El motivo de las protestas es el alza del precio del combustible y también el rechazo al decreto N° 238 del Ejecutivo sobre el sector eléctrico, que abre la puerta para la privatización planteando la "autogeneración" de energía y el decreto N° 239 que directamente busca impulsar la participación del sector privado en la prestación del servicio eléctrico.
Como mínimo en la mitad de las provincias del país trabajadoras, trabajadores, comunidades originarias, estudiantes, bloqueaban las rutas de acceso. Los más grandes se podían observar en Pichincha -cuya capital es Quito- Imbabura, Cotopaxi, Carchi, Los Ríos y Guayas.
A la par que Lasso enviaba mensajes de llamado al diálogo, en ambas jornadas de lucha (martes y miércoles) envió a la Policía Nacional para reprimir las movilizaciones. La semana pasada ya había decretado el estado de excepción por 60 días con la excusa de "combatir el narcotráfico". De esta manera, como las Fuerzas Armadas patrullan el país, colaboraron con la Policía en la represión.
Las imágenes del 26 de octubre, en Imbabura y otras provincias donde las fuerzas represivas reprimían se repitieron este miércoles, incluso hubo varios detenidos.
Las protestas fueron convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular y la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Las mismas que en 2019, luego del estallido social contra las medidas de ajuste impuestas por el FMI -como el aumento del combustible-, se pusieron al frente de las protestas y terminaron diluyéndolas.
Pero al año siguiente por la situación extrema de amplios sectores populares, gracias a los acuerdos con el organismo imperialista de crédito y las políticas aplicadas por el entonces gobierno de Lenín Moreno durante la pandemia, las organizaciones tuvieron que llamar a una jornada de lucha, esta vez dirigida puntualmente contra el FMI. La CONAIE no fue de la partida.
Ecuador tiene actualmente una deuda externa de U$S 52.000 millones y para este año necesitará más de U$S 7.000 millones, según un informe del FMI. La condición a cambio sería que el país acepte recortar su déficit presupuestario $ 2.800 millones este año desde $ 7.200 millones en 2022. Es decir, un gigantesco recorte y ajuste en el gasto público.
Lasso ideo un paquete de reformas laborales y tributarias, que entre otras cosas incluye una flexibilización laboral con la disposición de que cuando un trabajador es despedido "con causa" tiene que pagarle a la patronal, una suerte de indemnización al revés. Hace unas semanas el Congreso le devolvió al Ejecutivo ese paquete de leyes, para ser revisado y corregido. Contra este intento flexibilizador es que también se movilizaron estos dos días.
Lo que vienen demostrando, tanto estas jornadas como las del 2019 y las protestas del 2020 es que las fuerzas del pueblo trabajador están intactas para enfrentar estos planes ajustadores. Trabajadores, trabajadoras, jóvenes precarios, estudiantes y pueblos originarios pelean en la calles para tirar abajo medidas que el FMI pretende imponer al país, resistiendo la represión, pero las organizaciones sindicales y sociales que están al frente de estos paros y movilizaciones no están planteando un plan de lucha serio que culmine en una verdadera huelga nacional para derrotar estos planes. Un ejemplo de esto ya se vivió en 2019.
Para mostrar toda esa fuerza social la autoorganización independiente, que la decisión de cómo seguir y qué hacer esté en manos de la población que lucha, es clave.
En Ecuador vienen, desde el sábado 30, 5 días feriados. Tras los cuales tanto la CONAIE, el FUT, la UNE plantearon que volverán las protestas, si Lasso no retrocede con sus medidas. | 
