La movilización estaba inicialmente programada para el 20 de noviembre, pero fue cambiada para el 15, debido a que el gobierno convocó para los días 18 y 19 del mismo mes ejercicios militares declarando el propio 20 como día de la Defensa Nacional, una clara respuesta a la convocatoria, buscando la militarización de la Isla. Mientras la misiva oficial por la cual se prohibe la manifestación en La Habana Vieja arguye que la misma es una “provocación” y busca un cambio de régimen para Cuba los convocantes protestaron, ahondándose la polarización política que recorre a Cuba. El dramaturgo Yunir García Aguilera, quien fuera detenido el pasado 11 de julio e integrante de Archipiélago, afirmó que continuará demandando la libertad de los presos políticos y “el respeto de todos los derechos de todos los cubanos”.
Ante esto, repudiamos las políticas represivas y autoritarias del gobierno de Diaz Canel y la misma prohibición de la manifestación, a la par que planteamos las diferencias políticas que tenemos con los convocantes, y no apoyamos políticamente a los mismos, como explicamos a continuación.
Si lo característico en la movilización del 11 de julio fue -como explicamos más abajo- el descontento popular con las políticas económicas y sociales del gobierno y por el derecho a expresarse políticamente, la convocatoria de Archipiélago se centra solamente en el reclamo “contra la violencia, por los derechos de todos los cubanos, liberación de los presos políticos y solución de las diferencias por vías democráticas y pacíficas.” Pero está ausente de la convocatoria el cuestionamiento a las políticas económicas y sociales y a su descarga sobre el pueblo trabajador. Así como a las medidas gubernamentales que profundizan la desigualdad y favorecen las empresas extranjeras. También está ausente una cuestión fundamental: la condena al bloqueo estadounidense.
Esto último no es casual pues dentro de las 20 firmas de activistas y personalidades que avalaron la convocatoria de Archipiélago se encuentran integrantes del autodenominado Consejo para la Transición democrática de Cuba, presidido por el opositor Daniel Ferrer. El programa de este Consejo es derechista: busca convertir a la isla en una “economía de mercado”, con una serie de medidas restauracionistas, que llegan a incluir la compensación por las expropiaciones realizadas después de la revolución, para “mejorar las relaciones con Estados Unidos”. De hecho, el Consejo y Archipiélago acordaron impulsar conjuntamente la convocatoria para el 15 de noviembre.
La movilización, de realizarse, posiblemente incentive la participación de sectores populares descontentos con la situación económica y social y la política represiva del gobierno. A la vez, en la convocatoria y en particular en la participación del proimperialista Consejo para la Transición Democrática, se evidencia que, después del 11 de julio, se incrementó la actividad de esta oposición derechista para montarse en el descontento, y así impulsar una política que va en contra de los intereses obreros y populares, y que más bien apunta a favorecer una perspectiva aperturista y de restauración capitalista. Por supuesto que la falta de libertades democráticas al interior de Cuba les facilita la demagogia “democrática” a estos sectores, pero estos falsos paladines son los que defendieron el golpe de Estado en Honduras y en Bolivia y a gobiernos represores como el de Colombia y Chile.
Descontento con el gobierno y sus políticas económicas y sociales
Las movilizaciones del 11 de julio abrieron, evidentemente, una nueva dinámica política en Cuba. Las mismas demostraron el descontento existente entre amplios sectores de la población trabajadora con la situación económica y política y con el régimen de partido único con su negación de libertades democráticas a la clase trabajadora y el resto del pueblo.
Cuba enfrenta desde hace más de 60 años el bloqueo impuesto por la principal potencia imperialista del planeta, con terribles consecuencias para las mayorías obreras y populares, y que busca asfixiar a la isla y presionar para la liquidación de las conquistas sociales de la Revolución que aún se mantienen en pie, esto es, la restauración lisa y llana del capitalismo en Cuba. Por su parte, el gobierno cubano, a la par de su política represiva y opresión política cercenando los más elementales derechos democráticos con su régimen de partido único, ha llevado adelante, desde hace décadas medidas económicas y sociales que han afectado negativamente a la población, profundizando la desigualdad social, como fue en el caso de las medidas que lanzó en diciembre del 2020, que implicaron aumento de tarifas y del transporte, y una devaluación del 2400% que trajo aparejado un incremento generalizado de los precios de los productos más básicos.
A la par, ha impulsado un proceso de apertura que favorece a las empresas extranjeras en distintas áreas, y que en los hechos representa un avance en el camino de la restauración capitalista. Por ejemplo, como decimos aquí se trata de “medidas para facilitar la inversión extranjera con una ambiciosa “cartera de oportunidades” con más de 500 proyectos principalmente en turismo y petróleo por 12.000 millones de dólares. Pero lo más importante, fue el anuncio del fin de la obligación de participación estatal cubana mayoritaria en las inversiones en turismo, biotecnología y comercio mayorista.”
