Este lunes, en el marco de la Cumbre por el Clima (COP26), que se realiza en la ciudad de Glasgow, Escocia, se anunció que Argentina recibirá inversiones para la producción de "hidrógeno verde". La decisión la tomó la empresa de capitales australianos Fortescue, un gigante dedicado centralmente a la producción de metal de hierro. La inversión será por un monto cercano a los USD 8.000 millones.
La inversión fue anunciada en una conferencia de prensa en la que participaron los ministros Santiago Cafiero y Matías Kulfas, canciller y titular de Desarrollo Productivo respectivamente, junto a Cecilia Todesca, que también integra la cancillería. En el anuncio los acompañó Agustín Pichot, excapitán del seleccionado de rugby Los Pumas, quien representa a la empresa australiana en América Latina.
Un anuncio con pocas precisiones
El anuncio contó con pocas precisiones. Se conoce que el así llamado "hidrógeno verde" funciona como vector energético para transportar energía a partir de la electrólisis del agua pura (cada kilo de hidrógeno consume entre 10 y 18 litros de agua pura), y esa energía puede ser renovable. En este caso, la fuente de la energía sería eólica.
La explotación se realizaría en el sureste de Río Negro, en la zona de Punta Colorada, zona costera cercana a Sierra Grande, una zona rica en mineral de hierro donde funcionó la empresa Hipasam SA, en su momento la mina de hierro más grande de Sudamérica. Recién se habrían iniciado las prospecciones correspondientes, a partir de un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Río Negro. Luego de la prospección del recurso energético y otros, comenzaría la construcción en tres etapas: la piloto, que produciría 35 mil toneladas de hidrógeno verde, prevista entre 2022 y 2024; y la primer etapa productiva, a su vez, produciría 215 mil toneladas de hidrógeno verde, hasta el año 2028.
Pero en medio de estos anuncios resaltan incógnitas claves: una es de dónde saldría el agua para producir el hidrógeno. La etapa piloto, por ejemplo, consumiría 315 millones de litros de agua, una cifra considerable para zonas donde es un recurso escaso. Otra tiene que ver con el destino de la energía: ¿será todo para exportación, para proveer consumo popular o para el consumo de industrias, incluso extractivistas y hasta de la misma megaminera desembarcada en el país, que se jacta de que está en transición hacia "verde" total en 2030? Otras atañen al transporte, en particular con un combustible poderoso como el hidrógeno. ¿Cómo se transportará de manera segura? Y otras tienen que ver con obras asociadas, como virtuales represas para generar energía o incluso explotación de mineral de hierro en Sierra Grande mediante megaminería contaminante, con sus correspondientes impactos ambientales. Por supuesto, brillan por su ausencia en los anuncios la consulta con las comunidades y poblaciones directamente afectadas.
Según el medio Desarrollo Energético, la elección de la zona se debería a: el "libre acceso al agua" que provendría de napas subterráneas y utilizaría 5.832 metros cúbicos por día de agua; por otro lado, la cercanía a "un muelle de la empresa China Metallurgical Group Corporation (MCC) que era utilizado para la exportación del hierro extraído en la mina de Sierra Grande, cuando estaba en actividad"; finalmente, que "la provincia está negociando con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación la instalación de una zona franca en Punta Colorada, lo que les permitirá a las empresas que se instalen allí contar con la exención al pago de ciertos impuestos", según habría señalado Diego Sanguinetti, secretario general de la Gobernación de la provincia patagónica. El mismo medio señala que la producción de hidrógeno se almacenaría y exportaría como amoníaco una parte, y otra iría al mercado local. ¿Hidrógeno o amoníaco? Agua de napas o desalinizada (que requeriría una infraestructura mucho más costosa).
