El problema de las bajas pensiones en el país ha sido uno de los motores del descontento, movilizaciones, marchas y protestas durante los últimos años.
La situación de millones de jubilados es deplorable, con pensiones que en casi el 80 % los casos alcanzan cifras inferiores al Salario Mínimo, según datos de la Fundación Sol.
Y con una inflación galopante (4.5%), el alza de los precios en diversos productos básicos ha significado un fuerte detrimento en la calidad de vida para millones de pensionados.
Aun con este contexto, Boric presenta una propuesta de pensión mínima muy lejana a un sueldo mínimo digno, y distanciada por apenas 70 mil pesos de la línea de la pobreza, que hoy se encuentra en 181 mil pesos.
Las contradicciones del discurso
Aun cuando en su programa plantea que: "El monto de este beneficio debe cumplir estándares de suficiencia y, a lo menos, cubrir un estándar de vida adecuado para las y los pensionados (debiendo acercarse al salario mínimo…)" la propuesta concreta se aleja por mucho de lo que dicen buscar.
Ni siquiera llega igualar el miserable salario mínimo actual de $337 mil, y considerando la propuesta del candidato, que propone un salario mínimo (escalonado en el tiempo) de $500 mil, la "pensión básica universal" estaría un 50% por debajo de sus propias intenciones.
Es más, el candidato hace caso omiso a la propuesta planteada por el movimiento NO+AFP ,quienes exigen “pensión universal no contributiva que cubra el 100% del salario mínimo”. El candidato presidencial no fue capaz de plasmar en su programa las exigencias de los mismos movimientos que dice representar.
La cifra que propone el candidato, es mucho más una expresión de su esfuerzo por calmar a los mercados y al régimen político de conjunto, antes que una clara señal por terminar con las pensiones de hambre y satisfacer las necesidades de quienes entregaron gran parte de su vida a trabajos precarios, informales y con bajos salarios.
El giro hacia el centro de Boric, en un intento por ganar el voto Concertacionista, lo lleva adoptar posturas cada vez más moderadas, ya ocurrió lo mismo sobre migración y el resguardo del derecho a la vivienda sin condiciones, también sobre los presos políticos de la revuelta, y ahora le tocó el turno a la política de pensiones.
¿Por cuál sistema de pensiones luchar?
No hay duda que la cuestión de las pensiones es una problemática que se arrastra durante décadas, y es uno de los principales robos coronados por la dictadura de Pinochet, a través del modelo de capitalización individual y con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como estandarte.
El modelo actual fue perfeccionado por la Ex Concertación y la derecha, permitiéndoles a los grandes empresarios, utilizar recursos frescos y constantes que financien sus inversiones a bajo costo. Esto mientras las y los trabajadores sólo recibieron la falsa promesa de que al momento de jubilar, gozarían de una pensión igual a su sueldo.
Y si bien es una necesidad imperante terminar con este sistema de AFP y su reemplazo por un ente estatal y con un mayor aporte de los empresarios al ahorro (como propone Boric), esto no puede significar seguir manteniendo las pensiones que no alcanzan para llegar a fin de mes.
A esta realidad, necesitamos oponerle un sistema sistema de reparto basado en la solidaridad y control de trabajadores y pensionados, que tenga como objetivo asegurar una jubilación digna, es decir, que tenga como piso el 100% del salario mínimo, y que se ajuste automáticamente de acuerdo a la inflación mensual.
Y para determinar las cifras que den solución integral a las necesidades básicas de las y los adultos mayores, la administración de los fondos no puede darse por un órgano con "representación incidente de las y los trabajadores" como plantea Boric en su programa, los trabajadores debemos decidir sobre los fondos de pensiones, no solo incidir.
Si realmente queremos utilizar los fondos de pensiones para favorecer a los trabajadores y no al lucro de los empresarios, es indispensable que su administración pase centralmente por los mismos trabajadores y pensionados, para que de forma democrática e independiente a los intereses de los empresarios, puedan determinarse los principios que regirán la administración de los ahorros y los montos de las pensiones.
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