Esto ataca aún más las ya golpeadas conquistas sociales provenientes de la revolución de 1959, favoreciendo más a la burocracia y a los sectores altos del ejército -así como los negocios que estos tienen- y a los sectores medios “emprendedores” que tienen distintos y pequeños negocios vinculados con la divisa estadounidense y el turismo, y que presionan por el aceleramiento de una mayor apertura promercado. Es por esto que el Gobierno necesita el control absoluto, represivo y autoritario disuadiendo cualquier protesta social y política, ya sea de quienes cuestionan la degradación de las conquistas sociales como de quienes exigen un ritmo mayor de reformas que pueda poner en cuestión el control del aparato burocrático y del PCC sobre el proceso restauracionista.
Claro que la ya de por sí difícil situación que afrontaban los sectores obreros y populares en Cuba, se profundizó bajo la pandemia, y se acrecentó con las ultimas medidas gubernamentales ya referidas.
Es esto lo que está en la base de las protestas del 11 de julio, la creciente desigualdad social y la opresión política. Sobre esta real situación es que han intentado encaramarse sectores de la derecha proimperialista, que salieron ese día con la consigna “Patria y vida”, en contraposición al lema proveniente de la Revolución, “Patria o muerte”. Sobre esto, el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos y la derecha continental ha reclamado hipócrita y cínicamente por la “libertad” y la “democracia” en la isla, buscando así llevar agua para su molino y manipulando a favor de la restauración capitalista pura y dura en la Isla, que es lo que busca el imperialismo y estos sectores de la burguesía de la región.
De esta forma, las manifestaciones mencionadas tuvieron un carácter contradictorio: por una parte expresaron el descontento que recorre a sectores populares empobrecidos, lo cuales nutrieron mayormente las manifestaciones. Por la otra, se intentaron montar sobre la misma sectores de la disidencia que reclama una apertura “democrática” en clave derechista, vinculada además con la “libertad” para hacer negocios capitalistas.
La respuesta al descontento existente, por parte del gobierno de Diaz Canel y el Partido Comunista Cubano, es endurecer la represión y reafirmar el régimen de partido único, combinando esto con medidas económicas que castigan al pueblo avanzando en la restauración capitalista. El encarcelamiento de decenas de manifestantes en esa ocasión -muchos de los cuales son activistas de izquierda críticos con el régimen político, incluyendo a jóvenes integrantes del PCC- y el lanzar grupos de choque a las calles fue una muestra de ello.
Las increíbles declaraciones de que las manifestaciones de julio eran “contrarrevolucionarias” al mejor estilo estalinista, mostraron el mismo curso por parte de un régimen autoritario y represivo. Toda una política de una burocracia autoritaria que históricamente ha gobernado negando libertades democráticas elementales al pueblo, con groseros privilegios para sí, y desde hace años también enriqueciéndose de manera privada, con un sector de la misma haciendo el tránsito a convertirse ellos mismos en capitalistas, en propietarios privados, al calor de las reformas pro-capitalistas que se vienen implementando, sobre todo, en la última década como hemos señalado. La reciente prohibición de la Marcha convocada por Archipiélago continúa en ese camino, avasallando las libertades democráticas más elementales, como es el derecho a la protesta y la manifestación.
Por plenos derechos democráticos para la clase trabajadora y una política que enfrente al bloqueo y a la burocracia
En Cuba es necesario tener una política claramente independiente tanto del gobierno como de la oposición de derecha y el imperialismo, partiendo de levantar un programa contra el bloqueo imperialista y de las demandas más sentidas y urgentes de las amplias masas como el aumento general de salarios, el control de precios por parte de la población y terminar con los privilegios de la casta gobernante.
Hay que rechazar el autoritarismo de la burocracia y su pretensión de que todo el descontento social que se ha venido expresando no tenga una base social real y fundamentos legítimos, descalificándolo todo como obra solamente de la manipulación imperialista y de la burguesía cubana en el exilio. Manipulación que obviamente existe y actúa por doquier, pero que es usada por la burocracia como excusa para descalificar y reprimir los legítimos reclamos sociales.
Es fundamental defender el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse y asociarse sindical y políticamente de manera independiente del Estado y sus organismos, si así lo desean. El derecho a la libertad de reunión, a las asambleas y deliberaciones en los lugares de trabajo, a la manifestación, a la huelga, a la libertad de prensa, el pleno derecho a la libertad de los sindicatos y toda forma de organización que se puedan dar los trabajadores. Así como también el derecho de los estudiantes a sus asambleas, deliberaciones y movilizaciones.
Hay que oponerse al régimen de partido único y defender la legalidad de todas aquellas organizaciones políticas que defiendan las conquistas de la revolución. Pero una salida de fondo solo es posible mediante una nueva intervención revolucionaria de las masas que frene el curso restauracionista, eche a la burocracia y acabe con su régimen de partido único, que instaure un gobierno propio de los trabajadores, que revierta todas las medidas procapitalistas, recomponga el monopolio del comercio exterior y la planificación democrática de la economía. |