Lo cierto es que estaríamos ante una cantidad colosal de agua e infraestructura destinada central a la exportación de commodities –posiblemente para la transición energética de países imperialistas como Alemania– mediante exenciones impositivas, características compartidas por los emprendimientos megamineros. Es necesaria urgente la información sobre el proyecto, pero las dudas e hipótesis se tornan aún más inquietantes si se tiene en cuenta qué tipo de empresa es Fortescue.
Fortescue, un gigante de la megaminería con antecedentes dudosos
Fortescue Metal Group es la cuarta minera de mineral de hierro más grande del mundo. Creada en 2003, es propiedad del magnate australiano Andrew Forrest, dueño de la séptima mayor fortuna de ese país. Si bien concentra sus operaciones en Australia en la producción de metal de hierro, donde acaba de reconocer haber destruido parte de sitios sagrados de la comunidad originaria Wintawari Guruma, desde 2017 comenzó a expandirse a sudamérica, utilizando personalidades locales como cara visible para sus negocios (en este caso, la del ex medio scrum oriundo de San Isidro).
A su vez, en los últimos años se ha volcado al negocio de construcción de infraestructura para producción y transporte de hidrógeno verde por medio de Frontescue Future «Investment», con proyectos en diferentes partes del globo (de los cuales todavía no inició ninguno): desde la República Democrática del Congo, donde consiguió continuar la construcción de la mega represa del río Inga, denunciada por organizaciones ambientales debido a su gran impacto ambiental; hasta plantas en Río de Janeiro (mediante energía solar y eólica), Tasmania, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. La empresa incluso apunta a etiquetar la industria del acero como "acero verde", utilizando "hidrógeno verde" como combustible para la industria. En el marco de la COP26, también, acaba de anunciar un acuerdo con el gobierno de Boris Johnson.
Por otro lado, a pesar de este nuevo nicho de negocios "verdes", y aparte del carácter destructivo de la megaminería, hasta ahora la empresa no parece comprometida con atacar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero: el sitio especializado en lobby climático influencemap.org la ubica dentro de las empresas australianas menos alineadas con los objetivos del acuerdo de París (la califica como D+) y cita evidencia de que ha respaldado "firmemente el mantenimiento de la combinación energética de altas emisiones de gases de efecto invernadero".
Una matriz extractivista de fondo
Este panorama contrasta con la algarabía de Alberto Fernández en Glasgow, quien celebró “la responsabilidad social de la empresa para construir con los mejores valores de las comunidades”, porque “el mundo no resiste más maltrato”, y resaltó que "una persona tan querida y respetada en nuestro país, como Agustín Pichot” forme parte de la empresa y de tan importante anuncio, desde el proyecto mismo hasta los actores involucrados en el anuncio son inquietantes.
Fernández también llegó a afirmar en el anuncio que “nos llena de orgullo que sea la Argentina uno de los países que esté a la vanguardia de la transición ecológica”. Esto, sin embargo, no es lo que ocurre en la realidad. El Gobierno nacional es un claro defensor de las políticas extractivistas que destruyen el medioambiente y contribuyen al calentamiento global, desde el subsidio directo a la producción de combustibles fósiles mediante fracking en Vaca Muerta y off shore, hasta la desforestación de bosques para dedicarlos al agronegocio y la ganadería. El país está entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques –sumidero de carbono– en el período 2000-2015. Precisamente por eso viene siendo fuertemente cuestionado por sectores del movimiento ambientalista.
Asimismo, en el listado de esas políticas también hay que anotar el impulso –justamente– a la megaminería contaminante, con explotaciones emblemáticas en este sentido en San Juan, Catamarca (Andalgalá) y el intento de desarrollarla en Chubut y Mendoza, enfrentando un extendido repudio social; o el impulso activo a la inversión petrolera –fracking incluido- en la región de Vaca Muerta. Demás está decir que el modelo del agronegocio tampoco es cuestionado por el oficialismo nacional.
En definitiva, la poca información, los actores involucrados y el marco extractivista de fondo siembran un mar de dudas sobre los anuncios.
Fuentes:
World Rainforest Movement
Desarrollo Energético |
