Si algo puso en evidencia la pandemia es como el trabajo doméstico y de cuidados recae de manera abrumadora en las mujeres.
El 22 de octubre por primera vez en la historia la Corte Suprema ordenó al Poder Ejecutivo a reglamentar una ley, lo hizo en referencia a la norma que establece la obligación de habilitar salas maternales y guarderías en empresas en las que se desempeñen trabajadoras. Hace exactamente 47 años que el artículo 179 de la ley de Contrato de Trabajo que estipula la creación de estos espacios en los lugares de trabajo es cajoneado por todos los gobiernos, de Isabel Perón a esta parte.
No sólo no lo reglamentaron, sino que durante el gobierno de Macri, en 2017, el propio Poder Ejecutivo dio un paso más allá y presentó ante la Corte un recurso extraordinario contra la reglamentación de la misma. Finalmente, este 21 de octubre, la Corte dictó una sentencia que obliga al Poder Ejecutivo a fijar la cantidad de trabajadoras y trabajadores a partir de la cual las empresas deberán implementar salas maternales para sus hijos pequeños.
Lejos de haberse vuelto progresista, la Suprema Corte, conocida por sus privilegios y sus fallos contra los trabajadores y las mujeres, saca este fallo luego de años en los que un potente movimiento de mujeres se desarrolló en las calles. Tras enfrentar la violencia machista con el “Ni una Menos” y conquistar el derecho a decidir con la marea verde por el aborto legal, sectores del movimiento de mujeres vienen poniendo en debate el trabajo reproductivo bajo la consigna “eso que llaman amor, es trabajo no remunerado”.
Ese trabajo no pago es precisamente lo que está detrás de la negativa que han dado todos los Gobiernos a una conquista que implica afectar la ganancia a las empresas y proporcionar espacios pagos por ese trabajo que hacen las mujeres. Porque detrás de la inexistencia de maternales, están las vidas de millones de mujeres que ven afectada su ya precaria inserción en el mundo del trabajo. Tal es así, que incluso aquellas trabajadoras que se desempeñan bajo convenios laborales y están sindicalizadas hacen malabares para continuar sus tareas laborales con sus hijes bajo las actuales condiciones.
Mariela Pozzi es trabajadora telefónica y Congresal de la Federación de Trabajadores de las Telecomunicaciones. Cuenta que cuando se privatizó ENTEL, una de las conquistas que se perdieron, y por la que siguen reclamando con sus compañeras, fue el maternal. Hoy percibe una cifra en su salario en función de “gastos por guardería” que no cubriría ni un tercio del valor real por un maternal durante una jornada laboral para sus hijas pequeñas. Mariela recorrió el tedioso camino de intentar conseguir una vacante en un jardín público de la Ciudad de Buenos Aires, luego de listas de espera, y con un amparo de por medio, logró sólo media jornada de escolarización.
Agustina Chaves es trabajadora del Subte, miembro de la Agrupación Bordó y tiene un hijo pequeño. Cuando luego de la corta licencia por maternidad debió retornar a su trabajo, en el salario le abonaron unos 5 mil pesos mensuales en concepto de “guardería”, mucho menos de la mitad de lo que abona por el jardín de su hijo las horas en que ella trabaja. Cuenta también que el reclamo por maternales siempre fue central en la organización de sus compañeras.
Los casos aquí retratados son una pequeña muestra de una realidad que para la mayoría de las mujeres que trabaja por fuera de convenios y en la precariedad es mucho peor. En nuestro país según datos del INDEC las mujeres realizan el 76.4% del trabajo doméstico no remunerado, que según calcularon fuentes oficiales en 2020, representa el 16% del PBI del país. Este número tocó casi el 22% del PBI en el pico de la pandemia. Un punto muy importante en ese trabajo no remunerado es el cuidado de les hijes. Producto, en gran medida, de la falta de creación de un sistema público de jardines maternales y la implementación de los mismos en los lugares de trabajo, la maternidad afecta directamente el trabajo y la economía de las mujeres. La Organización Mundial del Trabajo calculó que las trabajadoras de nuestro país que tienen hijes ganan casi un 17% menos que las que no los tienen.
La falta de acceso al nivel Maternal e Inicial es tan grande, que el propio Presidente Alberto Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa en 2019 admitió: “Hoy existen regiones en donde 3 de cada 10 chicos no comienzan su escolaridad hasta los 5 años y otras donde la mitad no lo hace antes de los 4 años de edad”. Sin embargo, en todos los años de gobierno del kirchnerismo y los que lleva Fernández, no se implementó ni la obligatoriedad del Jardín Maternal, ni el artículo de la LCT que obligaría a las patronales a garantizar esos espacios. A la luz del rumbo del gobierno de Alberto, dónde la centralidad esta puesta en pagarle al FMI, a costa de mayor precarización laboral que es mayoritariamente femenina, y aumentos de la pobreza que impactan directamente en mujeres y niñes, la situación no parece que vaya a mejorar.
Por el momento, ni Presidencia de la Nación, ni el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, realizaron declaraciones sobre el fallo, ni avanzaron en acatarlo. En su derrotero de ser débiles con los poderosos, desde Vicentín a esta parte, el Gobierno ha retrocedido en toda medida que atente contra los intereses de los empresarios. Por ese motivo, como ya demostró la marea verde, la única forma de garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres es a través del fortalecimiento de ese movimiento en las calles y lugares de estudio y trabajo, abriendo un debate sobre el trabajo de cuidados no remunerado y exigiéndole a los sindicatos que se pongan a la cabeza de la pelea por su reglamentación que está pendiente hace medio siglo. |
