El acceso a la vivienda es un problema que afecta a las mayorías trabajadoras. Son 3 millones en el país y, al menos, hay 40.000 inscriptos en el IVUJ.El gobierno de Morales descarga la falta de un plan de viviendas verdadero sobre las espaldas de los más humildes y encima hostiga a las familias. Conoce esta historia que se repite en toda la provincia.
El derecho a la vivienda digna en este sistema, que arrebata todo cuanto puede a los que menos tienen, es hoy una demanda tan sentida y moviliza a quien lo vive.
Así también el reclamo por el derecho a la vivienda, uno de los derechos más elementales para el desarrollo de la vida humana, deja al descubierto a los gobiernos que terminan al final descargan su falta de un verdadero plan de obras públicas sobre los más humildes.
Además de incumplir con la propia Constitución provincial que contempla el derecho a la vivienda para los trabajadores (Art. 52) y en particular para las personas de avanzada edad (Art. 49, ver abajo).
Hace unos días me reuní con una familia en el Barrio Odij, ubicado en el barrio “150 Hectáreas de Alto Comedero”. También participó mi compañero Alejandro Vilca quien está recorriendo cada rincón de la provincia. Odij había sido en un primer momento un plan de viviendas creado por organizaciones sociales, pero un tiempo más tarde quedaron paralizadas las obras, hasta que finalmente el gobernador de Jujuy, Geraldo Morales, hizo entregas de ellas pero claro, en condiciones muy deplorables y aunque se había destinado un monto para la finalización de las viviendas, esto nunca ocurrió.
En el barrio ex Odij conocí a la familia de Irma, una mujer de 61 años de edad. Irma aún con sus años, continúa luchando por el acceso a la vivienda, no se encuentra sola en esta pelea, son muchos los vecinos que hacen un esfuerzo enorme para sostener sus viviendas. Irma nos cuenta que hace más de 14 años que viene luchando para tener una vivienda para ella y para sus hijos.
El caso de Irma no es un caso aislado, trabajadora doméstica durante casi toda su vida, con siete niños a su cargo, se las arregló como pudo, limpiando casas, atendiendo niños, y todo cuanto podía para algún día tener su hogar. La vida de un trabajador se vuelve cuesta arriba cuando no hay trabajo digno, cuando no existe un plan de viviendas serio, cuando es el mismo Estado el que cierra las puertas y se burla de los más humildes. Irma además, tuvo afrontar este año una enfermedad severa en su cabeza, presentando coágulos de sangre, situación difícil sumado a su ya avanzada edad.
El año pasado, en julio del 2020 finalmente le fue otorgada una vivienda bajo el formato “Opción de Entrega Anticipada”, luego de salir sorteada por el IVUJ el 30 de mayo de 2019.
La alegría de tener una casa propia se volvió dura como el cemento cuando se dieron cuenta de las condiciones en las que el Gobierno hizo entrega de la casa. Jime, una de sus hijas, recuerda que no existía ningún tipo de inversión en estas viviendas, ninguna de ellas tenía conexión a los servicios públicos, no tenían ni conexión de cloacas, ni de luz, ni de gas, algunas casas les faltaban los techos y pedazos de paredes. El problema de la crisis habitacional es innegable, a lo largo de estos años, las familias ocupaban y reocupaban estas casas como podían.
Aún así, (y con las estrictas restricciones de circulación por la pandemia), en todas estas condiciones la familia de Irma vino y con mucho esfuerzo empezó el proceso de reconstrucción de este pedacito de tierra para su casa, a tal punto de inscribirse en el programa PROCREAR 2021, donde salió beneficiada con un crédito de 100.000 pesos para tal fin.
Foto: Así le fue entregada la casa a Irma en julio de 2020.
Mientras tanto desde el anuncio sobre la adjudicación de estas viviendas, Gerardo Morales hace demagogia y juega con las esperanzas de las familias, “nadie obligará a las familias a hacer algo que no quieren para poder tener la vivienda que hoy están ocupando”, sostiene. Sin embargo, la familia de Irma vivió constantes atropellos desde que le dieron la vivienda: amenazas de desalojo por las fuerzas policiales, intimaciones por parte de los funcionarios de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, intentos de “reubicación”.
¿Por qué sucede esto? El gobierno se reserva el derecho a quitar la vivienda (a medio construir en este caso) amparado en un convenio que hace firmar a las familias que tienen una enorme necesidad y esperan durante años la entrega de un lote o vivienda. En su cláusula cuarta dice: “El BENEFICIARIO se compromete a efectuar el arraigo en el inmueble identificado en la cláusula primera en los plazos estipulados en el Régimen de Tierras Fiscales, entendiendo el arraigo como todo acto que demuestre posesión real y efectiva del inmueble, como su desmalezado y custodia.”
A los funcionarios no les importó que Irma haya contratado a un albañil, haya rellenado y nivelado el terreno, haya puesto vigas y un techo, entre tantos otros arreglos que los hizo a pulmón y hasta endeudándose como jubilada. Tampoco les importó que todo esto lo tengan que hacer mujeres, en plena pandemia y en un lugar donde los vecinos solidarios tuvieron que hacer la conexión al agua y la luz. Directamente los funcionarios decidieron por su cuenta no renovarle más la “constancia de ocupación precaria” y decirles en forma verbal (hasta la llegada de la Policía con una orden de intimación) a que desalojen la vivienda porque ya había sido asignada a otra persona. Cuentan las hijas de Irma que esa otra persona es familiar directo de los funcionarios de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda.
Así funciona este sistema de “Ocupación Precaria” y “Entrega Anticipada” el gobierno admite que entrega viviendas en condiciones no habitables (así lo dicen en el convenio, “es de público y notorio conocimiento el estado de numerosos inmuebles emplazados en diferentes puntos de nuestra provincia”); sin embargo, las entrega a familias de muy bajos recursos que tienen que poner de su bolsillo todo lo necesario para transformarlas en viviendas donde se pueda vivir. Y si no llegan a cumplir con los plazos o directamente no les gusta a los funcionarios, ellos mismos, se encargan de correr a las familias y acomodar a los suyos.
Lo que pasa con Irma ha pasado con otras familias; pero sus hijas se pusieron en pie y decidieron mudarse aún en estas condiciones precarias y pelear por defender lo que les corresponde. Al igual que otras mujeres que están a la cabeza de la pelea por el derecho a la vivienda y le ponen el cuerpo a los asentamientos precarios. De extender estos reclamos y unirse todas y todos los agraviados se puede poner en pie una fuerza para frenar todos los atropellos. Desde el PTS en el Frente de Izquierda y este medio ponemos todos nuestros recursos para que cada vez sean más familias trabajadoras y mujeres las que se pongan de pie y hagan escuchar su voz frente a los poderosos.
Anexo:
Artículo 49.- PROTECCION A LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA
Las personas de edad avanzada tienen derecho a la seguridad económica y social, al goce de la cultura, del tiempo libre, a una vivienda digna y a condiciones de convivencia que tiendan a proporcionarles oportunidades de realización plena a través de una
participación activa en la vida de la comunidad.
Artículo 52.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
La Provincia, en ejercicio del poder d e policía que le compete, garantiza a los trabajadores el pleno goce y ejercicio de sus derechos reconocidos en la Constitución Nacional y la ley, y en especial:
En su punto:
11) vivienda , indumentaria y alimentación adecuadas, cuando correspondiere por ley.
