel discursivo por parte de algunas entidades patronales.
En ese contexto, este martes Feletti sostuvo que había "dos grandes cadenas de supermercados que quieren mantener sus márgenes promedio de 30 % sobre el producto final". Ese deseo se lo habrían manifestado las cadenas de supermercado a sus proveedores, es decir las industrias alimenticias, que tampoco están dispuestas a perder su potestad de aumentar precios de sus productos arbitrariamente que luego golpean los bolsillos de las mayorías. Fuentes empresariales que son parte de las negociaciones con el gobierno afirmaron a varios medios que se trata de los supermercados Coto y Changomas.
Como el mismo Feletti mencionó, estas cadenas de supermercados presentan balances con ganancias millonarias, a costa de los alimentos de millones de familias y gracias a la precarización y flexibilización de personal.
Coto por su parte cuenta con un triste historial de muertes obreras, atropellos patronales, patotas contra trabajadores organizados y hasta torturas y golpizas contra personas en situación de calle. En la pandemia la empresa de Alfredo Coto fue noticia en varias ocasiones por no respetar los protocolos sanitarios, obligar bajo amenaza de despido a volver al trabajo a grupos de riesgo, negar licencias y despedir decenas de trabajadores por sus reclamos salariales.
Alfredo Coto tiene una de las principales 50 fortunas del país, con 450 millones de dólares y es una de las que se presentó ante el Poder Judicial para no pagar el aporte extraordinario a los patrimonios personales.
Por su parte Francisco de Narváez también figura entre los diez millonarios más ricos del país, según Forbes y es uno de los nueve magnates argentinos con sedes en guaridas fiscales, según los Pandora Papers. El grupo De Narváez cerró en noviembre del año pasado la compra de Walmart por 44 millones de dólares, según fuentes cercanas al estudio de abogados Marval O’Farrell Mairal, la cual asesoró a Walmart en la operación.
Previamente, Changomas y Coto habían negado las acusaciones del Gobierno. "Se nos reconoció un muy buen nivel de cumplimiento. Nos adecuamos en tiempo récord las normativas planteadas por la Secretaría de Comercio Interior. Es raro que nos acusen”, dijeron. Es decir que según ellos, estarían cumpliendo la medida del Gobierno, pero se encuentran en una puja por quién ganará más con el sector industrial, a quienes le plantearon “que quieren mantener sus márgenes promedio de 30 % sobre el producto final", según las palabras de Feletti.
Ambos sectores patronales, tanto las grandes cadenas de supermercados como los oligopolios de la alimentación, se resisten a cualquier situación que pueda poner en riesgo sus abultados márgenes de ganancia y pujan entre ellos en defensa de sus intereses. Sin embargo, la limitada medida es de dudosa efectividad, tanto por las maniobras que acostumbran llevar adelante los empresarios como por la posibilidad de que una vez vencido el plazo de la norma, las patronales suban de golpe lo que no pudieron hacer previamente.
La medida, sin afectar las grandes ganancias y fuertes intereses de las grandes patronales alimenticias y del comercio, se vuelve impotente para combatir la inflación realmente. Ante una pobreza que supera el 40 % de la población y un deterioro profundo de las condiciones de vida, esta política tendrá un leve y efímero impacto.
Se vuelve necesaria la organización de comités de trabajadores y consumidores para controlar los precios en las empresas y supermercados, junto a un aumento de emergencia de un 20 % de los salarios e ingresos de la población trabajadora, que sea indexado automáticamente por la inflación. También es necesaria la apertura de los libros de contabilidad de todas las firmas que intervienen en la cadena de valor de los productos de primera necesidad. Esas son algunas de las medidas que propone el Frente de Izquierda Unidad.
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