Ya entran en tierra derecha las elecciones presidenciales, y a menos de tres semanas del día, los distintos candidatos buscan instalar sus distintas ideas programáticas. Tal es el candidato por el pacto Apruebo Dignidad, conformado el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), quien este lunes presento una serie de propuestas relacionadas a distintos temas de interés público, marcado por su gradualismo cada vez mayor, alejándose del “extremo”, y en busca del voto de centro.
Así, el candidato en aproximadamente 227 páginas, da a conocer sus ideas, respecto a diversos debates de interés, buscando enfatizar en su respuesta frente a la descentralización, el medio ambiente, y el sistema de pensiones como ejes centrales. En este último aspecto –por nombrar alguno- queda claro a lo estéril de su propuesta, refiriéndose la desaparición de las AFP durante su gobierno, pero con una pensión mínima de $250 mil pesos. Es decir, perpetuando la condena a una jubilación de miseria.
De igual manera, los aspectos ásperos dentro de la opinión pública, en particular, en lo que tiene que ver con la agenda represiva, también son parte del programa de Boric, donde como desde bastante tiempo viene quedando claro, apunta a una refundación de las policías (Carabineros y PDI), con énfasis en los Derechos Humanos, amparada en su vocación hacia la sociedad civil, ya que “avanzar en la construcción de una policía democrática requiere cambios estructurales en el sector”, de acuerdo a lo señalado en su programa.
“Para alcanzar la condición de seguridad deseable se desarrollará una refundación de las policías de manera progresiva y tendrá como ejes estructurantes: el control civil sobre la actividad policial; la descentralización de las políticas de prevención, otorgando más atribuciones a los gobernadores y alcaldes; el fin de la duplicidad de funciones entre cuerpos policiales, de la estructura militarizada y de la autonomía institucional con que gozan en la práctica” señala en su programa. Como si el problema de las fuerzas represivas y del orden, fuera una cuestión de autonomía que se subsana entregando mayores potestades a alcaldías y gobernaciones, cuando lo que está en juego es la administración de la coerción y la violencia por parte de instituciones que en última instancia buscan salvaguardar los intereses de elite y los empresarios como clase dominante, y que no son excluyentes del uso inescrupuloso de las autoridades locales y regionales.
Sin embargo, por otra parte, se señala en su programa:
“Para evitar diferencias en el estándar de los cuerpos policiales, los procesos de formación para todas las instituciones dependerán del Gobierno central y estarán diferenciadas según sus funciones, no obstante, existirán planes conjuntos, como el de DD.HH, que aseguren que todo el personal operativo cuenta con un estándar único”, agregando:
“La implementación de la refundación será gradual, estimando un plazo de 10 años en el que se tomará como base a las policías ya existentes. Carabineros y PDI atravesarán un proceso de reforma, basado en reeducación general para una adaptación paulatina y armónica.”
Es decir, nuevamente vinculando el problema de la represión y la violencia policial, como una cuestión de educación, habiendo un estado ideal al que se podría llegar gradualmente ¿En 10 años? Todo esto, en el marco de un sistema, económico, político y social que faculta y financia a instituciones como la PDI y Carabineros, para mantener el orden y resguardar la propiedad de los grandes empresarios.
No es ni una cuestión administrativa entre gobiernos locales y centrales, ni un problema meramente educativo de policías formadas en materia de Derechos Humanos, sino más bien el rol que han cumplido históricamente las fuerzas represivas del Estado, ya sea como reacción o contención frente los procesos más álgidos de la lucha de clases.
No se puede hablar en materia de derechos humanos, habiendo aún presos políticos de la revuelta, y los responsables políticos y materiales siguen gozando de impunidad frente a decenas de mutilaciones oculares, muertes, y múltiples violaciones a los derechos humanos, principalmente desde Carabineros. No se puede seguir financiando instituciones que reprimen al pueblo trabajador.
Sólo retomando el camino de la movilización en perspectiva de una huelga general, y sin Piñera se podrán conquistar los derechos democráticos por los que venimos luchando, exigiendo libertad inmediata a nuestros presos políticas, y juicio y castigo a los responsable políticos materiales de las violaciones a los derechos humanos durante la rebelión de octubre del 2019. |
